De acuerdo en el espíritu, pero cuestionando el procedimiento. La Comisión de Venecia, el órgano consultivo del Consejo de Europa, se ha pronunciado sobre la ley de amnistía y presenta argumentos que podrán exhibir tanto el Gobierno y los independentistas como el Partido Popular. Con respecto al objetivo que el PSOE ha querido imprimir a la norma, la Comisión avala las leyes de amnistía para la “reconciliación social y política” y la “unidad nacional”, ya que considera que son “objetivos legítimos en interés de la comunidad”. Ahora bien, el organismo discrepa en tres cuestiones que tienen relación con las formas del trámite parlamentario: reprueba que se haya tramitado de urgencia (cosa que reduce los plazos a la mitad), critica que se registrara una proposición de ley de un grupo parlamentario y reclama que sería necesaria una mayoría cualificada (más amplía que la absoluta).
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Son algunas de las conclusiones del dictamen definitivo, que no es vinculante, que se ha aprobado por unanimidad en la sesión celebrada este viernes en Venecia y en la que han participado el presidente del Senado, Pedro Rollán (del PP), y la secretaria segunda de la Mesa del Congreso, Isaura Leal (del PSOE). Así consta en una nota de prensa distribuida a los medios de comunicación, a la espera de que el próximo lunes se pueda consultar el informe íntegramente. El órgano, que visitó España el jueves 8 y el viernes 9 de febrero, responde así a la demanda que hizo el Senado en diciembre y, al mismo tiempo, a la petición del presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Tiny Kox, de elaborar un estudio sobre “los requisitos de Estado de derecho que tiene que cumplir una amnistía”.
Sobre la tramitación parlamentaria de la amnistía, la Comisión de Venecia considera, en primer lugar, que “los procedimientos legislativos acelerados no son adecuados para la adopción de leyes de amnistía, vistas sus consecuencias de gran alcance y su carácter a menudo controvertido”. En segundo lugar, critica que la iniciativa se registrara como proposición de ley (de un grupo parlamentario) y no como proyecto de ley (del Gobierno). Esto supone “un procedimiento de consulta limitada a la ciudadanía, a los agentes y a otras instituciones del Estado”. Finalmente, recomienda a las autoridades que “intenten alcanzar una mayoría cualificada superior a la mayoría absoluta”, que es la exigida por la Constitución para aprobar una ley orgánica. En el Congreso de los Diputados, las mayorías cualificadas pueden ser de tres quintas partes (210 diputados) o de dos tercios (234 diputados).
Además, también recomienda “restringir y definir de manera más precisa el ámbito material y temporal” de la amnistía para “hacer más previsibles los efectos” y establecer un “vínculo de causalidad más estrecho” entre los hechos de malversación y corrupción y la preparación, la celebración y las consecuencias del 9-N y el 1-O.
Comparte la exclusión de las “graves violaciones de los derechos humanos”
En relación con el terrorismo, la Comisión de Venecia apunta que las amnistías “solo son compatibles con las normas internacionales” si excluyen de su ámbito de aplicación las “graves violaciones de los derechos humanos”. ¿Y qué dice finalmente la ley de amnistía? El redactado excluye los actos que “por su finalidad puedan ser calificados de terrorismo” según la directiva europea relativa a la lucha contra el terrorismo, siempre que “hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos”. En particular, menciona las reguladas en el derecho internacional humanitario y a los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, referentes al derecho a la vida y a la prohibición de la tortura.
No ve problemas en la separación de poderes
La Comisión de Venecia también asevera que el levantamiento de las órdenes de detención y de las medidas cautelares no afecta a la separación de poderes siempre que “sea consecuencia de un fallo judicial”: señala que, para ser coherentes con el principio de separación de poderes, “la decisión sobre los beneficios individuales de la amnistía” la tiene que tomar “un juez de acuerdo con los criterios contenidos en la ley de amnistía”. Sostiene que “una amnistía no se tiene que diseñar para cubrir personas concretas” y arguye que, en términos generales, “las amnistías tienen como efecto la anulación o impedimento de decisiones y procedimientos judiciales”.
¿Qué ha analizado y ha estudiado la Comisión de Venecia?
Según indica su comunicado, la Comisión de Venecia ha analizado “las disposiciones relevantes” de la versión de la proposición de ley del 13 de noviembre de 2023, la que registró al PSOE en solitario en el Congreso, y también “ha tenido en cuenta hasta cierto punto” las enmiendas que se aprobaron la semana pasada fruto del acuerdo entre el PSOE, Junts y ERC. El organismo también deja claro que no se pronuncia ni sobre “la conveniencia del proyecto de amnistía ni sobre su idoneidad para alcanzar el objetivo declarado”, dado que son “decisiones políticas”, y tampoco sobre su constitucionalidad, que corresponde al Tribunal Constitucional, ni sobre su compatibilidad con el derecho de la Unión Europea, que podría ser objeto de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Invita al PP y el PSOE a un “diálogo con espíritu de cooperación”
En su dictamen definitivo, la Comisión de Venecia acredita que la amnistía “ha profundizado una división profunda y virulenta en la clase política, las instituciones, el poder judicial, el mundo académico y la sociedad española” y “anima” a todas las autoridades y fuerzas políticas españolas a “dedicar el tiempo necesario para un diálogo significativo con espíritu de cooperación leal entre las instituciones del Estado”, así como entre el Gobierno y la oposición, con el objetivo de conseguir “la reconciliación social y política”. También pone sobre la mesa la posibilidad de explorar “procedimientos de justicia restaurativa”.
Recomienda que los jueces no comparezcan a las comisiones de investigación
Finalmente, la Comisión de Venecia también se pronuncia sobre las comisiones de investigación del Congreso de los Diputados acerca de la Operación Catalunya, de la verdad de los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017 y del espionaje de Pegasus a líderes políticos, activistas, abogados y periodistas. Recuerda que la finalidad principal de las comisiones parlamentarias de investigación es “supervisar y controlar la tarea del poder ejecutivo” y recomienda que “no tengan el mandato de convocar, ni siquiera de invitar” a los jueces a “informar del fondo de sus casos a nadie ajeno al Poder Judicial”.