El PP ha utilizado la mayoría en el Senado para pedir a la Comisión de Venecia un dictamen sobre la amnistía, cuya ley se ha impulsado "a costa del consenso parlamentario" y delante de un ancho "rechazo" tanto social como jurídico. La nueva portavoz popular en la cámara alta, Alicia García, ha registrado la solicitud este miércoles por la mañana y la Mesa se ha reunido de urgencia para aprobarla, con el objetivo que el informe también se emita de manera urgente —después de que el Congreso encauzara la norma este martes entre aspavientos sobre golpistas, dictadores y guillotinas—.
La Comisión de Venecia o Comisión Europea para la Democracia por el Derecho es un órgano consultivo del Consejo de Europa para asesorar sobre cuestiones constitucionales que promuevan el pleno con respecto a los derechos fundamentales. Ahora, el PP le ha pedido mediante el Senado que aclare los criterios "de índole general que considera necesarios para que una medida como la amnistía resulte acuerdo con los estándares del estado de derecho". "¿Es compatible con los criterios de la Comisión la posibilidad de amnistiar los delitos de terrorismo en los términos señalados? ¿Considera aceptable y acuerdo a los estándares de un Estado Constitucional y democrático de derecho que la amnistía se apruebe para delitos de malversación y corrupción?", son dos preguntas más.
Las preguntas del PP a la Comisión
En esta línea, los populares quieren que el órgano se pronuncie sobre si la amnistía "supone una infracción del principio de división de poderes" y si se pondría en riesgo "la independencia judicial y la separación de poderes" en caso de que finalmente se apruebe. "Pedimos este dictamen porque el Gobierno y el Partido Socialista quieren que haya oscuridad, pero nosotros queremos transparencia e información", ha asegurado García. También recuerdan que "el único precedente" de una ley de amnistía fue la que "abrió la transición a la democracia en 1977, aprobada casi unánimemente por las Cortes, antes de la aprobación de la Constitución."
El PP argumenta que la proposición de ley de amnistía es el resultado de la investidura de Pedro Sánchez después de una "negociación" en la cual "han intervenido directamente a algunos políticos que se beneficiarán" de la norma y que "no han mostrado ninguna voluntad de arrepentimiento de las conductas por las cuales han sido condenados por tribunales independientes o están incursos en procesos judiciales". Así, remarca que la toma en consideración en el Congreso se ha efectuado "a costa del consenso parlamentario" y de "romper la relación política entre los partidos de la mayoría", a la vez que considera que ha provocado "una gran división en la sociedad española", así como "el rechazo muy amplio del mundo judicial y jurídico".