La historia nos demuestra que es muy difícil dar una respuesta institucional rápida y adecuada cuando suceden tragedias naturales. El malestar de la ciudadanía ante estas situaciones en que se pierden familiares y amigos sume en la desesperación a los que lo padecen y eso es, en parte, una de las consecuencias del doble terremoto —un doblete sísmico, según la denominación de los expertos— que padeció Venezuela el pasado 24 de junio de magnitudes importantes, 7,2 el primero y 7,5 el segundo, y que tuvieron lugar con una diferencia de tan solo 39 segundos, algo que lo ha hecho especialmente destructivo. Los datos de las víctimas mortales son, por ahora, provisionales, pero ya se han contabilizado más de 1.700 muertos y 5.000 heridos, unas cifras a todas luces provisionales, ya que si hacemos caso a la ONU, más de 50.000 personas continúan sin ser localizadas.
Con la mínima distancia que da el hecho de que ya hayan transcurrido más de cinco días, la respuesta institucional dada por las autoridades ha supuesto la constatación del fracaso de la llamada Revolución Bolivariana, instaurada por Hugo Chávez en febrero de 1999, unos pocos meses después de su victoria electoral en Venezuela con el 56 % de los votos. Entre Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, han estado al frente del país hasta enero de este año, o sea, casi 27 años, en que un ataque estadounidense acabó con la detención del presidente y el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Vamos, la gestora de las decisiones adoptadas en Washington por Donald Trump. Este terremoto viene a ser, en la práctica, una prueba de fuego para la presidenta encargada, ya que difícilmente sobrevivirá si la crítica continúa siendo como hasta la fecha.
El paso de las horas, primero, y de los días, después, ha hecho evidente la descomposición del Estado, incapaz de realizar un despliegue de efectivos para las tareas de rescate
En el fondo, Delcy Rodríguez no es otra cosa que una evolución suave —los más críticos hablan de una traición— del régimen de Maduro después de que la Administración estadounidense prefiriera pactar con el régimen venezolano, teniendo el control de la situación, antes que abrir un proceso electoral que diera alas a la oposición, pero que tuviera una fuerte respuesta de los militares venezolanos, que siguen siendo claves en cualquier movimiento político que se pueda producir. Pero el terremoto ha cambiado el guion y precipitado un debate que está muy a nivel de calle: los vecinos comenzaron los rescates antes que las autoridades, faltaban excavadoras y maquinaria pesada y hubo barrios donde los equipos especializados tardaron muchas horas en llegar. Y, algo mucho más grave, muchos ingenieros cuestionaron abiertamente la calidad de las viviendas públicas construidas durante los gobiernos de Chávez y Maduro, reclamando auditorías estructurales y denunciando un deficiente control de calidad y de aplicación de la normativa sísmica.
El paso de las horas, primero, y de los días, después, ha hecho evidente la descomposición del Estado, incapaz de realizar un despliegue de efectivos para las tareas de rescate. La presidenta interina fue abucheada al visitar una de las zonas más afectadas por los terremotos. Llega ayuda de todo el mundo y el gobierno es incapaz de canalizarla, entre acusaciones de la oposición, y se están utilizando redes de distribución alternativas, agencias de la ONU, la Cruz Roja y organizaciones como Cáritas Venezuela para llevar la asistencia directamente mediante mecanismos independientes y redes eclesiásticas locales. Así se consigue puentear la burocracia militar y se consigue, no sin dificultades, garantizar que la ayuda llegue realmente a las máximas familias afectadas. Esa situación acaba siendo, en el fondo, una doble tragedia, ya que a la pérdida de miles de víctimas mortales se añade la corrupción que ha envuelto al país estas últimas décadas y que va a hacer más difícil la reconstrucción que muchas zonas del país van a necesitar.