La policía española ha desarticulado una red en el Camp de Tarragona, que habría defraudado a la administración en el sistema de protección de menores extranjeros no acompañados. Según el cuerpo policial, se ha detectado un patrón de abandono "deliberado" de menores por parte de sus padres con el objetivo de obtener recursos asistenciales y de tutela de la Generalitat y el Estado español. En total, hay 30 detenidos y se estima que hay un fraude a la Seguridad Social de más de 1,5 millones de euros, hasta ahora. Además, se ha podido demostrar que 22 chicos no estaban en situación vulnerable y la Generalitat ha cesado su tutela, y los ha podido devolver a los padres. Las investigaciones empezaron hace dos años, en noviembre de 2023, y han puesto al descubierto como familias llevan a sus hijos menores al Estado español con visados de turismo tipo C, para "abandonarlos intencionadamente" cerca de comisarías o centros de menores en Catalunya, según la policía.
Por ahora, se han detectado un centenar de casos, mayoritariamente de jóvenes magrebíes originarios de Marruecos y Argelia. "Esta práctica fraudulenta no solo desvirtúa el sistema de protección de menores, sino que también supone un alto coste para la administración", manifiestan desde la policía. Los datos generales indican que el mantenimiento de estos falsos menores no acompañados, incluidos mayores de 18 años, puede oscilar entre 31 y 140 euros al día. Los padres localizados han sido detenidos, acusados de abandono de menores, favorecimiento de la inmigración ilegal y fraude a la administración. Además, la policía informa que "se están cuantificando los gastos acarreados por estos menores mientras estuvieron bajo la tutela de la administración para incluirlos en el atestado final".
Por su parte, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha condenado los hechos y ha dejado claro que el sistema "seguirá protegiendo a los menores vulnerables". Ha añadido: "Si ya es espeluznante que a la administración se le acerquen personas con intención de fraude, es especialmente espeluznante que se utilicen menores."
Unos 124 casos en el Camp de Tarragona
Ante este descubrimiento, la policía española ha establecido una "colaboración bilateral y directa" con responsables de la extinta Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) del Camp de Tarragona. Desde Drets Socials se remiten informes de menores ingresados que podrían estar en esta situación fraudulenta para que la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) recopile información detallada sobre su entrada al país y localizar a los progenitores.
Además, se informa de que "se están cuantificando los gastos de estos menores", mientras estuvieron bajo la tutela de la administración para incluirlos en el atestado final. Las investigaciones continúan activas para el resto de expedientes. Se precisa que por ahora se han localizado 124 expedientes de menores en centros de protección de la provincia de Tarragona que cumplen con estas características fraudulentas. De estos, 109 expedientes han sido analizados. Además, se han realizado 28 atestados. El resultado por ahora es un fraude a la Seguridad Social de 1.589.747,31 euros, según fuentes policiales.
Investigación en la DGAIA
Precisamente, el Govern está reestructurando el sistema de ayudas a jóvenes extutelados, ante el desbarajuste de gestión de la DGAIA. Según un informe del Síndic de Comptes, hay 167 millones de euros de pagos indebidos en las diferentes prestaciones subjetivas existentes durante los años 2016 a 2022, de los cuales unos 4 millones a jóvenes extutelados. Unas irregularidades que ya investiga el Tribunal de Cuentas, a petición de la Fiscalía.