La Fiscalía ha reclamado a la Audiencia de Madrid que archive el caso Begoña Gómez en “no ser los hechos constitutivos de infracción penal”. El Ministerio Público ha dado a conocer su movimiento este miércoles mediante un comunicado en el que detalla que ha recurrido contra el auto en que el juez instructor de la causa, Juan Carlos Peinado, planteaba que la esposa del presidente español, Pedro Sánchez, fuera juzgada ante un jurado popular. El magistrado propone que Begoña se siente en el banquillo de los acusados por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación, junto a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
La Fiscalía ha instado al tribunal superior a valorar su recurso contra el auto de Peinado, "dictando resolución por la que se acuerde, respecto de todos los delitos y respecto a todos los investigados afectados, el sobreseimiento libre de las actuaciones, al no ser los hechos constitutivos de infracción penal". En otro escrito aparte, el Ministerio Público se dirige directamente a Peinado para pedirle también el archivo del caso Begoña. Además, según avanza en el texto, reclamará la absolución de los tres investigados en caso de que la Audiencia de Madrid considere procedente abrir juicio oral.
Este mismo lunes, la acusación popular que lidera Hazte Oír presentó su escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio y 24 años de cárcel para Begoña, así como la prohibición de salida del país y la retirada del pasaporte por “evidente riesgo de fuga”. La asociación de extrema derecha también pide 22 años de cárcel para la asesora de Gómez en la Moncloa y 6 años de cárcel para el empresario Barrabés. Detrás de la coordinación de Hazte Oír hay otras acusaciones populares, como Vox, Manos Limpias, Yustitia Europa o Movimiento de Regeneración Política de España.
Por su parte, la defensa de Begoña también presentó un escrito ante la Audiencia de Madrid oponiéndose a la instrucción de Peinado en la que pide que se declare la nulidad de su decisión de cerrar la investigación y procesarla. En el texto, el abogado Antonio Camacho denuncia que el juez vulnera los derechos de la esposa del presidente español, niega que haya indicios sólidos sobre ninguno de los cuatro delitos y cuestiona que Peinado proponga juzgarla por un tribunal popular sin argumentarlo. Camacho insta, por tanto, a "la rápida resolución del recurso" para "permitir el debido control de las resoluciones judiciales". Porque, añade, "la continuación del procedimiento penal sin que el órgano judicial haya resuelto los recursos interpuestos por las partes contra el auto de incoación constituye una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión".