El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ha ordenado la libertad inmediata del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), condenado en primera instancia a doce años de prisión domiciliaria y una multa de casi 670.000 euros por un caso de sobornos, mientras se resuelve en segunda instancia la apelación a la sentencia. La sentencia resuelve "amparar el derecho fundamental a la libertad individual del ciudadano Álvaro Uribe Vélez" y ha dejado sin efecto la decisión de la jueza Sandra Heredia, que lo condenó a 12 años de prisión en régimen domiciliario y que ha ordenado su "privación de libertad inmediata". La decisión, firmada por los magistrados Leonel Rogeles Moreno y Aura Alexandra Rosero, no hace referencia al fondo de la condena, ni a la manera en que la jueza validó y valoró las pruebas ni la responsabilidad penal del expresidente. La sentencia solo determina que Uribe tiene derecho a esperar a la decisión final de la apelación en libertad. El Tribunal señala que los criterios de la jueza para justificar la detención, cuando quedaba un recurso de apelación, fueron "vagos, indeterminados e imprecisos". El fallo concluye que es "ininteligible por qué esta privación de la libertad es necesaria para la convivencia pacífica y el orden social".

Uribe ha celebrado el fallo judicial en su cuenta de X donde ha señalado: "Gracias a Dios, gracias a tantos compatriotas por sus expresiones de solidaridad. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia". A pesar de la condena impuesta, durante estas semanas, Uribe ha mantenido desde casa una intensa actividad política relacionada con las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, dando indicaciones a sus compañeros de partido, el opositor Centro Democrático.

El origen del caso

Álvaro Uribe, fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, el pasado 1 de agosto se convirtió en el primer expresidente colombiano condenado penalmente, después de que Heredia lo considerara culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en el llamado juicio del siglo en Colombia, un caso que él mismo inició en 2012. El mismo Uribe criticó la sentencia y defendió que "no hay ninguna prueba" que sustente la condena. Tres días después de conocer la pena, la defensa del expresidente colombiano presentó al Tribunal Superior de Bogotá un recurso de amparo para solicitar su libertad, al considerar que la jueza había vulnerado sus derechos fundamentales. En concreto, el equipo jurídico de Uribe cuestionó, entre otros, que la magistrada justificara la detención inmediata de Uribe con la necesidad de garantizar "la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos", argumento que la defensa calificó de ambiguo y falto de mantenimiento, constituyendo una "motivación aparente".

Finalmente, la Sala dictaminó a favor de la defensa del expresidente, pero desestimó un recurso similar presentado por el Centro Democrático, al considerar que no demostró cómo la restricción de la libertad de su líder afectaba derechos fundamentales propios o de la organización política. La decisión señala que en los recursos de apelación se cuestionaron varios comentarios y decisiones del proceso que "presuntamente apuntan que la jueza y fiscal actuaron con parcialidad, abuso de funciones, falta de respeto, defendiendo intereses políticos e ideológicos, y con animadversión hacia el ciudadano y expresidente procesado", aunque detalla que estos señalamientos tendrán que resolverse en la segunda instancia y no en esta tutela. El pasado 13 de agosto, la defensa de Uribe apeló la sentencia ante el Tribunal Superior de Bogotá, que tiene hasta el 16 de octubre próximo para pronunciarse en segunda instancia.

El origen del caso se remonta a hace 13 años, cuando Uribe demandó delante de la Corte Suprema de Justicia, por supuesta manipulación de testimonios, al congresista de izquierda Iván Cepeda, que en aquel momento preparaba una denuncia al Senado en contra suya por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. La jugada le salió mal a Uribe porque declinó investigar Cepeda, y, en cambio, le abrió una investigación a él por manipular testimonios para que no declararan en su contra.