Tal día como hoy del año 1718, hace 308 años, en Madrid, el rey Felipe V de España —primer Borbón en el trono de Madrid— firmaba una real orden que instaba a la supresión del sistema de gobierno municipal catalán y a su suplantación por la forma castellana. Esta real orden formaba parte del Decreto de Nueva Planta, promulgado el 16 de enero de 1716, que desmantelaba las instituciones, las constituciones, las leyes y el sistema fiscal propios de Catalunya —que se remontaban al origen de la nación (siglo X)— y que era la consecuencia de la derrota catalana en la guerra de Sucesión hispánica (1701-1714/15).
El régimen borbónico suplantó el Consell de Cent de Barcelona, las paeries de Lleida y de algunas villas de la parte occidental del país, los consejos municipales de todo el país y las universidades (la forma de gobierno municipal de algunos pequeños pueblos). Y suplantó la figura del conseller en cap de las ciudades de Barcelona, de Tortosa, de Girona, de Manresa o de Tarragona —por citar algunos ejemplos—, del paer en cap de la ciudad de Lleida o de otras villas de la Terra Ferma, y la del jurat en cap de algunas villas y pequeños pueblos. Y abolió y proscribió, también, las figuras de los consellers, paers y jurats que formaban los consistorios municipales.
En su lugar introdujo la forma castellana —totalmente ajena a Catalunya— del Ayuntamiento para referirse al gobierno municipal. E introdujo las figuras de los alcaldes y regidores —totalmente ajenas a Catalunya—, que, a partir de ese momento y hasta bien entrado el siglo XIX, serían nombrados a dedo por las autoridades gobernativas del régimen borbónico, también totalmente ajenas a la tradición política e institucional catalana. Inicialmente, por el capitán general (que había suplantado la figura del virrey), más tarde por los corregidores (que habían suplantado la figura del veguer) y, finalmente, por los gobernadores civiles (impuestos por los gobiernos liberales del siglo XIX).