El gobierno balear se suma vía judicial que ya inició la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso e interpondrá también "de manera inmediata" un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el decreto del Gobierno para repartir y acoger a los cerca de 3.000 menores inmigrantes no acompañados que esperan en Canarias, un reparto que el Ejecutivo de Marga Prohens (PP) considera opaco y arbitrario. Así lo ha anunciado este la consellera de Presidencia, Antònia Estarellas, que ha justificado en rueda de prensa el recurso para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "recapacite".
"No podemos seguir acogiendo más menores porque los consells insulars están colapsados", ha añadido el portavoz del Govern, Antoni Costa, que ha resumido que en Balears hay 72 plazas de acogida de menores autorizadas, que según el Gobierno la capacidad ordinaria por población debería ser de 406 plazas y "a día de hoy, los consells atienden a 682 menores". "Al Gobierno de Sánchez esto le parece insuficiente y que hasta llegar a 1.218 menores no ha de hacer nada", ha remarcado Costa.
El gobierno balear considera que la regulación establecida en el decreto que ahora recurre vulnera los principios constitucionales de autonomía y solidaridad entre las comunidades autónomas, porque algunas quedan excluidas del reparto, lo que denuncian como una "arbitrariedad". Asimismo, el Ejecutivo de Prohens alega que el reparto afecta gravemente a la autonomía financiera de Balears, poniendo en peligro el sistema de protección de menores y dificultando la gestión de los recursos destinados a esta finalidad, según ha argumentado la consellera Estarellas.
El de Balears ha sido uno de los gobiernos autonómicos más beligerantes contra el reparto de menores inmigrantes solos por parte del Gobierno. El Ejecutivo de Prohens, de hecho, ha enviado este jueves una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que reclama más medios y coordinación frente a la crisis migratoria, así como una reunión urgente para abordar la "grave" situación que atraviesan las islas. En la misiva, Estarellas, ha advertido de que la comunidad afronta una emergencia humanitaria "inédita" por el fuerte incremento de llegadas en patera desde Argelia en las últimas semanas. En lo que va de año han llegado más de 4.797 inmigrantes en patera a Baleares, unas 1.500 de ellas solo este agosto.
Los Consells insulares tutelan ya a 682 menores migrantes, más de 300 llegados solo este año. Por ello, la administración balear ha denunciado que, pese a esta situación, el Real Decreto 743/2025 fija la capacidad ordinaria de Baleares en 406 plazas y que el Gobierno "aún pretende que Baleares asuma la tutela de medio centenar más de menores no acompañados procedentes de otras comunidades".
El sistema para derivar menores no acompañados desde Canarias, Ceuta o Melilla al resto de comunidades ha entrado en vigor este jueves, en una nueva jornada de enfrentamiento político entre el PP y el Gobierno, ahora por el aviso de que las autonomías están obligadas por ley a asumir la acogida. Canarias y Ceuta y Melilla —las dos ciudades autónomas gobernadas por el PP— han pedido ya formalmente la contingencia migratoria extraordinaria, que ya ha sido concedida por el Gobierno este viernes.
El PP y sus gobiernos autonómicos plantan cara al Gobierno
A este mecanismo, por el que se derivará a 3.000 menores migrantes y a los que lleguen a partir de septiembre, se opone el PP, que votó en contra de la reforma legislativa, y diez comunidades gestionadas por este partido, que recurrieron al Tribunal Constitucional la modificación de la ley de extranjería que permitía el reparto. El Gobierno pide que no pongan excusas, mientras que los populares consideran una "amenaza" el aviso del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, sobre que si las comunidades no cumplen con la acogida "tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad y hacer que se cumpla la legislación".
Pese a las críticas, el PP ha sostenido que sus comunidades autónomas cumplirán la ley, al tiempo que ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez que esté cumpliendo a cuentagotas con la acogida de un millar de menores solicitantes de asilo que le ordenó el Tribunal Supremo. Los populares siguen denunciando además que el sistema no es equitativo porque no se derivarán menores a País Vasco ni Catalunya, un reproche al que se ha sumado Melilla. Sin embargo, los criterios son iguales para todas las comunidades, y estas dos autonomías han quedado fuera de esta reubicación porque su esfuerzo previo es mayor al de otros territorios, como ha recordado el Gobierno.
La Junta de Andalucía, que gobierna Juanma Moreno (PP), también ha avisado ya que estudiará jurídicamente si recurre el Real Decreto-ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros. La consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha afirmado este miércoles en un comunicado que dicho decreto ha sido aprobado "por el Gobierno de Pedro Sánchez tal y como nos tiene acostumbrados: por imposición, sin diálogo y con una absoluta falta de transparencia".
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido "humanidad" al resto de presidentes autonómicos y ha señalado que en un país de 49 millones de habitantes acoger a 3.000 niños no puede suponer ningún problema. "Hay que aprender a gestionar la cuestión migratoria con dignidad y no utilizarla como una herramienta para la política xenófoba y fascista que en muchas ocasiones tiene que ver con el color de piel -de los migrantes-. Hemos gestionado la llegada de cientos de miles de ucranianos sin esta contestación por parte del populismo de derechas xenófobo y fascista que estamos viendo", ha declarado Clavijo.