El de hoy ha sido un simple trámite: la comisión de investigación de la operación Kitchen se ha constituido en el Congreso de los Diputados. Lo que vendrá después de Fiestas ya es política en estado puro. La misión: presionar a un Pablo Casado que insiste en bloquear la renovación de órganos como el Consejo General del Poder Judicial. Para conseguirlo, el PSOE y Unidas Podemos, además de los partidos independentistas, se han aliado para habilitar el mes de enero (que como julio y agosto es inhábil para las Cortes españolas). Así, la comisión que investigará el espionaje del PP e intento de robo de pruebas a Luis Bárcenas empezaría a trabajar a toda máquina. Pero también la comisión de Justicia, que abordará la reforma para limitar las funciones del CGPJ de Carlos Lesmes.
El objeto concreto de la comisión es "la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción durante los mandatos de gobierno del Partido Popular". La sesión constitutiva, presidida por Meritxell Batet, ha nombrado como presidenta a la socialista Isaura Leal, como vicepresidentes a Enrique Santiago (Unidas Podemos) y Carlos Rojas (PP) y como secretarios a Andrea Fernández (PSOE) y Ana Vázquez (PP).
No es poca cosa lo que puede pasar en enero --antes de las elecciones catalanas del 14-F-- en la comisión de investigación de la Kitchen. Una vez constituida, la comisión ya tendrá que aprobar el plan de trabajo del órgano, que incluye la lista de comparecientes. Hay cierto consenso para llamar a declarar al expresidente Mariano Rajoy y el excomisario José Manuel Villarejo. Pero la formación de Pablo Iglesias también está apretando para que sea citado Pablo Casado como compareciente.
El otro flanco es el bloqueo de la renovación del CGPJ, con el mandato caducado desde hace más de dos años. Sin embargo, el pleno presidido por Carlos Lesmes ha seguido haciendo decenas y decenas de nombramientos de magistrados. Justamente con eso quiere acabar el Gobierno. La semana pasada, pusieron la primera piedra, en un movimiento que también buscaba presionar a Pablo Casado. La reforma de la ley del poder judicial para limitar las funciones superó el primer trámite en el Congreso de los Diputados con una amplia mayoría. La Moncloa está a la espera de que el PP acceda finalmente a renovarlo, algo que hasta ahora ha sido imposible. De aquí todos los puntos de presión.
"Operativo parapolicial"
Según el magistrado instructor de la Audiencia Nacional, los "órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado" crearon un "operativo parapolicial" que actuó, al margen de la ley, "al menos entre los años 2013 y 2015". Su objetivo, conseguir "material documental comprometedor de altos dirigentes" de Luis Bárcenas, extesorero del PP, y así neutralizar las amenazas políticas en el gobierno de Mariano Rajoy. Se le realizaron hasta 55 seguimientos sin orden judicial, según las informaciones publicadas del sumario del caso. El principal objetivo fue su chófer, Sergio Ríos, que habría cobrado 53.000 euros para robarle documentación, entre la que hay audios comprometedores.