Yolanda Díaz sufrió este miércoles en el Congreso de los Diputados su derrota más dura de esta legislatura; justo en el arranque del nuevo curso político. Su ley estrella —la de la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales— naufragaba porque se imponían las enmiendas a la totalidad de Junts per Catalunya, PP y Vox por 178 votos. Y la respuesta de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ha sido desafiar a estas formaciones e iniciar los trámites para poner en marcha una nueva regulación que endurezca el registro horario de jornada; uno de los puntos incluidos en el paquete tumbado esta semana. Así pues, ha abierto una consulta pública sobre la propuesta, con la intención de elevarlo primero al Consejo de Estado y aprobar después en el Consejo de Ministros un decreto que no tenga que pasar por la validación del Congreso de los Diputados; con el fin de esquivar la misma mayoría parlamentaria que esta semana ha clavado una nueva estocada al ejecutivo de Pedro Sánchez.
Según informa el Ministerio de Trabajo, el nuevo mecanismo permitirá el "control eficaz" del tiempo de trabajo y garantizará los tiempos máximos, los descansos mínimos, y evitará las "horas extras ilegales" y asegurará el cumplimiento más efectivo de la normativa europea. "Las derechas no detendrán la reducción; hoy ponemos en marcha la nueva regulación del registro de jornada; se han acabado las horas extras sin pagar; la inspección velará por el cumplimiento de los derechos", ha dejado por escrito Díaz en sus redes sociales. La reforma busca, entre otros aspectos, precisar cada tipo de tiempo de trabajo registrado. Es decir, si se trata de horas efectivas, de disponibilidad o extraordinarias. Esta calificación, señala el departamento de Yolanda Díaz, permitirá identificar más incumplimientos con las consecuencias que legalmente procedan.
La letra pequeña de la propuesta del Ministerio de Trabajo
El documento del Ministerio también recoge que se tiene que garantizar "la realización personal y directa" de los registros para los trabajadores, así como la identificación de las interrupciones, lo cual puede llevar a la necesidad que el registro sea electrónico, "con mecanismos de verificación de la identidad". Asimismo, prevé controles para las modificaciones de los asientos, es decir, los registros que cada trabajador introduce para registrar su jornada. En este punto, señala la posibilidad de incluir "obligaciones específicas" como que los representantes de los trabajadores tengan copias del registro con una cierta periodicidad, o que tengan que ser presentes para modificar el registro.
"En algunos casos, de nuevo, podría requerir el acceso electrónico interoperable y garantías informáticas de autenticidad, como sellos de tiempo", incide el texto. También se busca la obligación de acceso inmediato, así como remoto en el caso de los registros electrónicos; un acceso que tiene que estar a la disposición de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social. El texto subraya la necesidad de resolver las "insuficiencias" que la actual regulación del registro horario contiene y que "complican su eficacia sin impedir adecuadamente los incumplimientos normativos y los perniciosos excesos de jornada, tan graves para la salud de las personas trabajadoras y para la competencia leal entre las empresas".