Isabel Díaz Ayuso ha decidido intensificar su guerra contra Pedro Sánchez y ha decidido abrir un nuevo frente judicial por el reparto de menores migrantes que se encuentran en las Islas Canarias al resto de autonomías. Aunque era de esperar, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado este miércoles que recurrirá ante el Tribunal Supremo el decreto de capacidad de acogida de estos menores por parte de los distintos territorios. Se trata del tercer recurso de este gobierno regional contra iniciativas de reparto de menores aprobados por el ejecutivo español. Además, la Comunidad de Madrid reclama al gobierno de PSOE y Sumar que le remita de forma urgente la información que ha utilizado para elaborar el reparto forzoso de menores porque lo considera "arbitrario, opaco y discriminatorio". Según el gobierno de Ayuso, el decreto vulnera las competencias autonómicas.
El decreto aprobado por el Gobierno este martes fija la capacidad máxima de acogida de menores migrantes de las comunidades autónomas. La aprobación de esta norma es indispensable para iniciar el reparto de menores que se encuentran ahora mismo en las Islas Canarias. El decreto fija la capacidad ordinaria de cada territorio en 32 menores por cada 100.000 habitantes. Ahora bien, a consecuencia de un pacto entre el ejecutivo de Pedro Sánchez y Junts, Catalunya recibirá solo a 31 menores en el próximo reparto; para tener en cuenta el esfuerzo previo de esta autonomía, que ha sido siempre la más generosa.
En la lista publicada este martes por el Gobierno, Andalucía encabeza la capacidad de acogida con 2.827 plazas, seguida de Catalunya (2.650), Madrid (2.325), País Valencià (1.767), Galicia (886), Castilla y León (783), Canarias (737), Euskadi (731), Castilla-La Mancha (692), Murcia (517), Aragón (441), Islas Baleares (406), Extremadura (344), Asturias (331), Navarra (223), Cantabria (194), La Rioja (107), Melilla (28) y Ceuta (27).
El Gobierno advierte de las consecuencias de oponerse al reparto
La mayoría de autonomías —fundamentalmente gobernadas por el PP— se oponen a este reparto, aunque tienen la obligación legal de acoger a los menores. En la rueda de prensa de este martes posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz Pilar Alegría lo defendió como "un paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante". "Llegan solos a nuestro país y tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y humanitaria," añadió.
Este miércoles, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha advertido a las autonomías gobernadas por el PP que si hay alguna que se opone a acoger menores migrantes repartidos desde Canarias "tendrán que intervenir los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado". A pesar de todo, el socialista se ha mostrado convencido de que la disputa política entre socialistas y populares no se traducirá en un gobierno autonómico que se declare en rebeldía. "Estamos hablando de una ley y nadie se opondrá a acoger y aceptar la tutela", ha señalado en declaraciones en TVE.
También ha enmarcado en la normalidad y en la legitimidad que el PP haya presentado recursos contra el reparto de menores ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, pero ha reivindicado la necesidad de dar una salida digna a estos menores. También el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado este miércoles en una atención a la prensa que no imagina, a pesar de la oposición, que "una autonomía quiera incumplir la ley abiertamente". "Tendría consecuencias legales", ha advertido.