Independentistas condenados. Ocho de los dieciocho activistas acusados de insultar y boicotear un acto de Societat Civil Catalana (SCC) en el edificio histórico de la Universitat de Barcelona (UB) el 7 de junio de 2018 han sido condenados, según ha denunciado Alerta Solidària este martes. En concreto, el magistrado de lo Penal 19 de Barcelona ha condenado a dos chicos a 2 años de prisión; a otros dos activistas a 6 meses de prisión, y a los otros cuatro, a pagar una multa de 1.800 euros por gritarles "Fuera, fascistas, de la universidad". Los ocho están condenados por delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, en su modalidad de impedir el ejercicio lícito de la libertad de reunión, cometido por violencia, en concurso con el delito de coacciones, con la circunstancia agravante de discriminación por motivos ideológicos y la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.
Además, se les prohíbe acudir en un radio de al menos 1.000 metros, distancia que se computa en línea recta, a cualquier acto organizado por la entidad Societat Civil Catalana por tiempo de 5 años. También han de pagar a la entidad 726 euros, el precio del alquiler de la sala de la UB, más intereses y las costas del procedimiento.
Sin amnistía
La defensa de los manifestantes reclamó que se les aplicara la ley de amnistía. La Fiscalía de Delitos de Odio, que les pedía 2 años y medio de prisión, no lo aceptó y el juez les denegó aplicar la norma del olvido penal al asegurar que la convocatoria de SCC "no tenía ninguna reivindicación o sesgo político", a pesar de sus constantes proclamas en defensa de la unidad de España. La defensa de los independentistas ya ha anunciado que presentará un recurso contra la condena en la Audiencia de Barcelona.
En la sentencia, a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat, el magistrado Salvador Roig afirma que "la actuación de la conducta típica estuvo motivada, sola y exclusivamente, por la organización de un acto cultural, organizado por la entidad denunciante y víctima de estos hechos SCC (como titular del derecho fundamental de reunión)" y asegura que "no ha trascendido otra motivación distinta a la expresada, cual sería, por ejemplo, que los organizadores de SCC han okupado la Aula Magna sin abonar su arriendo a la UB, o que no contasen con el permiso del Rectorado".
SCC, "un instrumento de agitación"
Por el contrario, Xavier Monge, uno de los abogados de los activistas, ha afirmado a este diario que la valoración de la sentencia no es buena, a pesar de que hay diez activistas absueltos, seis de los cuales porque la Fiscalía retiró la acusación. Ha añadido que el juez tendría que haber aplicado la ley de amnistía a todos los encausados porque los hechos "tienen encaje objetivo y temporal con la ley", pero lo que hace es "aceptar de forma acrítica el relato de la Fiscalía, que a la vez era el relato que hacía la asociación ultra Sociedad Civil Catalana, que se presenta como una suerte de entidad cultural y constitucionalista cuando lo cierto es que es un instrumento de agitación del españolismo más ultra, nacido para hacer frente al independentismo".
El penalista también ha declarado que el razonamiento de la sentencia es "extremadamente pobre, por lo que hace a la identificación de las personas como la atribución de hechos concretos". Y concluye: "Lo que pasó aquel día en la Universitat de Barcelona es que un grupo de personas protestó, ejerció su legítimo derecho de protesta, y por tanto su actuación estaba amparada por este derecho fundamental, y no pasó nada relevante más que gritos y ruido".
También recuerda que "fue la misma UB quien decidió suspender el acto y no los encausados, como pretende la sentencia". Por todo esto, Monge ha confirmado que los abogados de los ocho condenados presentarán recurso a la Audiencia de Barcelona en los próximos días para que la revoque.