La comisión del Estatuto del Diputado del Congreso de los Diputados ha establecido el próximo 11 de junio como fecha para que la portavoz de JxCAT en la cámara baja, Laura Corràs, presente las alegaciones contra la concesión del suplicatorio que reclama el Tribunal Supremo. La comisión tiene que elaborar un dictamen que se elevará al pleno del Congreso. En caso de que el pleno lo acepte, el Supremo tendrá vía libre para investigar a Borràs, a quien atribuye supuestos delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación de dinero público y falsedad documental en la etapa en que era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
La comisión ha acordado la fecha este viernes después de que la Mesa del Congreso de los Diputados acordó el pasado martes remitirle la decisión sobre el suplicatorio. Ahora la comisión tiene que emitir un informe sobre si procede levantar el aforamiento a la portavoz de JxCAT que después se someterá a criterio del pleno.
En el Supremo el encargado de vehicular la petición de suplicatorio ha sido el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, que ha enviado un oficio al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, para que traslade el suplicatorio a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet.
Esta petición va acompañada de los argumentos por los que el instructor de la causa, el magistrado Eduardo de Porres, considera que hay que juzgar la portavoz de JxCat. De Porres ya citó a declarar a Borràs en el Supremo el 14 de febrero. Se trataba de una declaración voluntaria en calidad de investigada, pero la diputada declinó la petición.
Todo después de que el pasado 17 de diciembre el Supremo abrió la causa contra Borràs siguiendo las actuaciones del Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, a quien la defensa de la portavoz de JxCAT acusa de iniciar una investigación judicial "prospectiva" con motivaciones políticas.
Entonces el Supremo consideró que había motivos para seguir la causa contra Borràs porque los hechos descritos por el juzgado de Barcelona "podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, fraude a la administración malversación de dinero público y falsedad documental".
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