"Lo que se necesita para resolver la crisis en Catalunya son estadistas y no abogados". Con este título empieza un artículo firmado por David Gardner, jefe de la sección Europa del diario británico Financial Times, que reclama una solución política y no judicial para el caso catalán.
En el texto, el autor asegura que el conflicto político entre España y Catalunya ha entrado en una fase con "desconcertantes piruetas políticas", que a veces "parece un episodio de Tom y Jerry, con una banda sonora rayada." Ironía aparte, sin embargo, se constata que "la peor crisis desde el fracaso del golpe de 1981 sigue siendo manejada como una cuestión jurídica", en vez de lo que "es y ha sido durando mucho tiempo: un problema político que amenaza el futuro de España".
Oposición pacífica
Asimismo, el FT destaca que "la administración defenestrada" de Catalunya haya defendido que "sólo tiene que haber una oposición pacífica al gobierno español", recordando que las grandes manifestaciones separatistas "a duras penas han roto algún cristal", a pesar de se las haya comparado a las "grandes manifestaciones de Núremberg", en referencia a los actos de exaltación del nazismo.
El artículo también defiende que el Gobierno español está aplicando el artículo 155, "con cierta seguridad y restricción relativa", hecho que contrapone a la acción policial del 1 de octubre, "que causó centenares de heridos".
A pesar de todo, los intentos "de conseguir que las dos partes hablen" han fallado después de que el intento de convocar elecciones por parte del presidente Puigdemont no obtuviera la garantía de retirada del artículo 155 por parte de un gobierno español "que se negó incluso a hacer una llamada telefónica y rechazó los intentos de mediación de Iñigo Urkullu", hecho que desembocó en la declaración de independencia.
Por todo ello, el artículo concluye que se puede considerar que la independencia, al "no haberse publicado oficialmente, técnicamente no ha habido una declaración de independencia", pero que en todo caso, este hecho "no tiene sentido en un concurso estéril entre la legitimidad de un hombre y la legalidad de otro hombre", para asegurar que "son estadistas, no abogados, los que lo tienen que resolver".