La eurodiputada de ERC, Diana Riba, ha denunciado la resistencia de los tribunales españoles a aplicar la amnistía en una reunión con una misión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para la revisión periódica sobre la situación del Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos en España. “Con el poder judicial entendemos que tenemos realmente un problema de democracia en el Estado español”, ha avisado la eurodiputada, que acusa a los jueces españoles de tener un “objetivo político” resistiéndose a aplicar la amnistía a los principales líderes del procés en el caso del 1-O. Riba también ha recordado la opinión del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avala el grueso de la ley de amnistía ante las dudas planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional.
El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, y el diputado Juli Fernàndez, también han asistido a la reunión con Elvira Kovács (Serbia, PPE/DC) y Valentina Grippo (Italia, ALDE), ponentes del futuro informe que evaluará el Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos en España. Durante la reunión, los republicanos han mencionado otras quejas a la misión sobre vulneraciones de derechos del independentismo, como el caso de espionaje con el software Pegasus a diferentes líderes institucionales, y personas independentistas durante el proceso. La senadora republicana Laura Castel ha reivindicado su presión al Consejo de Europa para conseguir que este año se comenzara la revisión periódica del Estado español y espera que el informe recoja “todas las vulneraciones de derechos” denunciadas por el independentismo. Desde ERC prevén que este examen periódico se finalice el año que viene.
El Consejo de Europa revisará la situación del estado de derecho en España
Las ponentes del informe, Elvira Kovács (Serbia, PPE/DC) y Valentina Grippo (Italia, ALDE), han realizado una visita a Madrid y Barcelona esta semana para evaluar el cumplimiento de las obligaciones de pertenencia al Consejo de Europa por parte de España. Este tipo de informes periódicos se realizan a todos los Estados miembros del Consejo de Europa que no están sometidos a un procedimiento de seguimiento completo como Hungría, Polonia y Turquía, ni a un seguimiento posterior como Albania o Bulgaria. En Barcelona, las ponentes tienen previsto reunirse con miembros del Parlament y del Govern, mientras que en Madrid ya se han reunido con representantes de las Comisiones Constitucionales del Congreso y del Senado, del Ministerio del Interior y con la delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. También tienen previstas reuniones con jueces del Tribunal Constitucional, miembros del Consejo General del Poder Judicial, el colegio de abogados de la capital y asociaciones de magistrados y fiscales, así como representantes de la sociedad civil.