Cándido Conde-Pumpido es el presidente del Tribunal Constitucional desde enero de 2023 y hasta ahora no había concedido nunca una entrevista a ningún medio de comunicación. El magistrado ha roto esta costumbre concediendo una entrevista exclusiva al diario El Mundo, que se podría decir que es el tema más relevante de las portadas de la prensa escrita de este domingo. Cándido-Pumpido ha concedido la entrevista con motivo del VI Congreso Mundial de Justicia Constitucional que se celebrará en Madrid a partir del próximo 28 de octubre, donde se reunirán 122 tribunales y consejos Constitucionales de los cinco continentes, pero durante la conversación, hace un extenso repaso de la actualidad judicial donde, entre otros, defiende la constitucionalidad de la ley de amnistía, la imparcialidad e independencia del alto tribunal y opina sobre las continuas divisiones ideológicas internas. El magistrado adopta una posición institucional, didáctica y defensiva, donde explica con detalles los fundamentos jurídicos de su posición sobre la amnistía y responde a las críticas sobre la politización del tribunal, pero el rotativo destaca especialmente aquellas declaraciones que más le interesan editorialmente, con un titular principal que dice así: “Quien esté políticamente contra la amnistía tiene muchos argumentos para estarlo”, y otros destacados donde critica los comentarios de algunos miembros del gobierno de Pedro Sánchez donde, según El Mundo, han mostrado su confianza en que el TC adopte resoluciones favorables a los intereses del ejecutivo: “Me parece absolutamente inapropiado que el Gobierno (español) insinúe que el TC dictará resoluciones favorables a sus intereses”, afirma.
La ley de amnistía y su constitucionalidad
Pero a lo largo de la entrevista, Cándido-Pumpido ofrece varios argumentos jurídicos y constitucionales para defender la validez de la ley de amnistía. Por un lado, sostiene que la amnistía no está prohibida en la Constitución y que, por lo tanto, el Parlamento tiene competencia para aprobarla. Subraya que la ley será analizada por el TC “sin condicionantes políticos” y distingue entre la legitimidad política del debate y la constitucionalidad jurídica. “La Constitución no se refiere de manera expresa a la amnistía. […] En todo el conjunto de la Unión Europea al que nosotros pertenecemos hay países que tienen constituciones que sí hablan de la amnistía y no es algo contrario al Estado de derecho”, explica el magistrado, quien argumenta que el TC no juzga la oportunidad política de la norma, sino solo su adecuación constitucional. Respecto a la falta de consenso, que los opositores argumentan, afirma que “entiendo que este es un argumento político […] Todas aquellas personas que estén políticamente en contra de la amnistía tienen muchos argumentos para estarlo, pero el TC debe ver si esta es una ley orgánica, que cumple con la exigencia de la mayoría absoluta y así se aprobó en el Congreso; entonces nosotros decimos que es constitucional”.
Y aunque aclara que quien se oponga políticamente a la amnistía tiene razones legítimas para hacerlo, insiste en que desde el punto de vista jurídico la ley es constitucional porque cumple los requisitos formales. El argumento jurídico se basa en el hecho de que “la doctrina que ha mantenido este tribunal desde hace 45 años es que la vinculación de la Constitución con el Parlamento es negativa. El Parlamento no puede hacer aquello que la Constitución le prohíba explícitamente o implícitamente”, y concluye: “¿Por qué unos parlamentarios constituyentes que en el año 77 acababan de aprobar una amnistía general iban, en el año 78, a prohibir a las generaciones futuras hacer aquello que ellos mismos acababan de hacer? Es absurdo”.
La incuestionable independencia del TC
Cándido-Pumpido hace una defensa acérrima de la independencia del TC, y denuncia tres amenazas: la interferencia política, el incumplimiento de sus resoluciones y las campañas mediáticas que los desacreditan. Afirma que el TC es “absolutamente independiente” y critica tanto al Gobierno como a la oposición por intentar presionar al tribunal. Considera “absolutamente inapropiado” que miembros del Ejecutivo insinúen que las sentencias favorecerán sus intereses. “Cuando digo que uno de los problemas para la independencia son precisamente las interferencias políticas, estas pueden venir de cualquier lado: del Gobierno o de la oposición”. Cándido-Pumpido deja claro que “a mí me han elegido como presidente los magistrados de este tribunal. El TC hará y ha hecho en cada momento aquello que ha considerado procedente” y advierte que “quien descalifica al Tribunal desde la política se descalifica a sí mismo”, afirma en relación con las campañas mediáticas que, según él, buscan desprestigiar su tarea.
La división ideológica interna
Respecto a la división ideológica y la dinámica interna del TC, su presidente afirma que reconoce que en los asuntos de mayor trascendencia política hay divisiones ideológicas en el tribunal, pero recuerda que “de 512 sentencias, 350 han sido por unanimidad. […] Es más bien, como diría yo, una leyenda urbana [dice en referencia al 7-5, que representa la fuerza relativa de los dos bloques ideológicos, con siete votos procedentes de magistrados propuestos por el PSOE y sus aliados, y cinco por el PP y próximos a posiciones de centroderecha]. Es cierto que en aquellos asuntos con una cierta trascendencia política, donde las posiciones ideológicas de cada uno están muy marcadas, se puede predeterminar que la mayoría dará un determinado resultado. Pero eso pasa en todos los lugares donde los problemas se resuelven por mayoría”. Cándido-Pumpido, sin embargo, rechaza la idea de que el “bloque progresista” actúe de manera automática y afirma que la polarización es inevitable en cuestiones con un fuerte contenido político.
¿Qué dicen en el resto de portadas?
En cuanto al resto de las portadas, El País sigue rascando en el fracaso de la opa del BBVA sobre el Sabadell, y dedica el titular principal de su información, sobre la intrahistoria del desenlace de la operación, a la felicitación de Carlos Torres, presidente del banco vasco, a Josep Oliu, su homólogo del banco catalán: “Enhorabuena, Josep, ha sido una sorpresa”. El ABC abre su portada con una gran fotografía de una Gaza en ruinas, y el titular “70.000 millones y varias décadas para reconstruir Gaza”, por una destrucción “sin precedentes en la época moderna”, según los expertos consultados, con el “84% de los edificios dañados después de dos años de asedio”. El titular secundario es para denunciar que el Congreso gastó más de 130.000 euros en el viaje de seis diputados de PSOE y sus socios a China, en una delegación de la Comisión de Asuntos Exteriores. La Razón, por su parte, presenta como tema principal una entrevista con Alma Ezcurra, número tres del PP, en el que afirma que “Barajas es el gran coladero de migrantes irregulares”.
En Cataluña, los coletazos de la opa también dominan las portadas de los dos principales diarios. La Vanguardia abre con una entrevista con el presidente del Sabadell, Josep Oliu, y el consejero delegado, César González-Bueno, en la que aseguran que “el Banco Sabadell sale de la opa muy fortalecido en España”. La fotografía principal del diario de los Godó es para las manifestaciones multitudinarias bajo el lema No Kings, en Estados Unidos, y afirma que cientos de miles de personas protestan contra las políticas autoritarias de Donald Trump. El triunfo agónico del Barça ante el Girona (2-1) gracias al gol de Araujo en tiempo de descuento, ocupa esta vez un espacio más reducido. En El Periódico, por su parte, abre con una entrevista exclusiva con Carlos Torres, presidente del BBVA, donde valora el fracaso de la opa como “una oportunidad perdida para todos: clientes, accionistas, Cataluña, España y Europa”. El diario Ara también destina la parte noble de la portada a las manifestaciones y afirma que “EEUU sale a la calle contra Trump”, mientras que El Punt Avui dedica su habitual dossier al sector de las motos, que se quiere revitalizar a partir del vehículo eléctrico.
