La acusación popular en el conocido como caso Begoña Gómez pide 24 años de prisión para la mujer de Pedro Sánchez. Así, la entidad ultra Hazte Oír, que representa la acusación popular unificada, ha presentado este lunes un escrito con la petición de penas ante un hipotético juicio con jurado contra Gómez. Estos 24 años serían por cuatro delitos, los mismos que le atribuye el polémico juez Juan Carlos Peinado: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. También piden 22 años de prisión para su asesora, Cristina Álvarez, y para el empresario Juan Carlos Barrabés. Hazte Oír también pide que el presidente del gobierno español asista al juicio en calidad de testigo y que Gómez no pueda salir del territorio español sin autorización judicial, que se le retire el pasaporte y que comparezca cada dos semanas ante un juzgado. Precisamente hace pocos días, Gómez acompañaba a Sánchez en un viaje oficial a China.
Mientras tanto, la defensa de Begoña Gómez ha continuado su camino, reclamando a la Audiencia Provincial que se anule el auto en el que el juez Peinado propone que se siente en el banquillo de los acusados por cuatro delitos, un texto en el que comparaba a Pedro Sánchez con el régimen de Fernando VII. Una comparación totalmente “inaceptable” e “impropia” de una imagen de imparcialidad, lamentan. El abogado de Gómez, Antonio Camacho, afirmaba en el escrito que presentó ante el juzgado que "los delitos que son objeto del presente procedimiento, o bien no se hallan en absoluto acreditados, o bien no encajan en las conductas desarrolladas”.
La decisión de Peinado
Hace una semana, el juez Juan Carlos Peinado cerró la investigación sobre Begoña Gómez, enviando a juicio oral a la esposa de Pedro Sánchez por el caso de la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid y el uso de su asesora en la Moncloa para sus negocios privados. Finalmente, el delito de intrusismo profesional ha sido excluido “porque solo hay un indicio débil; no hay indicios plurales y sólidos”. En cambio, según Peinado, hay suficientes indicios para procesar a Gómez por tráfico de influencias para conseguir una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid en un acto que, afirma, no tiene precedentes en democracia. “Las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado, lo que obliga a intentar analizar (quizá habría que remontarse al reinado de Fernando VII) este delito desde la perspectiva de una interpretación teleológica y hermenéutica de los artículos 428 y 429 del Código Penal”, afirmaba, unas declaraciones que no gustaron nada a Gómez.