El exdirigente de Ciudadanos Albert Rivera dimitió de su puesto en el partido después de los malos resultados de la formación unionista en las elecciones del 10 de noviembre de 2019. Se especuló mucho sobre cuál sería el futuro profesional del político, que al final acabó presidiendo el despacho de abogados Martínez-Echevarría & Riera.

Ahora, Rivera trabajará para el líder del PP, Pablo Casado, que ha contratado al expolítico de Ciudadanos para que prepare el recurso de inconstitucionalidad que los populares quieren interponer en el Tribunal Constitucional contra la ley catalana de los alquileres, según afirma el diario El Mundo.

El citado medio asegura que es el mismo Albert Rivera quien lidera el equipo que redacta el recurso. Este gesto se podría ver como un intento del PP para acercarse a Ciudadanos y ganarse la confianza de su electorado.

El fichaje de Villegas

El PP también ha fichado a la mano derecha de Rivera, José Manuel Villegas, para que forme parte de la nueva fundación que han creado: Propósito. Además, Villegas, que fue secretario general de Ciudadanos, es ahora el vicepresidente ejecutivo del bufete Martínez-Echevarría & Riera y, por lo tanto, también participa en la elaboración del recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana.

Villegas, según apunta el citado medio, fue el encargado de liderar las negociaciones de los pactos autonómicos que resultaron en cuatro gobiernos de coalición PP+Cs en Castilla y León, Murcia, Madrid y Andalucía.

La ley catalana de los alquileres

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ya anunció en el Parlament que su partido recurriría la norma aprobada: "Llevaremos esto al TC en breves, que me temo que es lo que estáis deseando", indicó.

Por su parte, el Gobierno explicó que analizará el articulado de la ley de regulación del alquiler que se aprobó en el Parlament "para ver si hay colisiones con la Constitución", y si lo considera así, abrirá un "diálogo" con la Generalitat a través del Ministerio de Política Territorial para intentar acompañar el texto antes de llevarlo al Tribunal Constitucional (TC).

En caso de que la Generalitat y el ejecutivo español no alcancen un acuerdo en este proceso de diálogo, el gobierno de Sánchez "no tendrá más remedio" que presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para que sea este organismo quien limite los aspectos inconstitucionales.