Decía el Papa este lunes en un solemne discurso pronunciado en el Congreso de los Diputados que el aborto y la eutanasia son intolerables. Y este jueves, a pesar de haber aplaudido su intervención durante siete minutos de reloj, esta misma cámara le ha desobedecido. Con los votos de PSOE, Sumar, Podemos, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Bildu, PNV y BNG, la mayoría del hemiciclo ha votado a favor de la toma en consideración de una ley llegada del Parlament de Catalunya que mejora el derecho a morir dignamente. La iniciativa acelera los trámites judiciales, con el objetivo de que las personas con enfermedades graves o incurables no tengan que prolongar de manera involuntaria su sufrimiento. La propuesta nace por casos como el de Noèlia, una paciente catalana que estuvo dos años con litigios judiciales antes de recibir la muerte asistida. En la cámara catalana, la iniciativa recibió el apoyo del PSC, Junts, ERC, Comuns, CUP y también Aliança Catalana.
León XIV, en su discurso pronunciado el lunes, hizo una defensa de la familia como "la primera escuela de humanidad donde se aprende la gramática elemental de la convivencia"; e hizo entonces proclamas antiabortistas y en contra de la eutanasia. "¿Se puede llamar plenamente justa a una comunidad que deja en la sombra al niño todavía no nacido?", se preguntó antes de defender que "la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional; es un hito de la civilización que debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural".
Este jueves, el Congreso no le ha dado la razón al Santo Padre en sus preguntas retóricas. PP y Vox sí que se han posicionado de su lado. Pero la mayoría de la investidura ha avalado la propuesta del Parlament. La iniciativa —defendida por los diputados catalanes Sara Jaurrieta (PSC), Jordi Fàbrega (Junts) y Juli Fernández (ERC)— ha recibido 179 votos. Jaurrieta ha recordado que la iniciativa catalana ha recibido el apoyo de cinco de los ocho grupos del Parlament y tiene el aval de entidades como la Associació pel Dret a Morir Dignament.
Fàbrega, por su parte, ha apuntado que la propuesta del Parlament no habla solo de derecho, sino de “dignidad, libertad y sufrimiento”. “La eutanasia es uno de los procedimientos más garantistas de todo el ordenamiento jurídico y sanitario; no es una decisión improvisada, precipitada o frívola”, ha remarcado, diciendo que hay que demostrar que se padece una enfermedad “incurable” con un sufrimiento “intolerable”. Fernández ha añadido que la propuesta del Parlament busca “perfeccionar” un derecho ya conseguido. “La muerte es una parte de nuestra vida”, ha expuesto antes de decir que cualquiera quiere que su vida sea “larga y plena” y acabe con una muerte “digna”. “Este derecho no es una obligación o un deber, es una opción legítima e individual”, ha manifestado
La ley catalana para mejorar la eutanasia
La proposición de ley impulsada por el Parlament de Catalunya pretende acelerar los procedimientos judiciales relacionados con las solicitudes de eutanasia cuando estas ya han recibido el visto bueno de las comisiones de garantía y evaluación. La iniciativa parte de la premisa de que algunos recursos presentados ante los tribunales han provocado retrasos de más de un año en la ejecución de prestaciones de ayuda para morir, a pesar de que las personas afectadas se encuentran en situaciones de enfermedad grave, incurable o con sufrimientos considerados intolerables.
La reforma modifica tanto la Ley orgánica de regulación de la eutanasia como la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa para crear un procedimiento judicial específico y mucho más ágil. El objetivo es evitar que los recursos contra las resoluciones de las comisiones de garantía mantengan suspendida durante largos períodos la aplicación de una eutanasia ya autorizada.
La propuesta establece que los recursos se deberán presentar ante los tribunales superiores de justicia y fija plazos muy reducidos para todas las fases del procedimiento. El recurso se deberá interponer en un máximo de tres días, la comisión deberá remitir la documentación en dos días y el tribunal convocará una audiencia en un plazo máximo de quince días desde la presentación del recurso. Después de la vista, la resolución judicial se deberá dictar en un plazo improrrogable de tres días.
Además, la decisión del tribunal será firme y no se podrá recurrir por la vía ordinaria, aunque seguirá existiendo la posibilidad de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La sentencia únicamente podrá confirmar o revocar la resolución de la comisión de garantía y evaluación.
Los promotores de la iniciativa sostienen que el sistema actual puede prolongar innecesariamente el sufrimiento de personas que ya han acreditado que cumplen los requisitos legales para acceder a la eutanasia. Por ello, consideran necesario establecer un procedimiento judicial preferente y sumario que permita compatibilizar las garantías jurídicas con una resolución rápida de los conflictos que puedan surgir en torno al derecho a morir dignamente.