El Parlament da el paso en defensa del catalán a las escuelas. La cámara ha presentado al Tribunal Constitucional una serie de alegaciones que pretenden blindar la ley y el decreto del catalán aprobados por el Parlament hace ahora unos meses con la intención de conseguir que el tribunal declare la "plena constitucionalidad" de todos sus artículos. La decisión llega después el Partido Popular y Ciutadans se aliaran a finales de julio para llevar las normativas al TC, alegando que se vulnera la constitución al omitir cualquier referencia al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Catalunya, oponiéndose así a la sentencia que impone un 25% de castellano en las escuelas. El recurso afectaba a los artículos que fijan los criterios aplicables a la elaboración, aprobación, validación y revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos, así como a los referidos al uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria.
El pasado 4 de octubre, la Mesa del Parlament ya acordó que la cámara presentaría alegaciones al Constitucional contra los recursos del PP y Cs, después de haber recibido la notificación de su admisión a trámite por parte del tribunal solo unos días antes. El objetivo del escrito de la cámara es conseguir que el TC desestime íntegramente el recurso de inconstitucionalidad y se declare la plena constitucionalidad de los artículos impugnados.
Los servicios jurídicos del Parlament argumentan que las dos normas no pretenden "modificar sustancialmente" el régimen lingüístico, sino "adaptarlo a los cambios sociales". Además, exponen que se reconoce el castellano como lengua de aprendizaje y que también tiene la condición de "lengua docente". En esta línea, subrayan que según las normas el castellano también es "vehículo de comunicación" en la educación. En el escrito se defiende que ambas normas se han aprobado "de acuerdo con las competencias que tiene la Generalitat en materia de lengua propia y de educación" y afirma que "el modelo de conjunción lingüístico reconoce la lengua catalana como centro de gravedad y lengua normalmente utilizada como vehicular y de enseñanza al sistema educativo de Catalunya". Precisamente, remarca que el TC ha avalado este modelo.
Las alegaciones del Parlament
Entre el total de 12 puntos que presenta el escrito de la cámara, destaca uno en que el Parlament afirma que, a diferencia de lo que critican PP y Cs, la ley y el decreto del catalán "no excluyen la lengua castellana como lengua de enseñanza" aunque no figure como 'vehicular'. Para escudarse, la cámara asegura que cuando la normativa catalana establece que el catalán "es la lengua utilizada normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje, eso debe entenderse sin perjuicio que el castellano también tenga la condición de lengua vehicular en tanto que lengua oficial en Catalunya". Así, recuerdan que "omisión y exclusión no son conceptos equivalentes", de manera que el hecho de que no se mencione no significa que se incumple la vehicularidad del castellano en la escuela catalana.
Además, también se justifica que tanto la ley como el decreto "no excluyen el castellano como lengua de enseñanza en la acogida de los alumnos recién llegados a Catalunya". Así, el Parlament recuerda que la ley de educación del 2009 ya establece que los centros escolares tienen que proporcionar a este colectivo una acogida personalizada y una atención lingüística que los permita iniciar el aprendizaje en catalán. Así, el artículo de la normativa catalana que fija el catalán como lengua de acogida tan solo pretende "priorizar el uso del catalán como lengua minoritaria, pero con amplio uso en el nuevo entorno social" del alumnado, así como "prepararlos para adaptarse a un sistema educativo en el cual la lengua catalana es la normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje".
El TC revisa la normativa a petición del TSJC
Justamente la semana pasada, el Tribunal Constitucional admitió a trámite la revisión de la ley del catalán que esquiva el 25% de castellano, solicitada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. La Sala del TSJC encargada de la ejecución de la sentencia del 25% elevó el caso al TC porque tenía dudas sobre la legalidad de la ley, puesto que da "preferencia" al catalán porque fija de forma explícita la "inaplicación" de porcentajes en los proyectos lingüísticos de las escuelas. A la vez, los jueces también presentaron una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley sobre uso y aprendizaje de lenguas oficiales aprobada por el Parlament. El alto tribunal catalán admitió en julio que ya no podía aplicar la sentencia del 25%.