El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado este martes aplazar la respuesta sobre si acepta o no aplicar la amnistía al secretario general de Junts, Jordi Turull, al líder de ERC, Oriol Junqueras, y a los exconsellers Dolors Bassa y Raül Romeva, según han informado fuentes del órgano de garantías a ElNacional.cat. El TC tenía en el orden del día responder, por separado, las peticiones de los presos políticos condenados por el 1-O, para que de forma cautelar les levante la inhabilitación a cargo público hasta los años 2030 y 2031 que el Tribunal Supremo les mantiene. El alto tribunal español, en un razonamiento extravagante, asegura que se enriquecieron con el 1-O y rechazó aplicarles la norma del olvido penal en el caso el delito de malversación por el cual fueron condenados, además del de sedición, derogado por el Gobierno del PSOE. Fuentes del TC aseguran que esta medida “no es excepcional” cuando se inicia una deliberación y que se ha aplazado el tema para el próximo pleno, de aquí quince días, para “unificar los argumentos”.
La previsión es que el TC rechace aplicar la amnistía a los políticos catalanes antes de dictar sentencia, ya que, como indica en otras resoluciones, sería entrar en el fondo del tema. La Fiscalía ya se posicionó en contra de aplicarles ya la amnistía, al asegurar que no hay elecciones a la vista, que perjudique su situación actual. En concreto, el magistrado conservador José María Macías es el ponente de la demanda presentada por Turull contra la negativa del Supremo. En el caso de Junqueras y Romeva es el magistrado también conservador César Tolosa, mientras que en el de Bassa, es el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, del bloque llamado progresista.
El caso de Puigdemont, Comín y Puig, pendiente
Paralelamente, el Tribunal Constitucional también tiene pendiente de resolver si aplica la amnistía de forma cautelar al president en el exilio, Carles Puigdemont, los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, que no pueden volver a Catalunya desde hace ocho años porque el Supremo los mantiene la orden de detención en el Estado español por el caso del Referéndum del 1-O.
El órgano de garantías ya rechazó, en verano, de aplicarles la amnistía de forma cautelarísima, es decir, sin consultar a la Fiscalía ni al resto de partes. Y, actualmente, el TC tiene que resolver si les aplica la medida cautelar, de la cual ya se apunta que será descartada, como en el caso de los presos políticos.
El constitucional ya avaló la ley de amnistía y se espera que a finales de año el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) también le dé su visto bueno, después de la positiva respuesta del abogado general del TJUE, asegurando que con la ley no se afectaba a fondos ni directivas de la Unión.