Reacción. La Fiscalía ha pedido al Tribunal de Cuentas (TCu) que abra una investigación para aclarar si hay “una posible responsabilidad contable” por los pagos indebidos en el conjunto de prestaciones efectuadas por la extinta Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) del Departament de Drets Socials, según ha informado el Ministerio Público a ElNacional.cat este martes. La petición del fiscal del Tribunal de Cuentas es a raíz del informe 6/2025 de la Sindicatura de Cuentas, la cual cifra en 167 millones de euros los pagos indebidos en las diferentes prestaciones subjetivas existentes durante los años 2016 al 2022.
El informe de la Sindicatura de Cuentas ya provocó que el Govern del PSC tomara medidas, aunque aún no explicadas con detalle. La Sindicatura de Cuentas concluyó que esta gestión constituye una “infracción” de la ley de finanzas públicas de Catalunya, lo que provocó las críticas del anterior Govern de ERC, al asegurar que había habido que atender a un gran número de menores no acompañados en Catalunya en los últimos años.
Las cifras
De los 167 millones, 7,17 millones ya están prescritos y 4,7 millones son pagos indebidos a jóvenes extutelados, de los cuales la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez, ha asegurado que condonará la mayoría, como proponía la síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, al comprobar que estas irregularidades han sido por los retrasos y deficiencias de la administración, no por culpa del joven.
Precisamente, el Síndic de Greuges, en un nuevo informe, presentado el viernes pasado, también constató este desbarajuste en la gestión de las ayudas de la DGAIA, una parte externalizada, y que se debía mejorar para garantizar los derechos de los jóvenes de 18 a 23 años, que han estado bajo la tutela de la Generalitat.
Responsabilidades
La conclusión de la Sindicatura de Comptes en el informe 6/2025 es demoledor: "La infracción de la normativa de finanzas públicas de la Generalitat de Catalunya ha comportado que, desde el año 2016, haya expedientes de prestaciones sociales de carácter económico con pagos indebidos, posteriormente no reclamados y prescritos, que han producido un menoscabo efectivo a la Hacienda de la Generalitat."
El Tribunal de Cuentas seguramente abrirá una investigación, puesto que ha sido solicitado por la Fiscalía, y reclamará en la Generalitat que aporte sus explicaciones de esta gestión. También se tendrá que indicar si hay cargos públicos responsables, y si se tendrían que devolver algunas cantidades a la administración catalana.