La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado este lunes que Junts per Catalunya, el PP y Vox conforman en el Congreso de los Diputados el "bloque de la destrucción y el odio" por haber tumbado hace casi un par de semanas su medida estrella en esta legislatura: la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas. En una charla a los diputados del grupo parlamentario de Sumar, la también ministra de Trabajo ha reivindicado su voluntad de volver a presentar esta iniciativa. La lucha por la reducción de la jornada laboral no ha terminado; nada más ha empezado y la ganaremos, con la imagen que vimos de las fuerzas progresistas en la cámara dándonos apoyo y aplaudiéndonos; éramos el bloque del sí ante el bloque de la destrucción y el odio", ha manifestado Díaz justo antes de denunciar que "PP, Vox y Junts han golpeado a los millones de trabajadores que querían eso, pero hemos ganado la mayoría social y ahora toca ganar la mayoría política". De hecho, la líder juntaire en la cámara baja, Míriam Nogueras, ya se abrió a negociar con ella un nuevo texto sobre esta medida durante el cara a cara con Díaz cuando se debatía la iniciativa en el Congreso.

Al día siguiente de perder esta votación, Díaz desafió a las tres formaciones que habían tumbado la medida iniciando los trámites para poner en marcha una nueva regulación que endurezca el registro horario de jornada; uno de los puntos incluidos en el paquete tumbado aquel día. Así pues, abrió una consulta pública sobre la propuesta, con la intención de elevarlo primero al Consejo de Estado y aprobar después en el Consejo de Ministros un decreto que no tenga que pasar por la validación del Congreso de los Diputados; con el fin de esquivar la misma mayoría parlamentaria que clavó una nueva estocada al ejecutivo de Pedro Sánchez.

En plena escalada de tensión de Díaz con estas tres formaciones, la vicepresidenta segunda del Gobierno sufrió al cabo de una semana un nuevo porrazo en el Congreso de los Diputados. Junts per Catalunya, PP y Vox volvían a sumar sus votos para tumbar la proposición de ley de Sumar para crear una Oficina Anticorrupción con capacidad sancionadora. La iniciativa de este partido contemplaba la creación de una oficina con funciones de prevención, detección, investigación, erradicación y sanción de la corrupción, además de poder elaborar planes de prevención para el conjunto del sector público.

La proposición proponía poder sancionar con hasta un millón de euros a empresas en los casos más graves, así como la posibilidad de impedirles contratar con la administración pública durante tres años. Para las personas físicas, la sanción más alta prevista era de 400.000 euros. El nuevo organismo que planteaba Sumar habría tenido estatus de autoridad independiente, un director no militante en partidos políticos y un cuerpo de inspección reclutado por oposición. Según el texto, la oficina habría podido investigar el uso irregular de fondos públicos, requerir documentación a instituciones y bancos, e imponer sanciones como la prohibición de recibir subvenciones o beneficios fiscales durante un máximo de cuatro años.