El president Pere Aragonès propuso, en el debate de política general del pasado septiembre, un "acuerdo de claridad" para la celebración de un nuevo referéndum de autodeterminación. Esta vez, eso sí, pactado con el Estado. Unas intenciones aguadas por La Moncloa, pero ERC persiste en su apuesta. Esta misma semana los republicanos han presentado su ponencia política, que debatirán las bases y se someterá a votación en el congreso nacional del próximo 28 de enero. El texto parte de esta propuesta de acuerdo de claridad para proponer sus condiciones para una nueva votación: 50% mínimo de participación y 55% de voto por el sí. Un planteamiento con el que quieren abrir un "debate público" y hacer llegar al Gobierno a través de la mesa de diálogo y negociación. Para hacerlo, parten de tres referentes internacionales —Montenegro, Escocia y el Quebec—, tres procesos que tienen sus particularidades y, también, sus luces y sombras. Sin ir más lejos, el mismo Aragonès ponía en cuarentena en 2016 la vía canadiense, compartiendo un artículo sobre los "mitos y lecciones del caso del Quebec".
Referéndums y 'vía canadiense': mitos y lecciones del caso del Quebec - Vilaweb https://t.co/xgSk3BGD1G vía @vilaweb
— Pere Aragonès y Garcia ���� (@perearagones) September 1, 2016
La vía Montenegro
La ponencia que ERC someterá a votación de sus bases se aferra sobre todo al ejemplo de Montenegro para proponer unas condiciones para celebrar un nuevo referéndum de autodeterminación. Concretamente, establece lo siguiente: "Se consideraría que la victoria del sí es clara si se reunieran al mismo tiempo un mínimo de un 50% de participación y un mínimo de un 55% de apoyo al sí a la independencia. Así lo recogía la fórmula para el referéndum de Montenegro, discutida y reconocida de manera multilateral tanto por los gobiernos de Montenegro y Serbia como por las instituciones europeas".
¿Cómo se llegó a la votación, en la que ERC se refleja? Montenegro es fruto de la desintegración de la antigua Yugoslavia, que dio lugar, después de un largo proceso, a la federación de Serbia y Montenegro en 2003. En el medio hubo un intento de secesión, en 1992, pero perdió con el 96% de los votos por el boicot tanto de musulmanes, albaneses y minorías católicas como de independentistas. Fue tres años más tarde, en 2006, cuando tendría lugar el referéndum de independencia. Visto inicialmente con recelo tanto por la Unión Europea como por la OTAN, exigieron una participación mínima del 50% y una mayoría del 55% de sí para el reconocimiento de la nueva República. La votación tuvo lugar el 21 de mayo de aquel año, con la siguiente pregunta: "¿Desea usted que Montenegro sea un Estado independiente con completa legitimidad legal e internacional?". La participación se alcanzó con creces (86,5%) y el apoyo a la independencia fue ajustado (55,5%) pero se consiguió. Un resultado favorable pero inferior al 55% habría abierto una etapa de enorme incertidumbre.
Montenegro ha sido reconocido internacionalmente, es miembro de la ONU y está en proceso de adhesión a la Unión Europea desde 2008
Dos semanas más tarde, el 3 de junio del 2006, el Parlamento de Montenegro declaró su independencia, que fue reconocida tanto por Serbia como por la Unión Europea. También el Estado español reconoció la independencia y estableció relaciones diplomáticas el 16 de junio (a diferencia de lo que hace con Kosovo). A finales de mes se convirtió en el 192.º estado de las Naciones Unidas. En paralelo, la nueva República pidió oficialmente su acceso a la UE en diciembre del 2008, un proceso de adhesión que todavía dura. Hoy por hoy, se han abierto 33 de los 35 capítulos de negociación con la Comisión Europea, de los cuales solo tres han sido provisionalmente cerrados. En cambio, sí que logró ingresar en la OTAN en junio de 2017 como miembro de pleno derecho. Es la excepción en los Balcanes de una independencia sin guerra, a través de un referéndum pactado entre las dos partes. Jugó un papel importante su presidente Milo Đukanović, alineado con la Unión Europea, los Estados Unidos y la OTAN.
La vía quebequesa
Los republicanos también se reflejan en el caso de Quebec y Canadá, en el que se inspiraron para plantear un "acuerdo de claridad" como el propuesto por el president Aragonès. Así lo remarcan a su ponencia política: "Se trata de hacer un camino inspirado en Canadá y Quebec, que establecieron por ley las condiciones para que los quebequeses pudieran decidir el futuro del país (...) Siguiendo el ejemplo del dictamen del Tribunal Supremo del Canadá sobre Quebec, una victoria clara del sí tendría que dar lugar a un proceso de negociación de buena fe entre los gobiernos catalán y español, con mediación europea e internacional, de cara a llegar a un acuerdo que permita la creación de una República Catalana independiente reconocida en el ámbito internacional, con atención a los legítimos intereses de las dos partes negociadoras".
Los referéndums para la autodeterminación del Quebec respecto del Canadá, celebrados los años 1980 y 1995, son muy diferentes a los celebrados en Montenegro. Los dos fueron convocados de forma unilateral, después del fracaso de una reforma constitucional. Los dos, con preguntas poco claras, contaron con una participación altísima y se perdieron; el primero con el 49,42% por el sí y el segundo con el 40,44%. Y son los que propiciaron que justamente el gobierno canadiense se dirigiera a la Corte Suprema para que fijara jurisprudencia sobre la cuestión. El dictamen del tribunal, en 1998, fue que la independencia unilateral no era legal, y que la secesión de una provincia canadiense solo tendría validez constitucional después de una negociación entre los gobiernos federal y provincial después de que una clara mayoría haya expresado con claridad el apoyo a la independencia. Y ahí nació la ley de claridad, aprobada en el año 2000.
Desde la aprobación de la ley de claridad no se ha celebrado ningún referéndum de independencia en Quebec
¿Qué establece esta ley de claridad? Que es el Parlamento canadiense —y no el quebequés— el competente para validar, antes de la votación, la claridad de la pregunta desde la propuesta del gobierno regional. Pero también le otorga competencia —con posterioridad a la votación misma— para interpretar y decidir la claridad de la mayoría, es decir, el umbral mínimo de apoyo al sí. Eso llevó al independentismo quebequés a aprobar, dos días después, una nueva norma en el Parlamento quebequés, la ley 99, para insistir en su soberanía y fijar la mayoría en el 50+1. Desde la promulgación de la norma, que otorgaba la tutela a Canadá, no se ha celebrado ningún referéndum de independencia más. Hoy el nacionalismo quebequés está desactivado, en otra pantalla, intentando --en vano-- que Canadá deje de formar parte de la Corona británica.
La vía escocesa
Desde Calàbria también se fijan en el procedente más reciente, el de Escocia, con unas relaciones que han sido fluidas entre ERC y el SNP. Se fijan por ejemplo en el demos: quién tiene derecho a votar. "En la línea de lo que se estableció en el referéndum de Escocia del 2014 después de la negociación con el Reino Unido, tendrían que poder votar todas las personas residentes legales en Catalunya mayores de dieciséis años en el momento de convocar el referéndum; así como toda otra persona no residente que, en el momento de convocar el referéndum, tuviera derecho de voto a las elecciones al Parlament de Catalunya", señala la ponencia. En otra parte del documento los republicanos hablan de un "camino inspirado en el Reino Unido y Escocia, que acordaron las condiciones del referéndum de 2014".
Después de presentarse en la campaña con esta promesa, en enero de 2012, el primer ministro escocés Alex Salmond propuso oficialmente la celebración de un referéndum de independencia. El gobierno británico de David Cameron aceptó, poniendo como plazo máximo 18 meses y la necesidad de un aval del Parlamento del Reino Unido, que también llegó. Una ley también cedió temporalmente a Edimburgo las competencias para celebrarlo. Buena parte de la discusión giró en torno al censo, que al final fue los residentes en Escocia mayores de dieciséis años y con nacionalidad británica o de algún otro país de la Unión Europea o la Commonwealth (unos 4,3 millones de electores). La votación tuvo lugar el 18 de septiembre del 2014, bajo una pregunta clara: "¿Escocia tendría que ser un país independiente?". Con un 84,6%, se registró la participación más alta en una elección o plebiscito en el Reino Unido con sufragio universal. Y se impusieron los unionistas, con el 55% contra el 44% de los independentistas. El SNP aceptó la derrota. Hasta que las circunstancias cambiaron.
Ahora el independentismo escocés se encuentra con los vetos de Downing Street a un referéndum pactado y del Supremo a una votación unilateral
Dos años más tarde, tuvo lugar otro referéndum, esta vez en el conjunto del Reino Unido: el del Brexit. La mayoría de británicos optaron por la salida de la Unión Europea, a diferencia de los escoceses y norirlandeses, que votaron masivamente por permanecer en la UE. En el caso de Escocia, hasta el 62% por el remain. Esta circunstancia reactivó la demanda de un segundo referéndum de independencia en Escocia para después ingresar de nuevo en el bloque comunitario. Pero aquel pacto que fue posible en 2012 entre David Cameron y Alex Salmond, hoy es un portazo reiterado de los primeros ministros Boris Johnson, Lizz Truss y Rishi Sunak. Y el pasado noviembre, el Supremo británico dictaminó que Escocia no puede convocar un referéndum unilateral. En un callejón sin salida, la primera ministra escocesa ha aceptado el veto y ha planteado las próximas elecciones generales como un plebiscito. Mientras tanto, el apoyo a la independencia va creciendo, hasta el 56% según la última encuesta publicada por The National.