Ione Belarra, condenada por una “intromisión ilegítima" en el derecho al honor de Manuel García Castellón. El Juzgado de Primera Instancia número 45 de Madrid ha condenado a la secretaria general de Podemos y diputada en el Congreso a indemnizar con 9.000 euros al exmagistrado de la Audiencia Nacional por haberlo calificado de “corrupto” y prevaricador en las redes sociales.
El juez considera que las afirmaciones de Belarra, difundidas a través de las redes sociales, constituyen una “intromisión ilegítima en el derecho al honor del magistrado jubilado”. Además de la indemnización, la resolución obliga a Ione Belarra a publicar el contenido de la sentencia en su perfil de la red social X —donde se produjeron las manifestaciones— o en otro medio de características similares. "Hoy el BOE publica la jubilación forzosa del juez García-Castellón. Lo dijimos hace meses y ahora se confirma, este y otros jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España, se irán de rositas sin ninguna sanción gracias al PSOE. Vergüenza", escribió la diputada en la red social X el 2 de septiembre de 2024.
Daño moral
El exmagistrado Manuel García Castellón denunció haber sufrido un “daño moral” a raíz de estas declaraciones y reclamaba una compensación de 350.000 euros, o bien la cantidad que el juzgado estimara oportuna en función de la gravedad de los hechos y su amplia difusión. En su demanda, el exmagistrado sostenía que “las expresiones empleadas por la señora Belarra carecen de un interés general legítimo y resultan ultrajantes y ofensivas”. Asimismo, recordaba que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece que la libertad de expresión, aunque tiene un amplio ámbito de protección, no es ilimitada. Por su parte, Ione Belarra ha defendido públicamente que los calificativos utilizados se enmarcan en el ejercicio de sus funciones como diputada, dentro de la libertad parlamentaria para valorar la actuación de García Castellón.
Primero, al Supremo
Inicialmente, el exmagistrado presentó la demanda ante el Tribunal Supremo, pero este órgano declinó la competencia al considerar que las manifestaciones de Belarra en las redes sociales no se produjeron en el ejercicio directo de su cargo, a pesar de su condición de aforada. La Sala Civil del Supremo determinó que el caso correspondía a los juzgados de primera instancia, dejando en manos de García Castellón la continuación del procedimiento. La sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid.