De los 9.932 millones de euros que el Estado tiene previsto abonar este julio en las autonomías por atrasos de las entregas a cuenta del 2025, después de que el Congreso validase el decreto aprobado por el Gobierno hace un mes, 2.610, serán para Catalunya. El país es así una de las autonomías que recibirá más dinero, con el País Valencià, Murcia, Andalucía o Castellano y León. Las entregas a cuenta son transferencias mensuales por las cuales el Estado anticipa a las administraciones territoriales prácticamente todo lo que estima que recaudará de ellas a través de los impuestos cedidos y fondo, dependiendo de lo que determina el sistema de financiación, y lo que está previsto al respecto en el decreto recién convalidado. Fuentes del Ministerio de Hacienda han informado en EFE de que la previsión es que estos pagos retrasados, correspondientes a los meses de enero a junio, se hagan en los días que quedan de julio. También se abonará la liquidación correspondiente al 2023, cosa que supondrá en conjunto más de 21.600 millones de euros.
El País Valencià, el más beneficiado
Las comunidades que más verán mejorados sus ingresos por|para este concepto con respecto al ejercicio pasado son la Valenciana (10,43%), Catalunya (10,18%), Murcia (9,75%), Andalucía (9,63%) y Castilla y León (9,54%), todas ellas por encima de la media. Cuatro comunidades, las de mayor población y peso económico, suman casi dos tercios de todo el incremento de este año. Con respecto a la liquidación del 2023, que corresponde al ajuste que Hacienda hace en las autonomías entre lo que se entregó dos años atrás y lo que realmente se ha recaudado, serán 11.692 millones de euros, de los cuales Catalunya recibirá 2.762.
El PP vota a favor en el Congreso
En medio de la guerra total entre el Gobierno y el PP, la última batalla ha sido la de los currículums, las populares votaron a favor del decreto, argumentando que se trata de una demanda de las autonomías. El PP manda actualmente en muchas comunidades de todo el Estado, entre las cuales algunas de las más beneficiadas, como el País Valencià. Con todo, ha reprochado que este tipo de acciones tendrían que figurar a los presupuestos generales del Estado, que este año tampoco hay ni se esperan. A su vez, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ahora el ojo del huracán por el nuevo modelo de financiación para Catalunya, defendió que la intención del decreto era reforzar los recursos para "sanidad, educación, políticas de vivienda o aquellas políticas que estén haciendo los ayuntamientos. Aunque finalmente el PP votó a favor, Montero les reprochó que al principio de año votaran en contra de los famosos decretos ómnibus que ya llevaban las actualizaciones de las entregas, tildándolo de "paradójico": "Votan en contra de determinadas medidas y al mismo tiempo le recriminan al Gobierno que no dé recursos", denunciaba antes de que la norma superara el trámite.