El juez instructor del Supremo Pablo Llarena y el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, no se han encontrado nunca cara a cara; y, sin embargo, durante los últimos nueve años han mantenido un duelo legal implacable que ha recorrido media Europa y ha puesto a prueba la justicia española y las instituciones de la Unión. Dos perfiles radicalmente diferentes tras el caso Puigdemont, que, como dos jugadores de ajedrez, se han observado y analizado mutuamente para prever y contrarrestar las respectivas estrategias. El juez, un magistrado conservador nacido en Burgos, de perfil reservado y trabajo discreto; el abogado, de nacionalidad chilena y alemana, hiperactivo en las redes y omnipresente en los medios de comunicación, como un campo más de su batalla legal. Llarena, con la misión sobre los hombros de castigar al Govern responsable de desafiar la unidad de España; Boye, acostumbrado al cuerpo a cuerpo, amante de los desafíos y empeñado en cerrar el paso a una persecución que le ha acabado incluyendo en el punto de mira.
Para Llarena, esta historia empezó una extrañamente soleada y calurosa mañana del 31 de octubre de 2017 en la plaza de la Villa de París, donde se encuentra el Tribunal Supremo, ocupando parte del espacio del antiguo monasterio de la Visitación de las Salesas Reales. No hacía todavía dos años que era juez del Supremo cuando cayó en sus manos la querella de la Fiscalía contra la Mesa del Parlament que cuatro días antes había participado en la declaración de independencia. Era solo el primer paso, porque un mes más tarde, el 24 de noviembre, aquel primer caso provocó que se concentraran en sus manos todas las carpetas judiciales contra los líderes del procés. En octubre de 2018, Llarena cerró la instrucción de los procedimientos contra los miembros del Govern detenidos en la prisión de Lledoners. Pero quedaban pendientes los exiliados. Seguramente entonces el juez instructor no se imaginaba que pasarían nueve años antes de poder cerrar este procedimiento. Como tampoco le pasaría por la cabeza la posibilidad de no salirse con la suya en su persecución de Carles Puigdemont.
Para Boye, la relación con los políticos independentistas llegó a través del dirigente de los Comuns Jaume Asens, que lo puso en contacto con Toni Comín. Antes incluso de conocerlos, Boye les hizo llegar un documento titulado Domino1 en el que exponía sus recomendaciones estratégicas. Allí el abogado preveía la judicialización del caso por el delito de sedición; las euroórdenes para quien optara por cruzar la frontera; advertía que los países europeos pueden negarse a la euroorden si su legislación no prevé los delitos por los que se les reclama y señalaba Bélgica y Alemania entre los países donde se podría articular mejor esta defensa; concretaba los pasos a seguir desde el exilio una vez que se activara la euroorden —ponerse a disposición judicial de las autoridades, subrayar el sentido político de la persecución, denunciar falta de garantías de la justicia española…—. En definitiva, dibujaba la hoja de ruta de aquello que acabaría siendo el recorrido de los exiliados. Y el mapa de Boye coincidió con la carta de navegación de Llarena.
Euroórdenes
La primera euroorden contra Puigdemont no la dictó el juez instructor, sino la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, el 3 de noviembre de 2017. De hecho, un mes más tarde, Llarena la anuló ante el riesgo de que Bélgica, donde se habían trasladado el president y diferentes consellers, denegara la entrega de los políticos debido a que, como había previsto Boye, la ley belga no recoge el delito de sedición. No iba errado. Los exiliados se presentaron ante la justicia belga, pero los tribunales de aquel país rechazaron extraditarlos, con el argumento de que el Supremo no era el tribunal competente para juzgarlos.
El 23 de marzo de 2018, el magistrado emitió la segunda euroorden contra Puigdemont. Aquel día, Puigdemont iniciaba un viaje a Finlandia. Cuarenta y ocho horas más tarde, el 25 de marzo, el president fue detenido mientras se trasladaba en coche hacia Bélgica, poco después de cruzar desde Dinamarca la frontera alemana, en el estado de Schleswig-Holstein. Antes de que la policía le hiciera bajar del vehículo tuvo tiempo de llamar a Boye, que les recordó que Alemania era uno de los países propicios para presentar su caso. Puigdemont estuvo encarcelado diez días, hasta el 5 de abril, en la prisión de Neumünster. El 12 de julio de 2018, después de diferentes recursos, la justicia de aquel estado ratificó la decisión de no entregar a Puigdemont por el cargo de rebelión y aceptar su extradición solo para ser juzgado por malversación. Llarena lo rechazó y una semana más tarde, el 19 de julio de 2018, retiró la euroorden.
Parlamento Europeo
A pesar del levantamiento de la segunda euroorden en 2018, las órdenes de detención contra los exiliados continuaban vigentes y sus movimientos se constreñían a Bélgica y Alemania. Y aquí llegó una de las decisiones más fructíferas de la estrategia de defensa del exilio, con la incorporación de Puigdemont, Comín y Clara Ponsatí a la candidatura al Parlamento Europeo. La Junta Electoral vetó los nombres de los exiliados y, sin tiempo para resolver el recurso cuando se agotaba el plazo para presentar las candidaturas, su defensa presentó una lista encabezada de manera provisional por el propio Gonzalo Boye y el exalcalde Xavier Trias. Finalmente, la JEC dio luz verde a los exiliados para las candidaturas. Salieron elegidos eurodiputados, pero la JEC no dio el brazo a torcer, les exigió acudir a Madrid para acatar la Constitución en el Congreso, por lo cual los eurodiputados no consiguieron tomar posesión. El día que se constituyó la Eurocámara, Puigdemont y Comín ni siquiera pudieron presentarse a la concentración de protesta del independentismo convocada a las puertas del Parlament, que celebraba el pleno en la sede de Estrasburgo, ante el riesgo de ser detenidos. Detectaron la presencia de policía española en Estrasburgo y optaron por quedarse a pocos kilómetros, justo al otro lado de la frontera con Alemania.
Seis meses más tarde, después de que el TJUE sentenciara que Oriol Junqueras, que también se había presentado a los comicios, tenía inmunidad desde el momento en que se proclamaron los resultados, Puigdemont y Comín pudieron tomar posesión de sus escaños. Lo hicieron a pesar de las iradas protestas de los eurodiputados de PP, Vox y Cs y de una bronca monumental entre la portavoz socialista en la Eurocámara, Iratxe García, y el entonces presidente de la cámara, David Sassoli. Fue uno de los triunfos más importantes del exilio. Durante cuatro años y medio, los eurodiputados independentistas dispusieron de un altavoz en la Eurocámara para denunciar la represión. Incluso, el debate del suplicatorio para levantarles la inmunidad se convirtió en una ocasión para exhibir el conflicto político en que estaban embarcados. Aquel debate sirvió para un nuevo abanico de denuncias y recursos con los que la defensa de Puigdemont inundó la Eurocámara y la justicia europea. Finalmente, el pleno aceptó levantarles la inmunidad con una de las votaciones más ajustadas que se recuerdan en este tipo de debates.
Tercera euroorden
La tercera euroorden se activó el 14 de octubre de 2019, justo cuando se publicó la sentencia del Supremo que condenaba a los líderes del procés por sedición y malversación. Fue esta tercera euroorden la que hizo saltar la alarma del aeropuerto de L'Alguer un 23 de septiembre de 2021, cuando Puigdemont aterrizó en Cerdeña para participar en el encuentro internacional Adifolk y fue retenido por la policía. Unas horas más tarde, era puesto en libertad. Salió de la corte de apelación de Sassari acompañado del presidente de Cerdeña, Christian Solinas, y el presidente del Parlamento sardo, Michele Pais, e ironizando sobre el episodio: "España no pierde nunca la oportunidad de hacer el ridículo". Un mes más tarde, la justicia italiana se amparó en las cuestiones pendientes sobre la inmunidad de Puigdemont en la justicia europea para sacarse el caso de encima.
Más allá de las euroórdenes, la persecución del Estado español a través del CNI también ha dado lugar a una intensa trifulca legal en diferentes países. Boye denunció ante las autoridades de Alemania que cuando fue detenido en 2018 en Neumünster estaba siendo sometido a espionaje ilegal. La investigación del parlamento alemán, el Bundestag, concluyó que efectivamente el seguimiento fue ilegal. Aquel mismo año también había llevado ante la justicia belga el seguimiento con balizas bajo el vehículo de Puigdemont, que provocó malestar en las autoridades de aquel país. Esto no impidió que tres años más tarde, en enero de 2021, en pleno escándalo por el espionaje con el software malicioso de Pegasus, la defensa de Puigdemont atribuyera a las autoridades españolas el intento de cuatro encapuchados de entrar en las oficinas del president, entonces eurodiputado, en Bruselas.
Nueve años después
La intensa actividad desplegada en los tribunales de diferentes países, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), en el Parlamento Europeo, en el Consejo de Europa, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en todas aquellas instituciones que la defensa de Puigdemont ha tenido al alcance ha acabado dando resultado. Llarena no ha conseguido atrapar a Puigdemont. Aunque ha alargado la persecución hasta las últimas consecuencias. El juez ha tenido que encajar diferentes —y ruidosas— derrotas, pero los ha retenido en el exilio tanto tiempo como le ha sido posible y ha utilizado todos los instrumentos a su alcance para frenar las embestidas de Boye. A pesar de que Junts acordó una ley de amnistía en 2024 a cambio de votar la investidura de Pedro Sánchez, el último servicio del juez Pablo Llarena ha sido negar su aplicación a los exiliados. El juez instructor argumentó, al igual que hizo el Supremo con el resto de miembros del Govern condenados por malversación, que con el referéndum del 1-O Puigdemont y los consellers obtuvieron un beneficio y, por lo tanto, se enriquecieron, "porque usaron fondos públicos y no de su bolsillo" para organizarlo. A partir de este argumento, el magistrado les aplicó la excepción prevista en la ley para dejar fuera de la amnistía los casos de malversación con enriquecimiento personal.
Finalmente, sin embargo, después de nueve años, el duelo ha terminado. El juez instructor no esperó ni a conocer la decisión del Supremo, después de que se pronunció el Constitucional sobre la amnistía, para levantar el 6 de octubre de manera provisional las órdenes de detención contra los políticos exiliados. Este lunes Llarena las ha desactivado definitivamente, aunque todavía no ha dado carpetazo al caso que más quebraderos de cabeza le ha provocado a lo largo de su carrera y que le ha obligado a abandonar el cómodo anonimato en que vivía. Lo ha hecho sin haber conseguido su objetivo de encerrar a Puigdemont entre rejas, pero revolviéndose contra la decisión del Tribunal Constitucional de dar luz verde a la amnistía. En este último tramo, después de nueve años de persecución y de enfrentamiento en algunos momentos furioso, la defensa de Puigdemont evitó hurgar en la herida. La semana pasada, Boye pedía a Llarena la aplicación "serena y sin dilaciones" de la amnistía a Puigdemont como un paso más para hacer posible la "normalización institucional, política y social en Catalunya" que proclama el título de aquella ley. Este lunes, a pesar de que Llarena todavía se resiste a cerrar su instrucción y enviarla a la Sala de enjuiciamiento, Boye ya no ha esperado más y ha remachado el trabajo con un "misión cumplida" a través de su cuenta de X.
El juez instructor no ha detenido a Puigdemont, Comín y Puig, pero les ha obligado a vivir nueve años en el exilio, en un larguísimo proceso que de una manera u otra ha acabado impactando en la vida de sus protagonistas. Meses después de asumir el caso, Llarena, que tenía su residencia habitual en Catalunya, denunció que sufría acoso en sus domicilios en Sant Cugat y Das (Cerdanya). Se le asignó escolta en sus desplazamientos a Catalunya y en 2018 se trasladó a vivir a Madrid.
También Gonzalo Boye, que ha acabado convirtiéndose en uno de los hombres de máxima confianza de Puigdemont, ha sufrido una persecución judicial con diferentes frentes. El más importante, vinculado a uno de sus clientes, el narcotraficante Sito Miñanco. En octubre de 2019, la Audiencia Nacional ordenó registrar su despacho por un supuesto caso de blanqueo vinculado a Miñanco. La fiscalía pedía contra Boye diez años de prisión. A pesar de las pruebas que presentó el abogado para desmontar las acusaciones, la jueza lo mantuvo en el procedimiento y la Audiencia Nacional lo obligó a sentarse en el banquillo de los acusados hasta que este mes de octubre, siete años después, el juicio se cerró con su absolución. Además, el abogado ha sido objeto del espionaje con el software malicioso de Pegasus, dentro del llamado Catalana Gate.