ACS hinchó hasta el 17% su beneficio industrial para construir, a través de filiales del propio grupo, o subcontratar las instalaciones del proyecto Castor. Además, el conglomerado presidido por Florentino Pérez, que desde finales de 2007 controlaba un 66% del concesionario del almacén de gas submarino, Escal UGS, se autoadjudicó sin precio la obra de la planta terrestre.
Todo contribuyó a disparar el coste final del proyecto, como pone de relieve el informe del Ministerio de Industria del año 2012 difundido por el programa Salvados y en el cual ha tenido acceso también la ACN. Según el gobierno español, el beneficio de ACS, que era contratista y contratante al mismo tiempo, no tenía que superar el 5% previsto en el contrato de construcción.
Unas instalaciones, valoradas en 1.273 millones de euros –y un coste final de unos 3.420 millones para los consumidores de gas-, que el gobierno español descarta poner en marcha después de que la inyección de gas en el subsuelo provocara un millar de terremotos.
Desmadre de costes
El documento "confidencial" de la Secretaría de Estado de Energía, perteneciendo entonces al Ministerio de Industria, concreta con porcentajes y cifras el ya conocido desenfreno de costes en constante escalada del proyecto Castor. De hecho, según admite el gobierno español, el modelo retributivo de estas infraestructuras potenciaba que un incremento de la inversión suponía para ACS una mayor retribución.
Un "incentivo perverso" derivado del sistema de retribución estatal de estas instalaciones y del control pero, sobre todo, del control omnipresente que la constructora tenía en todos los ámbitos del proyecto: el grupo de Florentino Pérez ejerció prácticamente todos los papeles de los aleluyas, siendo al mismo tiempo concesionario contratante del almacén de gas submarino y constructor contratista.
"Eso es una fuente de conflicto de intereses dado que la mayoría del consejo de ESCAL está vinculada mediante una relación contractual con el grupo ACS", certifica el informe.
Disparar las cifras
El contrato de ingeniería, adquisición, construcción e instalación, adjudicado por Escal UGS a ACS en septiembre de 2007, preveía un margen de beneficio industrial del 5% para la constructora. Una cifra pero que en muchos casos se disparó hasta el 17% como comisionista en la subcontratación de una de las partes concretas de las instalaciones, de acuerdo con el plan de inversiones presentado por Escal UGS en agosto de 2010, en el momento de iniciar las obras. Este es el caso de las plataformas marinas de pozos y de procesos –que acabaron costando 97,5 y 542,3 millones de euros, respectivamente.
Después de que el gobierno español descartara encargarla a la filial de ACS Dragados Offshore, por el elevado precio que pedía, fue la norteamericana Kiewit quien se hizo cargo. A pesar de eso, y sin hacerse cargo del coste de posibles contingencias en su instalación y los aranceles, la constructora se fijó un margen del 17%.
"Si el contratista no asume los riesgos, el margen se tendría que reducir sensiblemente (5%), como si de un trabajo por administración se tratara", indica el informe. Finalmente, las plataformas –que tuvieron que cruzar el Atlántico con una gran grúa- se acabaron encareciendo unos 135 millones respecto del presupuesto original. Dragados Offshore acabó asumiendo un 20% del presupuesto total para acoplar las plantas a Cádiz –con una ganancia de ACS del 5%. Pero el ahorro que tenía que suponer contratar a los Estados Unidos se acabó fundiendo.
Autoadjudicación
El caso de la planta terrestre tampoco se queda atrás: la constructora se volvió a subcontratar a ella misma. Concretamente, la obra fue adjudicada por Escal UGS a la UTE formada por Cobra –la misma ingeniería de ACS, que controlaba un 80% de la unión temporal- y Sener.
En este caso, el coste total incluyó también un margen del 17% para el grupo constructor como contratista. "Parece lógico que el margen a aplicar tendría que ser el mismo que en el caso de las otras contrataciones dentro del grupo empresarial", razona el informe. Es decir, el 5%. Por si fuera poco, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) denunció en un informe de marzo de 2012 que la adjudicación de esta parte del proyecto no siguió un "sistema transparente de adjudicación ni otras ofertas".
En otras palabras, fue autoadjudicado sin precio. También en el caso del gasoducto de 29 kilómetros que comunicaba esta planta terrestre con la marina –adjudicado a JP Keane-, ACS aplicó sobre el precio del contrato de construcción un margen del 17% trasladando los riesgos del tendido al sistema gasista. La obra sufrió finalmente un sobrecoste de 9,8 y costó 131,2 millones. También existían sobrecostes de 38,1 millones en partidas de ingeniería y supervisión así como dirección y servicios de proyectos.
Desviar costes
Todo provocó que el proyecto Castor acabara sufriendo fuertes desviaciones de costes respecto de las cifras iniciales. Si bien el Ministerio toma como referencia de partida el presupuesto inicial presentado por Escal UGS en mayo de 2007, por valor de 894,5 millones de euros, la empresa había plasmado en el BOE del 2 de enero del mismo año, en el anuncio de precalificación del contrato constructivo, una estimación 481 millones.
Con todo, las primeras referencias sobre el proyecto Castor en informes corporativos de la matriz canadiense Dundee Energy lo valoraban, el año 2003, en 300 millones de dólares -unos 250 millones de euros al cambio de la época. A finales de 2007, una vez firmado el contrato con ACS, el importe total se elevó a los 1.163 millones de euros, cifra que se mantuvo hasta marzo de 2010, cuando el concesionario presentó otro plan de inversiones por 1.272,9 millones.
Este es el tope reconocido el año 2011 por el entonces ministro de Industria socialista Miguel Sebastián a pesar de las dudas que el incremento de costes había generado en el gobierno español. Este importe no incluía otras partidas adicionales, como el gas colchón, cuyo coste Indústria estimaba en 185 millones de euros y que acabó adquiriendo Enagás; 213 millones en gastos financieros hasta la presumible puesta en marcha; así como 37 millones para las investigaciones y exploraciones efectuadas durante los cinco años anteriores a la concesión. Más de 1.700 millones, en total –gastos en estudios, hibernación y mantenimientos posteriores no incluidos.
Contrato a medida
La clave de todo este dispendio, abunda el documento ministerial, empieza a explicarse desde el momento de la firma del contrato constructivo que Escal UGS adjudicó a ACS septiembre de 2007. Un concurso que, aunque siguió "las prescripciones legalmente establecidas", parecía hecho a medida para los ingresos del grupo constructor: se pedía como requisito experiencia en cinco proyectos energéticos al Estado español –impidiendo el acceso a empresas internacionales que no operaran en el Estado- así como un volumen de ventas superior a los 4.000 millones.
El cumplimiento de estas condiciones permitió eliminar cualquier tipo de competencia y sólo ACS se acabó presentando. El contrato era del tipo "clave en mano" –que incluye la asunción de los proyectos, los trámites y la construcción- sin precio final fijado. También preveía, sin embargo, la subcontratación de determinadas partidas correspondientes a las diferentes instalaciones, un procedimiento con el cual se incrementaba entre el 12% y 20% el coste final de la operación.
El círculo se cerraría dos meses después de este contrato, cuando la sociedad liderada por Florentino Pérez se convertía también en accionista mayoritaria del concesionario del almacén de gas submarino. De esta manera, el grupo asumía el control total del proyecto, con dos terceras partes del accionariado la empresa que le acababa de adjudicar las obras.
Contradicciones
El informe, revisión de un primer documento redactado en septiembre de 2010 –bajo el mandato del PSOE- pero que no ha trascendido a la luz pública hasta hace pocos días, podría haber sido la base de los argumentos que el exministro de Industria del PP, José Manuel Soria, utilizó la primavera de 2012 para dar por muerte e inviable desde el punto de vista económico el proyecto Castor.
Pero a pesar de haber intentado denunciar el contrato ante el Tribunal Supremo, cuestionando la legalidad de la cláusula por la cual el concesionario se garantizaba el retorno de la inversión aunque se hubiera producido luto o negligencia por parte de Escal UGS, el exministro acabó claudicando.
Así, si bien rebajó la rentabilidad financiera del proyecto Castor, también acordó alcanzar de cinco a 25 años el periodo para que la empresa pudiera renunciar a la concesión recuperando la inversión. Una prerrogativa a la cual se acabó acogiendo ACS para percibir la indemnización de 1.350 millones de euros en noviembre de 2014.
Evitar el pago
Entonces, el gobierno español del PP tampoco utilizó los argumentos económicos de este documento para evitar o reducir el pago. En realidad, Escal UGS ha percibido, hasta estos momentos, 1.760 millones de euros para el proyecto Castor, incluyendo las remuneraciones anteriores a 2012 y las pendientes hasta la renuncia de la concesión.
El documento, además, adquiere una nueva dimensión a la luz del informe de la Massachusetts Institute of Technology y la Universidad de Harvard, certificando que las operaciones de inyección de gas en el almacén fueron la causa directa de los más de un millar de terremotos registrados a partir de septiembre de 2013.
Según varios expertos consultados por la ACN, una errónea definición de los modelos geológicos y la falta de una valoración adecuada del riesgo sísmico se encontraría en la base del fiasco técnico.
¿Viabilidad?
En este ámbito, de hecho, Escal UGS había adjudicado también a la UTE ACS-Cobra el contrato de operación y mantenimiento del almacén de gas submarino, por el cual la constructora confiaba en obtener 4.838 millones de euros a lo largo de 30 años –incluidas las amortizaciones de la infraestructura.
Una operación en la cual el entonces gobierno socialista intentó incluir el operador del sistema gasista, Enagás, que con la entrada de ACS en Escal UGS el año 2007 se comprometió a adquirir una tercera parte de las acciones una vez el proyecto se pusiera en funcionamiento.
La compañía, sin embargo, nunca vio clara la viabilidad del proyecto. Prueba de eso, según el informe, es que el representante de Enagás que asistía a los consejos de administración de Escal UGS dejó de hacerlo después para discrepar con las decisiones de la empresa y para no disponer de la información detallada que se presentaba.
El precio del Castor se disparó porque Florentino hinchó los beneficios
ACS va inflar fins el 17% el seu benefici industrial per construir, a través de filials del propi grup, o subcontractar les instal·lacions del projecte Castor. A més, el conglomerat presidit per Florentino Pérez, que des de finals de 2007 controlava un 66% de la concessionària del magatzem de gas submarí, Escal UGS, va autoadjudicar-se sense preu l'obra de la planta terrestre.
Tot plegat va contribuir a disparar el cost final del projecte, com posa de relleu l'informe del Ministeri d'Indústria de l'any 2012 difós pel programa Salvados i al qual ha tingut accés també l'ACN. Segons el govern espanyol, el benefici d'ACS, que era contractista i contractant al mateix temps, no havia de superar el 5% previst en el contracte de construcció.
Unes instal·lacions, valorades en 1.273 milions d'euros –i un cost final d'uns 3.420 milions per als consumidors de gas-, que el govern espanyol descarta posar en marxa després que la injecció de gas al subsòl provoqués un miler de terratrèmols.
Disbauxa de costos
El document "confidencial" de la Secretaria d'Estat d'Energia, pertanyent llavors al Ministeri d'Indústria, concreta amb percentatges i xifres la ja coneguda disbauxa de costos en constant escalada del projecte Castor. De fet, segons admet el govern espanyol, el model retributiu d'aquestes infraestructures potenciava que un increment de la inversió suposava per a ACS una major retribució.
Un "incentiu pervers" derivat del sistema de retribució estatal d'aquestes instal·lacions i del control però, sobretot, del control omnipresent que la constructora tenia en tots els àmbits del projecte: el grup de Florentino Pérez va exercir pràcticament tots els papers de l'auca, essent al mateix temps concessionari contractant del magatzem de gas submarí i constructor contractista.
"Això és una font de conflicte d'interessos atès que la majoria del consell d'ESCAL està vinculada mitjançant una relació contractual amb el grup ACS", certifica l'informe.
Disparar les xifres
El contracte d'enginyeria, adquisició, construcció i instal·lació, adjudicat per Escal UGS a ACS el setembre de 2007, preveia un marge de benefici industrial del 5% per a la constructora. Una xifra però que en molts de casos es va disparar fins el 17% com a comissionista en la subcontractació d'una de les parts concretes de les instal·lacions, d'acord amb el pla d'inversions presentat per Escal UGS a l'agost de 2010, en el moment d'iniciar les obres. Aquest és el cas de les plataformes marines de pous i de processos –que van acabar costant 97,5 i 542,3 milions d'euros, respectivament-.
Després que el govern espanyol descartés encarregar-la a la filial d'ACS Dragados Offshore, per l'elevat preu que demanava, va ser la nordamericana Kiewit qui se'n va fer càrrec. Malgrat això, i sense fer-se càrrec del cost de possibles contingències en la seva instal·lació i els aranzels, la constructora es va fixar un marge del 17%.
"Si el contractista no assumeix els riscos, el marge s'hauria de reduir sensiblement (5%), com si d'un treball per administració es tractés", indica l'informe. Finalment, les plataformes –que van haver de creuar l'Atlàntic amb una gran grua- es van acabar encarint uns 135 milions respecte el pressupost original. Dragados Offshore va acabar assumint un 20% del pressupost total per acoblar les plantes a Cadis –amb un guany d'ACS del 5%-. Però l'estalvi que havia de suposar contractar als Estats Units es va acabar fonent.
Autoadjudicació
El cas de la planta terrestre tampoc es queda enrere: la constructora es va tornar a subcontractar a ella mateixa. Concretament, l'obra va ser adjudicada per Escal UGS a la UTE formada per Cobra –la mateixa enginyeria d'ACS, que controlava un 80% de la unió temporal- i Sener.
En aquest cas, el cost total va incloure també un marge del 17% per al grup constructor com a contractista. "Sembla lògic que el marge a aplicar hauria de ser el mateix que en el cas de les altres contractacions dins del grup empresarial", raona l'informe. És a dir, el 5%. Per si fos poc, la Comissió Nacional de l'Energia (CNE) va denunciar en un informe de març de 2012 que l'adjudicació d'aquesta part del projecte no va seguir un "sistema transparent d'adjudicació ni altres ofertes".
En altres paraules, va ser autoadjudicat sense preu. També en el cas del gasoducte de 29 quilòmetres que comunicava aquesta planta terrestre amb la marina –adjudicat a JP Keane-, ACS va aplicar sobre el preu del contracte de construcció un marge del 17% traslladant els riscos de l'estesa al sistema gasista. L'obra va patir finalment un sobrecost de 9,8 i va costar 131,2 milions. També existien sobrecostos de 38,1 milions en partides d'enginyeria i supervisió així com direcció i serveis de projectes.
Desviar costos
Tot plegat va provocar que el projecte Castor acabés patint fortes desviacions de costos respecte les xifres inicials. Si bé el Ministeri pren com a referència de partida el pressupost inicial presentat per Escal UGS el maig de 2007, per valor de 894,5 milions d'euros, l'empresa havia plasmat al BOE del 2 de gener del mateix any, en l'anunci de prequalificació del contracte constructiu, una estimació 481 milions.
Amb tot, les primeres referències sobre el projecte Castor en informes corporatius de la matriu canadenca Dundee Energy el valoraven, l'any 2003, en 300 milions de dòlars -uns 250 milions d'euros al canvi de l'època-. A finals de 2007, un cop firmat el contracte amb ACS, l'import total es va elevar als 1.163 milions d'euros, xifra que es va mantenir fins març de 2010, quan la concessionària va presentar un altre pla d'inversions per 1.272,9 milions.
Aquest és el topall reconegut l'any 2011 pel llavors ministre d'Indústria socialista Miguel Sebastián malgrat els dubtes que l'increment de costos havia generat al govern espanyol. Aquest import no incloïa altres partides addicionals, com el gas matalàs, el cost del qual Indústria estimava en 185 milions d'euros i que va acabar adquirint Enagás; 213 milions en despeses financeres fins la presumible posada en marxa; així com 37 milions per les investigacions i exploracions efectuades durant els cinc anys anteriors a la concessió. Més de 1.700 milions, en total –despeses en estudis, hibernació i manteniments posteriors no incloses-.
Contracte a mida
La clau de tot aquest dispendi, abunda el document ministerial, comença a explicar-se des del moment de la signatura del contracte constructiu que Escal UGS va adjudicar a ACS el setembre de 2007. Un concurs que, tot i que va seguir "les prescripcions legalment establertes", semblava fet a mida per als ingressos del grup constructor: es demanava com a requisit experiència en cinc projectes energètics a l'Estat espanyol –impedint l'accés a empreses internacionals que no operessin a l'Estat- així com un volum de vendes superior als 4.000 milions.
El compliment d'aquestes condicions va permetre eliminar qualsevol tipus de competència i només ACS es va acabar presentant. El contracte era del tipus "clau en mà" –que inclou l'assumpció dels projectes, els tràmits i la construcció- sense preu final fixat. També preveia, però, la subcontractació de determinades partides corresponents a les diferents instal·lacions, un procediment amb el qual s'incrementava entre el 12% i 20% el cost final de l'operació.
El cercle es tancaria dos mesos després d'aquest contracte, quan la societat liderada per Florentino Pérez es convertia també en accionista majoritària de la concessionària del magatzem de gas submarí. D'aquesta manera, el grup assumia el control total del projecte, amb dos terceres parts de l'accionariat l'empresa que li acabava d'adjudicar les obres.
Contradiccions
L'informe, revisió d'un primer document redactat al setembre de 2010 –sota el mandat del PSOE- però que no ha transcendit a la llum pública fins fa pocs dies, podria haver estat la base dels arguments que l'exministre d'Indústria del PP, José Manuel Soria, va utilitzar la primavera de 2012 per donar per mort i inviable des del punt de vista econòmic el projecte Castor.
Però tot i haver intentat denunciar el contracte davant del Tribunal Suprem, qüestionant la legalitat de la clàusula per la qual la concessionària es garantia el retorn de la inversió encara que s'hagués produït dol o negligència per part d'Escal UGS, l'exministre va acabar claudicant.
Així, si bé va rebaixar la rendibilitat financera del projecte Castor, també va acordar allargar de cinc a 25 anys el període perquè l'empresa pogués renunciar a la concessió recuperant la inversió. Una prerrogativa a la qual es va acabar acollint ACS per percebre la indemnització de 1.350 milions d'euros el novembre de 2014.
Evitar el pagament
Llavors, el govern espanyol del PP tampoc va utilitzar els arguments econòmics d'aquest document per evitar o reduir el pagament. En realitat, Escal UGS ha percebut, fins aquests moments, 1.760 milions d'euros pel projecte Castor, incloent les remuneracions anteriors a 2012 i les pendents fins a la renúncia de la concessió.
El document, a més, adquireix una nova dimensió a la llum de l'informe de la Massachusetts Institute of Technology i la Universitat de Harvard, certificant que les operacions d'injecció de gas al magatzem van ser la causa directa dels més d'un miler de terratrèmols registrats a partir de setembre de 2013.
Segons diversos experts consultats per l'ACN, una errònia definició dels models geològics i la manca d'una valoració adequada del risc sísmic es trobaria en la base del fiasco tècnic.
Viabilitat?
En aquest àmbit, de fet, Escal UGS havia adjudicat també a la UTE ACS-Cobra el contracte d'operació i manteniment del magatzem de gas submarí, pel qual la constructora confiava a obtenir 4.838 milions d'euros al llarg de 30 anys –incloses les amortitzacions de la infraestructura-.
Una operació en la qual el llavors govern socialista va intentar incloure l'operador del sistema gasista, Enagás, que amb l'entrada d'ACS a Escal UGS l'any 2007 es va comprometre a adquirir una tercera part de les accions un cop el projecte es posés en funcionament.
La companyia, però, mai va veure clara la viabilitat del projecte. Prova d'això, segons l'informe, és que el representant d'Enagás que assistia als consells d'administració d'Escal UGS va deixar de fer-ho després per discrepar amb les decisions de l'empresa i per no disposar de la informació detallada que s'hi presentava.
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