La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha asegurado este viernes que la administración madrileña, liderada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, no creará el registro de médicos objetores de conciencia al aborto, tal como indica la ley del aborto española, y ha dejado la decisión en manos de los tribunales. “En la Comunidad de Madrid, creemos en el aborto legal, seguro y poco frecuente. No señalaremos ni perseguiremos a quienes aborten o a quienes no aborten, ni tampoco a los que practiquen un aborto o no practiquen abortos”, ha dicho la consejera madrileña ante los medios de comunicación. El ministerio de Sanidad, dirigido por la líder de Más Madrid, Mónica García, envió un requerimiento a la Comunidad de Madrid, así como a Aragón, Asturias y las Islas Baleares, para que en el plazo de un mes, que se agota esta noche, implementaran el registro con los médicos que se niegan a practicar interrupciones voluntarias del embarazo en los hospitales públicos.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que el Gobierno respetará el plazo para que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso pueda cumplir con el requerimiento que la administración estatal le hizo hace un mes. “Todavía están a tiempo”, ha recalcado la ministra de Más Madrid. “Esta noche a las 00:00 acaba el plazo para que la Comunidad de Madrid acepte elaborar la lista de objetores de conciencia para las interrupciones voluntarias del embarazo. Respetaremos el plazo, todavía están a tiempo”, ha respondido la ministra ante la posición anunciada por Isabel Díaz Ayuso y su consejera de Sanidad. Si las cuatro comunidades apercibidas no cumplen con las demandas del ministerio, este anunció que iniciaría la tramitación de un recurso contencioso-administrativo, que la Comunidad de Madrid espera que le sea favorable.

Ayuso se queda sola en el reto al Gobierno

Las otras tres comunidades que recibieron la petición del Gobierno, Aragón, Asturias y las Islas Baleares, gobernadas tanto por el Partido Popular como por el PSOE, lo pondrán en marcha tras la demanda del ministerio de Sanidad. Ayuso, por lo tanto, se queda sola en el desafío al gobierno español y se niega a cumplir la ley del aborto, que desde el año 2023 obliga a las comunidades a crear este registro. En un debate en la cámara autonómica, Ayuso dejó claro que “no voy a hacer una lista de médicos. Nunca. Nunca”, y espetó a la oposición de izquierdas, que le pedía que cumpliera la ley: “¡Váyanse a otro lugar a abortar!”.

Ayuso defiende que el registro vulnera los artículos 14, 15 y 16 de la Constitución que hablan de la igualdad y la libertad de conciencia. Pero el registro no es una lista pública de médicos, sino que pretende que los servicios sanitarios de las comunidades puedan saber de cuántos médicos disponen, y en qué condiciones, para asegurar que las mujeres pueden acceder a este servicio de forma segura y accesible al sistema público de salud. De hecho, el registro solo especifica con qué método, hasta qué semana y con qué límites están dispuestos los profesionales sanitarios a realizar abortos.