Uno de los grandes hitos del Gobierno la pasada legislatura fue la aprobación en 2022 de la ley de memoria histórica, defendiendo que aquella norma protegía a todas las víctimas de la guerra civil, la dictadura y la transición, entre críticas de los partidos de derechas (enervados porque EH Bildu votó a favor) y con el independentismo dividido y mirándolo con escepticismo: el PDECat votó a favor, ERC se abstuvo y Junts y la CUP votaron en contra. Dos años más tarde, los republicanos, ya en una nueva legislatura, presentaron una moción en el Congreso, que fue aprobada, para instar al Gobierno a cumplir con los plazos y denunciando un retraso en su implementación y el incumplimiento de varios mandatos legales. Ahora, el diputado de ERC, Francesc Marc Álvaro, ha registrado una batería de preguntas al Gobierno a las que ha tenido acceso ElNacional.cat, reclamando más información sobre los avances y las actuaciones concretas que se han hecho. 

En la moción, se establecían plazos concretos para la presentación de informes, como el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, un documento sobre la retirada de elementos contrarios a la memoria, la puesta en marcha de una comisión que investigara la vulneración de derechos humanos entre 1978 y 1983 o el impulso de medidas de reconocimiento y reparación a las víctimas de trabajos forzados, entre otros. "Dado que ha pasado un año desde la aprobación de aquella moción y que no se dispone de información pública detallada sobre el estado real de cumplimiento de estos compromisos, resulta necesario que el Gobierno rinda cuentas ante la Cámara", resuelve el diputado republicano en su escrito. 

Estudios, informes, reparación y banco estatal de ADN

Concretamente, Francesc Marc Álvaro plantea seis preguntas al Ejecutivo de Pedro Sánchez, empezando por preguntar por el estado actual de la elaboración y aprobación del catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y por el calendario de presentación que prevén desde el ministerio liderado por Ángel Víctor Torres. También quiere saber por las actuaciones concretas que se han llevado a cabo desde febrero de 2024 con relación a la retirada o eliminación de elementos contrarios a la memoria democrática y por si se hará un nuevo informe sobre el seguimiento y progresión de la retirada de esta simbología.

 

En cuanto a la auditoría y compensación económica a las víctimas que prevé la ley, los republicanos quieren saber en qué punto se encuentra el proceso en cuestión y si se ha presentado el informe que la moción instaba a entregar en el plazo de tres meses. Ante el anuncio de comisiones técnicas que debían elaborar diversos estudios vinculados al desarrollo de la ley aprobada en 2022, el diputado quiere saber si ya se han designado, especialmente la que debe elaborar el estudio sobre vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y 1983: "¿Cuál es su composición y cuál es el estado de sus trabajos?", pregunta. La ley ponía parte del foco en las víctimas que se vieron obligadas a realizar trabajos forzados durante la dictadura y por ello, requieren saber qué acciones concretas ha llevado a cabo el Gobierno en relación con el reconocimiento y la señalización de los espacios asociados. La última de las preguntas registradas se refiere a los avances en la creación y puesta en funcionamiento del Banco Estatal de ADN de víctimas de la Guerra y la Dictadura que prevé la norma, y cuándo estará, finalmente, operativo.