La estupefacción en el Estado ante el avance imparable del coronavirus es la nota dominante. Seguramente Fernando Simón, rostro de la lucha española contra el coronavirus, no se esperaba ahora hace una semana la pregunta de la Cadena COPE: "¿Cómo explica que Alemania, con 15.000 casos positivos, tenga 44 difuntos, y España, con 18.000, superemos los 800?". La respuesta  del responsable del Ministerio de Sanidad no podía ser más elocuente: "No lo puedo explicar". El mismo Simón se mostraba convencido el 31 de enero de que España no tendría "más allá de algún caso diagnosticado" y que, si hubiera transmisión local, sería "muy limitada y muy controlada".

La realidad les ha pasado por encima: hoy España cumple dos semanas en estado de alarma, que se amplía por ahora dos semanas más. Y la tragedia va creciendo entre la improvisación de los responsables políticos. Cuando entró en vigor, los casos positivos eran 7.753 y los muertos, 288. Dos semanas más tarde, los positivos se han multiplicado por nueve (72.000) y los muertos se ha multiplicado por diecinueve (5.600). La cadena de errores, descuidos y negligencias que han acompañado la evolución de la curva han hecho más sangrante el drama. Esta misma semana se ha superado con creces los muertos de China, el origen de la pandemia.

El reproche más transversal de la oposición es que, a esta crisis sanitaria sin precedentes, el Gobierno ha llegado tarde y mal. Pero los errores han persistido también después. Finaliza una semana negra más para España, sobrepasada por la pandemia del coronavirus. Con tres ruedas de prensa diarias en La Moncloa, el problema no es de comunicación, sino político. Las miradas apuntan hacia el ministro Salvador Illa, que ni tan siquiera tenía experiencia en la materia.

Un confinamiento improvisado

La sensación en la capital del Estado es que todo se ha hecho desde la improvisación, empezando por el mismo decreto de estado de alarma, que el Gobierno se resistió a aplicar hasta que no quedó otra opción. Que se tendría que prorrogar más allá de los quince días preceptivos, ya se daba por hecho. No que se tendría que ir modificando el decreto sobre la marcha, para endurecerlo. Se han tenido que modificar los sectores autorizados a abrir sus negocios, restringir más la movilidad de larga distancia... Para acabar decretando este sábado el confinamiento total (que dejó sorprendidos incluso a sus socios). Pararlo todo menos los servicios esenciales, como pedía el president Quim Torra y otros presidentes autonómicos, que se encontraron con un portazo. Y eso que, durante días, desde La Moncloa se ha insistido en que estas ya eran "las medidas más drásticas de Europa y del mundo".

coronavirus ifema hospital uci pacientes sanidad - Efe

Los hospitales, al límite y desprotegidos

En parte por los años de recortes de la sanidad pública y en parte por el avance imparable de la pandemia, la sanidad pública ha llegado a una situación límite, cerca del colapso. Tanto es así que, especialmente en Madrid y Catalunya, se han tenido que improvisar hospitales de campaña, como el de IFEMA en Madrid, y camas de Unidades de Cuidados Intensivos, comprando respiradores a contrarreloj. Antes de esta crisis, España tenía un total de 4.600 camas de UCI. Hoy ya hay 4.165 pacientes en UCI por coronavirus. Los hospitales están sobrepasados, y los profesionales sanitarios, que no disponen del material necesario, también. Este viernes ya eran 9.444 los sanitarios infectados, casi un 15% del total de casos registrados en el Estado. Los equipos de protección individual (EPI) necesarios siguen sin llegar.

La tragedia de las residencias

Hasta que los militares no pusieron los pies esta semana, no se conoció la magnitud de la tragedia: El ejército encuentra cadáveres conviviendo con personas mayores en residencias. Inicialmente se hablaba de unos casos contados pero ya se cuentan por centenares e incluso miles. Sólo en las residencias de la Comunidad de Madrid han muerto este mes 1.065 ancianos (760 en los mismos centros y 305 en hospitales). Son el segmento de la población más vulnerable frente al virus. En ellos la letalidad se multiplica. Y se han encontrado abandonados en residencias. Una vez descubierta la tragedia, pasados unos cuantos días de crisis, ahora las Fuerzas Armadas corren a entrar en las residencias, la gran mayoría de las cuales son privadas.

test|tiesto coronavirus EFE

640.000 tests defectuosos

El sábado pasado, Pedro Sánchez presumía desde el Palacio de La Moncloa de haber comprado hasta 640.000 tests rápidos de coronavirus, que llegarían hasta el millón. "Se trata de tests fiables y homologados" y "con todas las garantías sanitarias", aseguraba. Una semana después, el Ministerio de Sanidad ha tenido que devolver 640.000 tests a China —58.000 de los cuales ya habían llegado—, que había comprado a través de un proveedor español. El motivo: eran defectuosos. Su sensibilidad era tan baja que no permitía detectar si una persona estaba contagiada. El Gobierno aclara que el fabricante chino, Shenzhen Bioeasy Biotechnology, ha asumido la devolución y hará llegar tests que cumplan los requisitos. El problema añadido es que la empresa en cuestión ni siquiera cuenta todavía con la licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos de China, según la embajada china en España. Mientras, España está sin los tests rápidos que hace días que necesita.

Centralización ineficaz

En la respuesta a esta crisis, los gobiernos autonómicos y locales siempre han ido por delante del gobierno central. Se vio, por ejemplo, con el confinamiento de la población, que llegó antes por los gobiernos de Catalunya y Madrid. No obstante, y alegando razones de "eficiencia", La Moncloa decidió ejercer el mando único con el decreto de estado de alarma y centralizar competencias como las de Sanidad, hasta entonces totalmente transferida a las autonomías. Centralizó la compra, cuando las consejerías ya tenían los equipos técnicos y la experiencia para moverse en estos mercados. El resultado ha sido justo el contrario del esperado: ineficiencia. El mejor ejemplo es el de los tests, pero también el de las mascarillas. Gobiernos autonómicos de todos los colores han sufrido las consecuencias, por ejemplo con el desabastecimiento de material sanitario. Incluso los dirigentes más centralistas han acabado abriendo los ojos y sublevándose contra la centralización.

exèrcit espanyol militar - EFE

Plan de choque con lagunas

La lucha contra el coronavirus tiene graves consecuencias económicas, especialmente en términos de destrucción de puestos de trabajo. Por eso, el Gobierno anunció a bombo y platillo un plan de choque económico y social de 200.000 millones de euros para hacerle frente, que llegó con retraso por las fuertes discrepancias internas del Consejo de Ministros. Pero, en el terreno empresarial y productivo, se ha olvidado de los más pequeños: ni ha congelado las cuotas de los autónomos, ni ha exonerado a las pymes de los impuestos. Y no ha sido hasta este viernes que ha prohibido los despidos "aprovechando" el coronavirus. En el terreno social, La Moncloa también vendió con gran entusiasmo la moratoria del pago de hipotecas para los sectores más vulnerables y afectados (con unas condiciones draconianas). Una vez más, se olvidaba de la parte más importante del pastel: los inquilinos. En estos momentos, alrededor de dos tercios de los desahucios que se producen en España son de personas que viven de alquiler. El ejecutivo de coalición sigue "estudiando" alternativas.

Militarización de la crisis

En lugar de ser los sanitarios o los científicos, los uniformados son la cara más visible de la gestión de la crisis en España. No sólo la Policía Nacional y la Guardia Civil, sino también el Ejército español, que ya se ha desplegado por todas las comunidades autónomas. En la sala de prensa de La Moncloa hay cada día tres uniformados y un solo doctor. Desde allí, el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el catalán Miguel Ángel Villaroya, ha impuesto una retórica belicista, entre arengas militares y monárquicas. "En esta guerra todos somos soldados", decía el general dirigiéndose a los 47 millones de españoles. Sobre el terreno, la Unidad Militar de Emergencias (UME), que es el principal cuerpo que actúa, está infrafinanciada. Su asignación es de 31 millones de los 10.200 millones de gasto de Defensa.

Salvador Illa Congres coronavirus EFE

Illa, en el punto de mira

El máximo responsable de la gestión de la crisis coronavirus tiene nombre y apellido: Salvador Illa. La pandemia ha cogido al ministro catalán a pie cambiado. El secretario de organización del PSC, y pieza clave de las negociaciones de la investidura con ERC, fue situado en esta cartera para sentarle en el Consejo de Ministros y, por lo tanto, poder sentarle en la mesa de diálogo bilateral con la Generalitat. Al estar las competencias transferidas a todas las comunidades, no esperaban que tuviera muchos quebraderos de cabeza. Pero llegó el coronavirus, sin ni siquiera tener experiencia en la materia. "Intento ser un ministro decente, pero no soy médico, lo saben desde el primer día", reconocía Illa este jueves a la comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Pero la crisis sanitaria requiere de doctores.

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