El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha sacudido este viernes sus responsabilidades ante la ausencia de uso del catalán en la administración de la justicia en Catalunya. En una comparecencia en el Senado para rendir cuentas sobre su acción de gobierno, el ministro ha reconocido que el ejecutivo de Pedro Sánchez tiene que contribuir en el uso de las lenguas cooficiales con el castellano por parte de los magistrados, pero ha señalado a la Generalitat como máxima responsable del detrimento en los tribunales del uso del idioma propio de Catalunya, en tanto que las competencias de Justicia están transferidas. Ha eludido, por lo tanto, que está en manos del Gobierno impulsar la medida que sería más efectiva para garantizar este uso: que conocer el catalán sea un requisito El Gobierno ultima el proyecto de ley para reformar la norma franquista de secretos oficiales que tengan que ejercer en Catalunya.
Todo ha empezado en el turno de réplica del senador de Esquerra Republicana Joan Queralt, que le ha reprochado a Bolaños la falta de uso del catalán en los tribunales de Catalunya. El ministro, en su respuesta, ha reconocido que este dato es cierto: "A principios del siglo XXI, en torno al 20% de las resoluciones judiciales se emitían en catalán; 25 años después este porcentaje es del 8%". "¿El Gobierno tiene alguna responsabilidad? Seguro que alguna, pero en Catalunya la competencia de justicia está transferida, y por lo tanto los Governs de la Generalitat han tenido una responsabilidad mayor; se hicieron unas políticas que después han dejado de hacerse; en estos 25 años han gobernado PSC, ERC, Junts, Convergència, etc.; no hago una crítica partidista, pero tenemos que hacer un esfuerzo compartido entre todos, porque la Justicia está transferida", ha señalado Bolaños, en un discurso en el que ha asegurado que el ejecutivo de Pedro Sánchez tiene un "compromiso indiscutible" con el catalán, el euskera y el gallego.
Queralt, en su nuevo turno de réplica, ha cargado contra el ministro: "Usted ha dicho que la justicia depende de la Generalitat; hasta dónde yo sé, no, porque los jueces dependen del Ministerio por una parte, y del Consejo General del Poder Judicial por otra". "Los requisitos para entrar en la carrera y ejercer en Catalunya se fijan en Madrid, no en Barcelona", ha espetado. El requisito de conocer la lengua catalana para que un juez ejerza en Catalunya es una medida reclamada hostóricamente por formaciones como Esquerra Republicana o Junts per Catalunya. Los distintos Gobiernos del PSOE y del PP no han impulsado nunca esta medida. Bolaños, igualmente, en su contestación, ha reconocido que "la selección de jueces, magistrados y fiscales es del Ministerio" pero "el tema del catalán tiene que ver con las competencias transferidas".
Choque entre Bolaños y Pujol por los "capos" del poder judicial
Otro de los momentos destacados de esta comparecencia ha sido cuando el ministro ha chocado con el líder de Junts per Catalunya en esta cámara, Eduard Pujol. El senador independentista ha hablado de los "capos del poder judicial que no merecen consideración", una expresión que ha indignado a Bolaños y que ha pedido que fuera retirada incluso del acta del día. "Retiraré mis palabras el día que los que mandan de verdad en el poder judicial dejen de prevaricar y apliquen la ley de amnistía al president Puigdemont", ha señalado Pujol. Antes de este pique, el senador ha exigido al ministro que el Gobierno deje de centrarse en aprobar normas como la 'ley Begoña' y apueste por "derogar delitos contra la corona y ultraje a los símbolos".
El Gobierno ultima el proyecto de ley para reformar la norma de secretos oficiales
Por otra parte, y en respuesta a las preguntas del senador del PNV Igotz López Torre, el ministro ha asegurado que "muy pronto" se aprobará en segunda vuelta en el Consejo de Ministros una ley de secretos oficiales para enviar a tramitación parlamentaria. Se trata de una demanda histórica de los jeltzales. De hecho, en el Congreso ya hay una proposición de ley registrada por esta formación. "Seguro que podrán conjugar", ha pronosticado Bolaños. El ministro ha insistido en que la norma se está ultimando: "El texto está ya en la última fase de los trámites previos; ya está en el Consejo de Estado". La actual ley sobre información clasificada es de 1968, en plena dictadura franquista.