La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente permiso para investigar las cuentas bancarias del hasta la semana pasada secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, salpicado por la trama de presunta corrupción del caso Koldo. El cuerpo de seguridad ha pedido al magistrado que ordene a varias entidades bancarias y a la Agencia Tributaria que faciliten los datos del exnúmero tres del partido de Pedro Sánchez. Él lo niega todo, y asegura que no ha participado en ninguna trama de comisiones a cambio de adjudicaciones de contratos públicos junto con José Luis Ábalos y Koldo García. Cerdán, según ha podido saber El País, está dando su versión de los hechos a su entorno, una versión que se percibe como una excusa.
Para el exsecretario de organización del PSOE, su único error fue conocer la red corrupta y no haberla denunciado. Cerdán se sacude así cualquier tipo de culpa, según las fuentes consultadas por el citado diario. El próximo 25 de junio, Cerdán declarará de manera voluntaria en el Tribunal Supremo y su abogado será Benet Salellas, exdiputado de la CUP; la declaración será dos días después de la de Ábalos i Koldo.
La línea de defensa de Cerdán
Así pues, Santos Cerdán defiende que no formaba parte de la estructura que lo relaciona con el caso Koldo, centralizada en torno al exministro Ábalos y el exasesor Koldo García, a quien impulsó en Ferraz. Según él, el gobierno del PSOE siguió confiando en su gestión en la sala de máquinas de Ferraz hasta que el contenido del informe de la UCO se hizo público; ahora Cerdán sigue proclamando su inocencia ante las pruebas recogidas.
Sobre las grabaciones, Cerdán alega ante su entorno que los audios de García están incompletos y que ciertas frases —como "¡Koldo! Que no hables de eso…"— no tienen el contexto real de un posible reparto de comisiones, sino que responderían a un presunto chantaje impulsado por el mismo Koldo García hacia el presidente del Gobierno. Según su versión, él nunca formó parte de la trama ni se habría beneficiado de manera ilícita. Este jueves renunció como militante del PSOE y a su escaño, mientras el partido expulsaba a Ábalos después de más de un año de instrucción del caso.
La UCO sitúa el origen de la red corrupta en Navarra y sostiene que Cerdán era accionista del 45% de Servinabar 2000 SL, una empresa que obtuvo al menos seis contratos públicos por valor próximo a los 89 millones de euros, aunque él niega cualquier vínculo con la sociedad. Finalmente, la UCO ha pedido al Tribunal Supremo —a través del magistrado Leopoldo Puente— acceder a sus finanzas personales y patrimoniales, incluyendo cuentas bancarias, productos financieros y posibles transferencias desde 2014 hasta el 2024, así como información fiscal y sobre movimientos sospechosos de blanqueo de capitales.