El concejal del Ayuntamiento de Altea detenido como supuesto autor de un delito de violencia machista contra su pareja sentimental, Rafael Ramón Mompó, de Compromís, ha quedado en libertad con cargos en una causa por delitos de maltrato conjuntamente con lesiones y coacciones leves, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Ramón Mompó fue detenido este domingo por la noche por, supuestamente, abofetear y causar lesiones no graves a su pareja sentimental en los alrededores de la localidad de Xàbia, en la Marina Alta. El concejal ha pasado este lunes a disposición judicial en el juzgado número 1 de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Dénia, que ha acordado la libertad aunque sigue bajo investigación por delitos de maltrato, lesiones y coacciones leves. El portavoz de Compromís en las Corts valencianas, Joan Baldoví, ha asegurado que su partido ha respondido de forma “inmediata” al conocer la denuncia contra el concejal, que ha sido suspendido cautelarmente de sus funciones en el gobierno municipal y también de militancia en la formación.
En declaraciones desde Valencia, Joan Baldoví ha señalado que “en Compromís tenemos la línea roja de no tolerar la violencia machista” y ha añadido que han dado “respuestas inmediatas” desde el ámbito municipal cesando al concejal de todas sus concejalías y apartándolo del equipo de gobierno de Altea, donde Compromís gobierna en coalición con el PSPV-PSOE. La formación también ha convocado la Comisión de Igualdad para analizar qué medidas concretas aplicar en este caso, tal como indica el Protocolo de Actuación ante las Violencias Machistas que tiene la coalición. Compromís ha indicado que una vez se conozcan los detalles del procedimiento jurídico, la comisión de seguimiento podrá acordar de forma inmediata medidas definitivas como la suspensión de militancia del concejal o su expulsión. El portavoz de Educación de la formación en les Corts, Gerard Fullana, ha incidido en el hecho de que “esta es una cuestión transversal que puede afectar a cualquier partido político” y que “hoy es un día triste y para reafirmar nuestra condena a la violencia de género”, ha afirmado, cree que se ha actuado “de forma rápida” a pesar de que dice que “nunca es suficiente en la lucha contra esta lacra”.
El PP dice que no se ha hecho “suficiente”
El PP de Altea, por su parte, cree que no es “suficiente” con que el alcalde de la localidad, Diego Zaragozí, de Compromís, haya anunciado la retirada de competencias del concejal por la supuesta agresión a su pareja. En un comunicado, la portavoz popular, Rocío Gómez, ha señalado que “se debe actuar con la misma contundencia que se exige cuando no son de su color político” y, por lo tanto, el PP no considera “suficiente la retirada cautelar de sus competencias” en un ayuntamiento donde gobiernan las izquierdas. Después de indicar que respeta la presunción de inocencia, Gómez ha recordado que “la responsabilidad judicial y política son ámbitos diferentes, y la ejemplaridad que se exige a un cargo público obliga a dar un paso atrás mientras se aclaran los hechos”. En la nota, la portavoz del PP se dirige tanto al alcalde como a la concejala de Igualdad socialista para que “apliquen las medidas que tantas veces Compromís y PSOE reclaman cuando hay casos similares”, las cuales deben ser “contundentes e inmediatas ante la gravedad de la denuncia”.
Un juicio rápido
Está previsto que el juicio rápido contra el concejal se celebre en las próximas semanas en un juzgado de Benidorm. En la comparecencia de este lunes ante el juzgado, no ha habido conformidad entre Mompó y su mujer, se ha acogido a la dispensa de no declarar. De esta forma, la mujer no ha ratificado la denuncia contra su pareja, pero el juzgado de Dénia ha acordado elevar el procedimiento a la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Benidorm, que deberá enjuiciar el caso. Según indican las fuentes judiciales, el caso seguirá adelante porque hay un informe de lesiones de la víctima y la fiscalía considera que esto constituye un elemento objetivo y ajeno a la testifical que impide solicitar el archivo de las diligencias.