El Gobierno analizará el articulado de la Ley de regulación del alquiler que se aprobó el miércoles en el Parlament de Catalunya "para ver si hay colisiones con la Constitución", y si lo considera así abrirá un "diálogo" con la Generalitat a través del Ministerio de Política Territorial para intentar reconducir el texto antes de llevarlo al Tribunal Constitucional (TC). En caso de que la Generalitat y el ejecutivo español no alcancen un acuerdo en este proceso de diálogo, el gobierno de Sánchez "no tendrá más remedio" que presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para que sea este organismo quien limite los aspectos inconstitucionales.

No aclaran todavía si en este hipotético recurso el ejecutivo pediría la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución que permite suspender cautelarmente cualquier normativa autonómica recurrida por el Gobierno. Quien ya ha anunciado que presentará un recurso es el PPC. En su caso la admisión a trámite por parte de los magistrados no supone la suspensión automática, a pesar de que el tribunal sí que puede aceptar establecer medidas cautelares que pueden llevar a la suspensión mientras no resuelven el fondo de la cuestión. La ley se aprobó este miércoles con los votos a favor de JxCat, ERC, CatECP y la CUP y los contrarios de Cs, PSC, PDeCAT, PPC y Demòcrates. De hecho, a lo largo del debate previo a la aprobación Cs, PSC y PPC advirtieron a los grupos promotores que la ley no tiene recorrido porque el Parlamento no tiene competencias para legislar en la regulación de los alquiler.

Por su parte, la asociación de propietarios de alquiler Asval ha calificado de "populista" la ley aprobada por el Parlamento que regula los precios de esta actividad. El colectivo reclama a la Administración que establezca un sistema de ayudas para las familias con dificultades para acceder a un alquiler en lugar de aprobar una norma que "no solucionará nada". Su presidente, el exalcalde de Barcelona Joan Clos ha declarado a Aquí Cuní: "Qué flaco favor le hacemos al derecho civil catalán poniéndolo con una polémica como esta. Buscar además una riña constitucional en torno al derecho civil catalán me parece de abajo nivel, incluso desde el punto de vista de la iniciativa política"