El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha señalado que, aunque se trata de un "asunto judicializado", estarán "atentos y activos" desde el órgano de relevancia constitucional para que se respeten los derechos de todos los alumnos a Catalunya. Así lo ha manifestado el Defensor del Pueblo en una entrevista en Europa Press, después de ser preguntado por la sentencia del 25% de castellano en las escuelas catalanas. "Este es un asunto judicializado, pero estamos atentos y activos para que se respeten los derechos de todo el mundo", ha asegurado Gabilondo.
El 23 de diciembre pasado la institución inició una actuación de oficio ante la Conselleria de Educación a consecuencia de una situación concreta conocida como caso del menor de Canet de Mar. "Se preguntó sobre las medidas adoptadas para protegerlo en el ámbito docente y educativo, y como se aplicaría la legalidad vigente, además de la jurisprudencia en materia de utilización de la lengua vehicular a la enseñanza. Esta actuación continúa abierta", ha asegurado Gabilondo, quien|quién ha añadido que, mientras tanto, "ha intervenido el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y ha emitido una sentencia que obliga a establecer al 25% de enseñanza en castellano".
No hablar de porcentajes
Al mismo tiempo, ha recordado que, recientemente, la Generalitat aprobó una ley, con el apoyo del 80% del Parlamento, "en que se evita hablar de porcentaje y se concede en los centros -en virtud de su autonomía- la posibilidad de reforzar una lengua u otra en función de su contexto social y cultural, con el fin de garantizar el correcto conocimiento del castellano y del catalán". El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, explicó que la protección del catalán es una obligación y, en consecuencia, se garantizará que todos los alumnos tengan el pleno conocimiento igual que el español.
Durante la tercera mesa de diálogo entre el Gobierno central y el Gobierno catalán, celebrada el 27 de julio pasado en Madrid, el Ejecutivo apoyó la nueva ley del catalán que suprime el 25% del uso de la lengua en castellano y las dos administraciones acordaron medidas de protección de la lengua catalana, garantizando la autonomía de los centros educativos. De esta manera, los dos ejecutivos reconocieron la autonomía de cada centro escolar para reforzar una lengua y otra a su contexto social y cultural, como recoge la ley del catalán aprobada por el 80% del Parlamento.
La primera actuación del TSJC
De hecho, el TSJC suspendió por primera vez la petición de un padre de aplicar el 25% de castellano en un centro escolar. El tribunal tumbó las medidas cautelares que exigía una familia para que se implementara el porcentaje en una clase de una escuela de Barcelona. Por primera vez, el TSJC ha reconocido que no puede decretar estas medidas, puesto que hay una nueva normativa aprobada por la Generalitat que blinda el catalán. Se trata del decreto ley que aprobó el Govern a principios de junio que argumenta que no puede haber porcentajes en el aprendizaje de las lenguas. De este modo, el ejecutivo catalán ha neutralizado la sentencia que el TSJC elaboró para obligar a hacer un 25% de castellano en todas las escuelas e institutos. El Tribunal Superior, por lo tanto, ha puesto en pausa la petición de la familia a instancia de que se pronuncie el Tribunal Constitucional.