La Comisión de la Dignidad ha presentado un recurso contencioso-administrativo a la Audiencia Nacional para reclamar el retorno definitivo de los documentos de Salamanca pendientes. La petición, presentada por el abogado Josep Cruanyes, pide la transferencia de la documentación a la Generalitat de la Comisaría de Orden Público de Catalunya, la de la masonería catalana -la última de particulares y entidades privadas que queda pendiente-, la de justicia - una competencia de la Generalitat republicana que incluye, por ejemplo, indultos firmados por Companys- y la de los 47 ayuntamientos catalanes.

El 5% de la documentación

De hecho, esta documentación se trata del 5% que todavía queda para entregar, después de que el 95% restante se haya entregado en los últimos años gracias a la lucha, en gran parte, de la Comisión de la Dignidad. En la misma demanda también se insta la Generalitat a comparecer de la Generalitat como parte interesada en la comisión mixta con el Ministerio de Cultura.

Desde la Comisión de la Dignidad se espera que el Gobierno reclame también la documentación de varios departamentos del gobierno catalán del periodo republicano, requisado por las tropas franquistas en 1939 y localizados en el Archivo del Ejército de Ávila. El junio pasado, la entidad presentó un requisito de inactividad que el Ministerio de Cultura tenía tres meses para responder. Superado el periodo y sin haber recibido respuesta, la Comisión ha presentado un recurso contencioso-administrativo al departamento que capitanea Miquel Iceta.

Critican a Iceta por "poco sensible"

El texto reclama el cumplimiento de la transferencia de documentación a la Generalitat en cumplimiento de la ley de retorno 21/2005 con respecto a la Documentación de la Comisaría de Orden Público de Catalunya, que una sentencia de la Audiencia Nacional del 2008 y del Supremo de 9 del 2010 establecieron que tenía que ser transferida. En un comunicado, la Comisión de la Dignidad lamentan que Iceta sea "tan poco sensible" a la hora de completar la restitución "de una injusticia reconocida por una ley". "Hace 83 años que el estado con su actitud obstructiva mantiene la impunidad. El Gobierno tiene el deber de repararlas devolviéndoles la documentación que los requisó en 1939 por la fuerza de las armas", concluye la entidad en una nota.

 

Los Papeles de Salamanca

Los conocidos popularmente como 'Papeles de Salamanca' son toda la documentación de las administraciones y organizaciones públicas y privadas catalanas que los sublevados expoliaron en su avance sobre Catalunya durante la Guerra Civil, en 1939, y que se llevaron al cuartel general de Franco en Salamanca para ser evaluados. A partir de 1979 estarían a cargo del Archivo Histórico Nacional español; y, desde 1999, al Archivo General de la Guerra Civil, también en Salamanca.

Desde la Transición y durante décadas existía la reivindicación para devolver estos documentos, y el punto álgido del conflicto fue durante el primer gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008). En el 2005 se aprobó la ley L21/2005 para ejecutar el retorno de los documentos. En el 2013, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso de inconstitucionalidad que planteó la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, contra la ley para el retorno de los papeles. También lo intentó denunciar el Ayuntamiento de Salamanca ante la Audiencia Nacional, pero el tribunal no lo admitió a trámite.