Lo ocurrido en Vitoria este viernes debería hacernos reflexionar. Y mucho. Una familia con seis hijos menores pierde la vivienda en la que llevaba años viviendo. Aseguran que pagan el alquiler, que tienen ingresos y que quieren marcharse, pero que nadie les alquila otra casa. La alternativa ofrecida por el Ayuntamiento, según denuncian, no reúne unas condiciones dignas para vivir con seis niños. Al otro lado está el propietario. También vulnerable. Lleva desde 2021 intentando recuperar su vivienda porque la necesita para vivir. Su mujer está embarazada y, mientras tanto, él tampoco puede disfrutar de su propia casa.
¿Quién tiene razón? ¿A quién defendemos? ¿Es posible no caer en la trampa de tener que posicionarse en uno de los dos supuestos bandos? Pues ahí está precisamente la trampa. Nos han acostumbrado a elegir un bando cuando, en realidad, estamos ante dos familias que necesitan lo mismo: un hogar. Y existen unas leyes que la mayoría desconoce. Y como siempre, ante la ignorancia, la vía de la polarización, de ponerse de un lado o del otro, es la herramienta que se utiliza por parte de quienes quieren sacar algún tipo de provecho (y de eso no se habla).
Mientras discutimos quién es el bueno y quién el malo, la solución termina llegando con una comitiva judicial, manifestaciones, enfrentamientos con la policía y un desahucio que deja imágenes dolorosas.
La familia no entró ilegalmente en aquella vivienda. Tenía un contrato de alquiler que terminó. Y el propietario tiene reconocido judicialmente su derecho a recuperarla. Conviene explicar las cosas bien, porque la ley no es un menú del que podamos elegir únicamente lo que nos conviene. Pero también conviene recordar algo: garantizar el acceso a una vivienda digna es una responsabilidad de los poderes públicos, no una obligación que pueda descargarse indefinidamente sobre otro ciudadano vulnerable. Es preciso subrayar que todos tenemos un serio problema.
¿Recuerdan cuando el PSOE prometía que los ocupantes ilegales serían desalojados en 48 horas? Está en la página 244 de su programa electoral de 2023. Aquella promesa se refería a ocupaciones ilegales, no a situaciones como la de Vitoria, pero resulta un buen ejemplo de lo fácil que es ofrecer soluciones contundentes durante una campaña y de lo complicado que parece después abordar los problemas reales.
Más recientemente hemos asistido al espectáculo de los decretos de vivienda a raíz del caso de Maricarmen. Dos rechazados por el Congreso, aprobados después por el Gobierno, controversias jurídicas, reproches políticos y una tragedia personal convertida en arma arrojadiza.
Y, para rematar, la dimisión de Montse Mínguez, portavoz socialista, tras conocerse las actividades inmobiliarias de su pareja. No se trata aquí de juzgar los negocios ni la vida privada de nadie. De lo que estoy hablando es de la constante tomadura de pelo a la que nos están sometiendo con problemas reales que tienen solución.
Resulta curioso comprobar cómo se demoniza a los propietarios de viviendas hasta que hablamos de personas próximas a quienes participan en ese discurso. Porque ese es otro de los grandes disparates que estamos aceptando: convertir al pequeño propietario en enemigo público. En España hay muchísimas familias trabajadoras que han dedicado su vida a ahorrar para comprar un piso. No son fondos de inversión. No son especuladores profesionales. Son personas que han pagado una hipoteca durante décadas pensando en tener un respaldo económico, completar una pensión o dejar algo a sus hijos.
¿Desde cuándo ahorrar para comprar una vivienda y alquilarla legalmente convierte a alguien en explotador? Por supuesto que existen abusos, especulación y propietarios que merecen una respuesta contundente de la Administración. Pero meter a todos en el mismo saco es injusto y peligroso. Ante los abusos están las normas, está la justicia, que debería ser ágil y eficaz.
Dos familias vulnerables, una vivienda y un conflicto que retrata el fracaso de un sistema empeñado en enfrentarnos mientras los verdaderos problemas siguen sin resolverse
Y puede resultar contraproducente: si el pequeño propietario deja de alquilar por miedo a no poder recuperar su vivienda, habrá menos casas disponibles. Quienes tienen mayores recursos para asumir riesgos, como los grandes operadores, podrían salir relativamente reforzados. Y es exactamente lo que está comenzando a suceder. El PSOE, a juzgar por unas conversaciones filtradas entre Sánchez y Ábalos en su momento, lo sabía y lo sabe. No caigamos en la trampa.
Qué paradoja: terminar favoreciendo a quienes supuestamente se pretende combatir. Mientras tanto, seguimos escuchando propuestas para limitar el precio de los alquileres. Bien, podemos discutirlas. Pero ¿y el resto? ¿Por qué no hablamos con la misma intensidad de las hipotecas que se disparan cuando suben los intereses? ¿De los seguros, del gas, de la electricidad, de los impuestos, de todo lo que cuesta mantener una casa? Porque el propietario paga esos gastos. Y el inquilino también soporta muchos de ellos, directa o indirectamente. No estoy diciendo que haya que trasladar cualquier aumento de costes al alquiler. Estoy diciendo que no podemos pretender arreglar un problema tan complejo tocando una sola pieza mientras ignoramos todas las demás.
¿Dónde está la gran apuesta por la vivienda pública? Necesitamos construir y recuperar viviendas para destinarlas al alquiler asequible. Y garantizar que ese patrimonio permanezca protegido, que no termine vendido al mejor postor cuando alguien quiera cuadrar unas cuentas. Necesitamos intervenir frente a la especulación, revisar el impacto de los pisos turísticos donde expulsan a los residentes, facilitar la construcción donde hace falta, vigilar los abusos financieros y ofrecer garantías reales tanto a propietarios como a inquilinos. Y necesitamos que los servicios sociales respondan antes de que una familia termine ante una orden de desahucio. Eso exige dinero, planificación y voluntad política. Mucho más complicado que señalar a un culpable en una rueda de prensa.
Lo ocurrido en Vitoria también debería servirnos para reflexionar sobre los sindicatos que se movilizan contra una resolución judicial, sobre los enfrentamientos con policías que cumplen su trabajo y sobre nuestra propia facilidad para sumarnos a una trinchera sin conocer todos los hechos. Manifestarse pacíficamente es un derecho. También lo es acudir a la justicia y conseguir que sus resoluciones se ejecuten con las garantías legales. Ninguno debería convertirse en una invitación a enfrentarnos.
Porque, al final, ¿quién gana con todo esto?
Una familia pierde su hogar. Otra ha necesitado años para recuperar el suyo. Los ciudadanos se enfrentan, los políticos intercambian acusaciones y el problema de fondo sigue prácticamente intacto.
Nos han convencido de que el enemigo es el vecino que tiene una casa o el que necesita alquilarla. Y mientras nos peleamos entre nosotros, dejamos de exigir responsabilidades a quienes deberían garantizar que ambos pudieran vivir dignamente.
No estamos ante una guerra entre ricos y pobres. Estamos ante trabajadores enfrentados por un sistema que no ofrece soluciones suficientes y que, demasiadas veces, prefiere administrar el conflicto antes que resolverlo. Recuerda esto que te digo: la política actual saca provecho de que nos enfrentemos entre nosotros. Y resulta que todos tenemos los mismos problemas.
A lo mejor ha llegado el momento de dejar de preguntarnos de qué lado estamos y empezar a exigir que quienes gobiernan hagan su trabajo. Les pagamos para ello y a la vista está que no solo no han resuelto nuestros problemas, sino que cada vez los hacen más grandes. ¿Por qué nadie habla de tomar medidas contra el incremento salvaje de las hipotecas, contra los tremendos beneficios de las energéticas, contra los abusos constantes de las aseguradoras? Porque una sociedad en la que dos familias tienen que disputarse un mismo techo no necesita más enemigos. Necesita soluciones. Y, sobre todo, menos propaganda. Mientras nos aturden con tanto ruido, violencia y eslóganes, lo que consiguen es que no mires hacia arriba, que es precisamente donde todos juntos deberíamos mirar.