El grupo parlamentario de Junts per Catalunya ha anunciado que impulsará una comisión de investigación en el Parlament por lo que llama "crisis" en la gestión de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). Los de Carles Puigdemont remiten, en este sentido, al escándalo de la menor a cargo de este organismo del Departament de Drets Socials de la Generalitat que fue violada por una red de pederastas. También a las indagaciones de la Oficina Antifrau de Catalunya por posibles irregularidades y malversación de fondos con las ayudas a jóvenes extutelados.

Desde Junts afirman que quieren "llegar hasta el fondo de la cuestión en todos aquellos asuntos relacionados con la mala gestión de la DGAIA", según apuntan en una nota emitida este jueves. En ella, los juntaires también remiten en el reciente informe de la Sindicatura de Comptes en el cual se advertían "anomalías graves en el ámbito de la contratación pública y de subvenciones" por parte de la dirección general de la Generalitat que atiende la infancia y la adolescencia en riesgo de desamparo en Catalunya —que gestiona hasta 19.000 menores, 9.000 de los cuales están separados de los padres—.

La Conselleria de Drets Socials ha abierto un expediente interno para investigar el escándalo de la menor de 12 años a cargo de un centro de la DGAIA que fue violada y la consellera, Mònica Martínez Bravo, comparecerá en el Parlament motu proprio para informar sobre las actuaciones que se han llevado a cabo por el caso, "ante la gravedad de los hechos y con voluntad de transparencia". El objetivo de las indagaciones internas, apunta al Govern, es revisar en profundidad la cronología de los hechos, identificar posibles carencias y reforzar los mecanismos de protección de los niños ante la violencia sexual.

Sin embargo, los juntaires, comandados por Albert Batet y Mònica Sales en el Parlament catalán, han forzado la comparecencia en la cámara de la exdirectora general y el exsubdirector de la DGAIA, Isabel Carrasco y Joan Mayoral, que fueron destituidos por parte del Govern de Salvador, Illa el 24 de marzo, después de tan solo unos meses al cargo, "para que informen sobre su gestión y su destitución". Desde la oposición, los mismos juntaires, pero también la CUP y Vox, denunciaron falta de transparencia sobre qué está pasando en la DGAIA. La consellera Martínez Bravo descartó cualquier indicio de "trama corrupta" y señaló que se estaba "arreglando" la dirección general, que necesitaba una "reforma profunda" para un mejor servicio.

Así, desde Junts apuntan también a la gestión con el Govern de Esquerra Republicana y reclaman las comparecencias del exdirector general de la DGAIA Ricard Calvo; el exconseller de Treball, Afers Socials y Famílies Chakir El Homrani; y los exsecretarios generales de Treball, Afers Socials y Famílies Josep Retama y Oriol Amorós; para que "den explicaciones sobre la contratación pública y adjudicación del servicio de acogimiento de la infancia y la adolescencia".

El informe de la Sindicatura de Comptes que empezó a removerlo todo estos meses apuntaba al hecho de que la DGAIA prorrogó varios contratos sin haber firmado ningún documento de prórroga, aunque se siguieron prestando los servicios. También concluye que se utilizó reiteradamente el procedimiento de emergencia en la contratación de los servicios en el 2017 y en el 2018 sin que se cumplieran los motivos recogidos legalmente, junto con el hecho de que se incluyeron modificaciones del régimen económico que comportaron una alteración significativa de los contratos originales.