Ofensiva en diferentes frentes de la defensa de Carles Puigdemont ante la decisión del Tribunal de Cuentas (TCu) de no aplicar la amnistía y abrir un período de alegaciones de las partes. El abogado Gonzalo Boye ha presentado este martes una denuncia ante la Comisión Europea en la que acusa al Tribunal de Cuentas de contradecir la sentencia que emitió el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) el pasado 16 de julio avalando la amnistía; asimismo, acusa al TCu de tergiversar el contenido de aquella sentencia en la nota de prensa que emitió y de "concertación objetiva" con Societat Civil Catalana, que es parte en el procedimiento. Paralelamente, la defensa de Puigdemont ha remitido un escrito en el mismo sentido al Tribunal de Justicia de la UE. Todo ello figura en la respuesta de Boye a la petición de alegaciones formulada por el TCu, a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat, y donde el letrado reprocha también la actuación del tribunal.
En la denuncia ante la Comisión Europea, Puigdemont reclama que se abra un procedimiento de infracción contra el Reino de España, imputable al Tribunal de Cuentas, y que se remita al Estado español la "correspondiente carta de emplazamiento con carácter urgente, dada la naturaleza del incumplimiento y su incidencia sobre medidas cautelares que gravan a los denunciantes en más de 9,5 millones". En cuanto a la comunicación enviada al TJUE, reclama al tribunal de Luxemburgo que adopte cuantas medidas considere procedentes "en garantía de la autoridad, primacía y efecto útil de las resoluciones del Tribunal de Justicia".
"No se somete a estas instancias a una discrepancia interpretativa, sino a un incumplimiento objetivo y deliberado de una sentencia del TJUE, agravado por la instrumentalización del procedimiento en beneficio de una de las partes, y de la responsabilidad del Estado por violación del Derecho de la Unión imputable a sus órganos jurisdiccionales", argumenta.
Alegaciones al TCu
En el texto con que responde a la petición de alegaciones del Tribunal de Cuentas la defensa de Puigdemont deja expresamente constancia de su "protesta" a la hora de cumplir el trámite y advierte que lo cumplimenta sin "aquietamiento a la providencia", es decir, sin conformidad con la decisión, contra la cual informa que recurrirá.
En este sentido, recuerda que el TJUE ha dejado acreditado que no hay fondos de la Unión afectados por este caso; y reclama que se reanude "sin más dilaciones la tramitación con carácter preferente y urgente" de la amnistía para dictar en un plazo máximo de dos meses la extinción de responsabilidad contable y absolución de Puigdemont, así como el levantamiento de las medidas cautelares, con el retorno de las fianzas.
Según el abogado, la única diligencia que ha abierto el TCu, "comprobar el origen de los fondos", es "exactamente" la misma que la sentencia declaró "válidamente impedida". "No hay, pues, nada que probar, y sí una resolución de extinción de la responsabilidad que dictar de inmediato", añade. "La respuesta de la Gran Sala no dejó ninguna duda: la obligación de resolver sin valorar alegaciones ni pruebas exculpatorias y en un plazo de dos meses es consubstancial al principio mismo de la amnistía", añade.
Rebeldía del TCu
La conclusión para la defensa de Puigdemont es que el TCu "se ha declarado en abierta rebeldía frente al TJUE y ha avanzado directamente hacia una resolución arbitraria, carente de cualquier sostenimiento legal y más propia de incardinarse en otra rama del derecho".
Recuerda que las actuaciones se declararon concluidas para sentencia el 29 de mayo de 2024 y que en más de 4 años nunca se sostuvo que se hubieran usado fondos de la Unión ni se ha identificado ningún dato, documento o indicio sobrevenido en este sentido. "Estamos en definitiva, ante una argucia obstructiva impropia de quien se proclama, y ha sido reconocido, como órgano jurisdiccional", reprocha.
En las alegaciones incluye declaraciones de la vicepresidenta de Societat Civil Catalana, parte en la causa, Teresa Feixes, en las que este lunes explicaba que pediría al TCu que volviera a analizar la cuestión, y que se presentara la sentencia del TJUE como una invitación a volver a contabilizar bien si se habían afectado intereses de la Unión. Estas declaraciones, demostrarían, según la defensa de Puigdemont, que "el incidente no nace de una duda judicial, sino que da salida, de oficio, a la estrategia procesal públicamente anticipada por una de las partes acusatorias, con grave quebranto de la imparcialidad debida".
Reprocha, asimismo, que la nota de prensa oficial que emitió el TCu "tergiversa" el sentido de la resolución, y contradice la comunicación del presidente del TJUE.
Imputable al Estado
La defensa de Puigdemont advierte que incumplir una sentencia prejudicial es imputable al Estado y puede ser perseguido por la Comisión; además de generar la responsabilidad patrimonial del Estado. Por esta razón, y ante la inmediatez e indefinición de los efectos de la providencia del TCu, suspendiendo sine die el plazo de dos meses y manteniendo cautelares millonarias, la defensa de Puigdemont explica que ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea y un escrito ante el TJUE.