El PSOE y Unidas Podemos han dado un golpe en la mesa para desbloquear el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y este viernes presentarán dos enmiendas a la reforma del Código Penal que se tramita en el Congreso, según avanzó este jueves eldiario.es. La primera enmienda reformará la Ley orgánica 6/1985 del Poder Judicial para cambiar la mayoría de tres quintos que tiene que sumar el CGPJ en la elección de los dos magistrados en el Constitucional que le corresponden, de manera que ahora establece un nuevo sistema por el cual se nombrará a los dos magistrados que saquen más votos.

Votación única

Según el citado diario, la modificación incluye uno nuevo redactado del artículo 599.1.1a de la ley del Poder Judicial para que, en un plazo de cinco días hábiles, "los vocales del Consejo puedan proponer a la presidencia candidatos a magistrado del Tribunal Constitucional", con un máximo de un candidato por cada vocal. Así, de acuerdo con la enmienda, cerrado el plazo de candidaturas, la persona al frente de la presidencia, "tendrá la obligación de convocar un pleno extraordinario para proceder a la elección de los dos magistrados", que tendrá que celebrarse "en el plazo máximo de tres días hábiles desde su convocatoria".

En este pleno extraordinario, las candidaturas se someterán a votación de los vocales presentes, sin obligación de un cuórum mínimo y una votación única que no tendrá carácter secreto. Así, cada vocal podrá votar solo a unos de los candidatos, resultando escogidos los dos magistrados que hayan obtenido un mayor número de votos, y no tres quintos de los emitidos, como lo que pasaba hasta ahora, explica eldiario.es, que además, indica que el Gobierno cree que el bloqueo actual se resolvería en unos 11 días hábiles desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Además, con el fin de proteger esta renovación, el gobierno de coalición ha añadido una cláusula que indica que, en caso de que los vocales o el presidente del CGPJ insistan en el bloqueo, se incurrirá en responsabilidades "de todo orden, incluida la penal".

Eliminación de la verificación del TC

La segunda enmienda modificará la Ley orgánica 2/1979 del Constitucional, de manera que si pasados los 9 años y 3 meses de mandato de los magistrados propuestos por el CGPJ y por el Gobierno, "uno de estos dos órganos no hubiera hecho su propuesta", se procederá "a la renovación de los magistrados designados por el órgano que haya cumplido con su deber constitucional". Así se acaba con el debate sobre si la renovación por tercios, que en este caso es de dos escogidos por el Gobierno y dos por el máximo órgano de gobierno de los jueces, tiene que hacerse conjuntamente, y se elimina la necesidad de verificación por parte del Tribunal Constitucional de los nuevos magistrados.

Además, se añade un apartado al artículo 19 de la ley del Constitucional que implica que el Congreso, Senado, CGPJ y Gobierno sean los que estén obligados a comprobar que los magistrados escogidos cumple con los requisitos, a la vez que se estipula una nueva causa de cese, según la enmienda, "para no cumplir con los requisitos previstos en el artículo 159.2 de la Constitución". Con estas dos enmiendas, el Gobierno se asegura el desbloqueo de las designaciones del magistrado de la Audiencia Nacional y exministro, Juan Carlos Campo, y de la catedrática de Constitucional y exdirectora general de Presidencia, Laura Díez como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.