Casi un año después de que el Gobierno cargara duramente contra Carles Puigdemont por su ausencia en la conferencia de presidentes autonómicos, en un intento de lograr un trato bilateral, el PDeCAT devolvía el dardo este jueves a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. El senador Josep Lluís Cleries pedía su comparecencia ante "el incumplimiento" de pactos suscritos, en un encuentro que calificaba de celebrado a "bombo y platillo", pero del cual Cleries aseguraba que se desprendería la "deslealtad" del ejecutivo con las comunidades, además de desgastar la imagen de Puigdemont.

Según se acordó en el Senado, a lo largo del 2017 se pondrían en marcha una serie de pactos: el nacional sobre la educación, la elaboración de una estrategia nacional para el reto demográfico, avanzar en unidad de mercado, la tarjeta social para definir las prestaciones sociales, el pacto contra la violencia de género, la financiación autonómica, el bono social energético y las políticas de empleo. La situación no dejaba opción: Rajoy necesitaba exhibir un clima de diálogo con el resto de autonomías –frente a la crisis soberanista– y atar a los diputados del PSOE a una serie de acuerdos de estado.

Pero 12 meses después, las expectativas se han cumplido en pocos ámbitos: se ha promulgado el real decreto para la implantación del bono social energético –que protege a los consumidores vulnerables y define medidas para otros usuarios; se ha aprobado en las Cortes un pacto de violencia de género –que avanza  más lento de lo previsto y está a la espera de la dotación presupuestaria de 2018– y se ha dado luz verde a la estrategia nacional de activación para el empleo –que establece sólo las bases de coordinación entre estado y autonomías.

El espíritu de la cumbre de presidentes se basaba en la cooperación interterritorial y la paz entre gobiernos central y autonómicos

Si bien, en peor y paralizada situación se encuentran los tres elementos troncales de la cumbre: la financiación autonómica, el pacto nacional educativo, y el de las pensiones. Es el primero de los tres el que más polvareda ha generado entre comunidades –tanto por el lado del PSOE, como incluso del Partido Popular mismo– una cuestión que ha derivado en agravio comparativo por la aprobación del cupo vasco en el Congreso –en medio de los reproches de Albert Rivera. En consecuencia, eso implicaría a la práctica el incumplimiento del espíritu de la cumbre de presidentes, que se basaba en la cooperación interterritorial y la paz entre gobiernos central y autonómicos.

La cuestión es que el proyecto de financiación tenía que estar terminado para finales de 2017, y Rajoy lo pospuso a 2018. Ahora el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro pide esperar a la formación de gobierno en Catalunya. Este mismo escollo le impide que el PNV se abra a pactar los presupuestos del año presente. Eso ha llevado a Montoro a congelar 780 millones en Catalunya, hasta un total de 4.230 en el resto de comunidades, ante el riesgo de tener que prorrogar las cuentas. La situación no ha gustado desde Andalucía y la lideresa Susana Díaz exigió convocar de nuevo la cumbre y el Consejo de Política Fiscal y Financiera "a la mayor brevedad" porque la financiación sirve para pagar la mayor parte de políticas anteriores.

No es el único frente abierto en la Moncloa: la estrategia nacional por el reto demográfico sólo se ha constituido formalmente, sin avanzar sustancialmente en sus trabajos. El hecho es considerable, ya que en paralelo el Gobierno ha tenido que pedir un préstamo al Tesoro Público –y evitar así vaciar definitivamente la hucha de las pensiones. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ya ha hecho su contrapropuesta: gravar a la banca con un impuesto, al tiempo que también las transacciones financieras –medida que no cubre ni el 13% del déficit del sistema.

La cuestión es que el gabinete de Mariano Rajoy ha encontrado en la crisis soberanista una forma de sacudirse la parálisis de las medidas; también en el hecho de que "sólo" tiene 137 escaños. Ello obliga al presidente a extender la mano al PSOE, medida que le sirve a su vez para arrinconar a Ciudadanos –con quién pugna por el espacio de la derecha española, en una guerra sin tregua que se prolongará hasta los comicios generales de 2020. A Sánchez tampoco parece desagradarle el propósito de año nuevo, que el PP asegura que esta vez prosperará, debido a las necesidades de las comunidades socialistas –o de su asfixia.