Después de años preparándose, esta semana se firmará el Pacte Nacional per la Llengua, aunque solo con el apoyo del partido del Govern, el PSC, y sus dos socios de investidura, ERC y los Comuns, mientras que Junts se ha descolgado y la CUP, que valora la idoneidad de alguna de sus medidas, avisó hace semanas que no tendría su firma. Este lunes, ERC, el partido con el que se empezó a preparar este pacto bajo la batuta de la exconsellera de Cultura, Natàlia Garriga, y quien entonces era el secretario de Política Lingüística y ahora conseller del ramo del Govern socialista, Francesc Xavier Vila, ha defendido el acuerdo, asegurando que se trata de un "instrumento claramente de país. Yendo más allá, lo ha descrito como "imprescindible" para hacer avanzar el catalán en un momento en el que la lengua pasa por tiempos de grandes dificultades (con un uso social reduciéndose de manera preocupante) y que los expertos califican de emergencia lingüística.
"La lengua es demasiado importante como para tener según qué actitudes"
"Es un instrumento que suma y que no resta, que aporta soluciones y no genera problemas" ha añadido el portavoz adjunto de la formación republicana, Isaac Albert. En este sentido, ha destacado que este es el único camino para dar impulso al catalán y ha lamentado que haya quien quiera utilizarlo para hacer "politiqueo": "La lengua es demasiado importante como para tener según qué actitudes", ha espetado en referencia a Junts, pero sin nombrar al partido de Carles Puigdemont. Preguntado directamente por la postura que ha defendido la principal formación a la oposición (Puigdemont ha explicado en rueda de prensa que pidieron al Govern esperar a firmar el pacto hasta que no saliera la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el castellano en las aulas), Albert se le ha mostrado en desacuerdo: "A nosotros también nos preocupa mucho la sentencia del Constitucional, pero el Pacto Nacional ayuda a poder responder mejor a esta sentencia. Se trata de ir juntos ante una sentencia que puede perjudicar mucho a la lengua catalana. No es un motivo para no estar en este pacto".
Minutos antes, Puigdemont había defendido que había que consensuar el pacto "una vez conozcamos elementos que son críticos, como la sentencia del 25%, ¿es la misma la política lingüística si sale favorable o no? Concretamente, el Constitucional tiene pendiente de resolver los recursos contra la constitucionalidad de la ley y el decreto de 2022, avalados por el Parlament de Catalunya y con los que el Govern Aragonès quería esquivar la sentencia del TSJC que imponía el 25% de horas lectivas en castellano, lo que suponía un ataque al modelo de inmersión lingüística en los centros.