El PP ha establecido un decálogo de líneas básicas para negociar con Vox los gobiernos de Extremadura y de Aragón, las dos autonomías que ya han votado en el nuevo ciclo electoral. Los ciudadanos de Castilla y León lo harán el próximo 15 de marzo, y los andaluces lo harán, como tarde, este verano. Los populares reclaman que el “reparto de poder” con el partido de extrema derecha respete la “proporcionalidad” que han establecido las urnas. Es decir, ser coherente con la correlación de fuerzas de ambas formaciones. El partido de Alberto Núñez Feijóo también exige a los ultraderechistas la aprobación de los cuatro presupuestos de la legislatura. Precisamente este lunes, los dos partidos han hecho público que cambian de estrategia negociadora: Génova se implicará de forma directa en las conversaciones y Vox no exigirá cargos hasta en una segunda fase de la negociación, una vez ya se haya pactado el programa de gobierno.

Este lunes por la noche, Feijóo ha sido entrevistado en Onda Cero y ha señalado que este decálogo sirve para cualquier negociación, no solo para Vox. Ha aseverado que sus únicas “líneas rojas” son Bildu y el respeto a la Constitución. Por lo tanto, se abre a negociar con formaciones independentistas como Junts per Catalunya, pero siempre respetando las leyes que, según el PP, Sánchez se ha saltado amparado por un Tribunal Constitucional de mayoría progresista que ha avalado la ley de amnistía. De todas formas, ha explicado que este domingo por la noche mantuvo una llamada telefónica de una hora con Santiago Abascal, en la cual ambos acordaron empezar a negociar desde cero la articulación de gobiernos en Extremadura y Aragón. 

El pasado diciembre, en Extremadura, los populares capitaneados por María Guardiola consiguieron 29 diputados, casi el triple que los 11 de los ultras. Pero en el caso de Aragón, el PP consiguió 26 escaños; menos del doble que Vox, que se disparó hasta los 14. Sea como fuere, a pesar de que la formación de Santiago Abascal esté en auge, los populares continúan muy por encima que los voxeros. Es por eso que piden que se respete esta “proporcionalidad” en el reparto de poder. 

En el Documento marco para ordenar los acuerdos y dar gobiernos estables a la España autonómica, al cual ha tenido acceso este periódico, se defiende que cualquier acuerdo entre formaciones “respete la unidad nacional, el marco constitucional y el Estado de Derecho”. Este es el primer punto, que precede a la exigencia “de acatar el reparto competencial” que existe actualmente en el Estado. “En un momento de extraordinaria decadencia en España, tenemos el deber de velar por el respeto a las principales instituciones de la nación”, aseveran los populares en el tercer punto del decálogo, en el que también se comprometen a “proteger la separación de poderes, preservar el prestigio de las instituciones autonómicas y respetar al jefe del Estado”. El documento exige que los acuerdos “aseguren la estabilidad institucional” y alcanzar el “compromiso de aprobación de cuatro presupuestos”.

Por otro lado, el PP también pide un “principio de coherencia programática”. Es decir, que después de que ambas partes cedan en las negociaciones, los populares pueden “ampliar las ofertas con las que concurrió a las elecciones, pero no contradecirlas”. “La igualdad de los ciudadanos ante la ley y la defensa de la libertad deben ser la base de las medidas políticas acordadas”, señalan también los populares, que reivindican poder hacer las cosas “diferentes” del actual gobierno de Pedro Sánchez. Es decir: “No aceptar propuestas que supongan desigualdad entre ciudadanos por razón de territorio, ideología, lengua, sexo, origen u otra condición”.

Los “ámbitos prioritarios de acuerdo” del PP

A continuación, Feijóo insta a Abascal a “respetar la proporcionalidad que los ciudadanos establezcan en las urnas” a la hora de “repartirse el poder”, tanto en el ámbito legislativo como en el ejecutivo. Dicho esto, el PP, que reclama “no frustrar” a la ciudadanía y conformar gobiernos, menciona una serie de “ámbitos prioritarios de acuerdo”. Aboga por bajar los impuestos, reducir “la burocracia que asfixia a los autónomos y pequeños empresarios”, defender “a los agricultores, ganaderos y pescadores”, y rechazar las “políticas climáticas que destruyen el empleo, encarecen la energía y expulsan la industria”. Los populares también piden aumentar la oferta de vivienda, combatir “la ocupación ilegal”.

El PP, que acusa al gobierno de PSOE y Sumar de haber “perdido el control de su política migratoria”, defiende expulsar a los inmigrantes que cometan “delitos graves” o “convierta la delincuencia en su forma de vida”. También abogan por “prestigiar la maternidad” y “reivindicar el papel fundamental del padre” para fomentar la natalidad, así como “proteger” la infancia de los niños, acelerar en la “prohibición del burka y el niqab” y, de la misma manera, “condenar cualquier forma de violencia de forma inequívoca”. Y mete en el mismo saco el rechazo a “violencias políticas, terroristas, machistas, domésticas o de cualquier clase”.