El unionismo en bloque ha cargado contra la decisión de la Mesa del Parlament este viernes de presentar una querella contra el juez Pablo Llarena y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. En este sentido, Ciudadanos y el PP incluso han advertido que estudiarán si hay malversación de fondos públicos en esta medida. El PSC se ha desmarcado, pero ha criticado igualmente la decisión y se ha aferrado a las observaciones hechas por los letrados de la cámara.
La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha vuelto a apuntar contra el presidente del Parlament, Roger Torrent. En este sentido, ha denunciado que es una "vergüenza" que le envíe cartas al juez Pablo Llarena "diciéndole quién tiene que salir y entrar de la cárcel", y también que impulse querellas contra el mismo magistrado. "Los mismos letrados han dejado claro que no estaban de acuerdo", ha sostenido.
Arrimadas ha adelantado que presentarán una reconsideración de la decisión y que pedirán "hasta el último documento" de los recursos que se utilizarán, sin aclarar si presentarán una querella por malversación. Ha denunciado el uso de la cámara "como si fuera el gabinete de abogados del señor Puigdemont o el señor Sànchez". En esta línea, la presidenta del grupo liberal ha lamentado que Torrent "está siguiendo el mismo camino que la señora Forcadell, los mismos errores."
PSC no ve malversación
La portavoz del PSC Eva Granados se ha desmarcado sobre la posible malversación, argumentando que no se destinarán recursos extraordinarios, porque se ha encargado a los mismos letrados de la cámara. No obstante, la dirigente socialista ha manifestado que están en contra de la presentación de la querella.
"El enfrentamiento institucional es la peor forma de defender los derechos de los diputados", ha asegurado Granados en este sentido, que ha criticado un "uso partidista" de la institución. Además, ha afirmado que, de todos modos, "si el señor Sànchez hubiera estado aquí, no habría sido presidente, porque no tenía los votos necesarios".
PP: "Un caso de manual"
Finalmente, el diputado del PP Alejandro Fernández ha denunciado que "una vez más las fuerzas separatistas han impuesto de forma unilateral su criterio a los otros grupos e incluso a los letrados". En este sentido, ha asegurado que, durante la reunión, los letrados "han destacado que el bien jurídico a proteger no es el Parlament, sino unos diputados o un grupo político". En este sentido, Fernández ha avisado de que, "si finalmente presentan esta querella, podrían caer en malversación de fondos públicos".
"Parece un caso de manual", ha sostenido. El diputado popular ha dicho que lo estudiarán "a fondo". No ha querido adelantar ninguna acción concreta contra esta decisión de la Mesa.