El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha abierto juicio oral este jueves contra el BBVA, su expresidente Francisco González y otras 14 personas, entre los que destacan exdirectivos de la entidad bancaria y mandos policiales. Se juzgarán los presuntos encargos de espionaje ilegal que habrían sido realizados al comisario José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016. En el auto de apertura de juicio oral, el magistrado envía a juicio a la entidad bancaria por supuestos delitos de cohecho y otros presuntos 52 delitos de descubrimiento y revelación de secretos. En el caso de González, el instructor le sienta en el banquillo por supuestos delitos de cohecho activo y pasivo, 42 presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, grupo criminal, administración desleal y falsedad documental.
Piña fija una cantidad de 1,17 millones de euros para asegurar las responsabilidades civiles con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes en el caso de que no depositen esa fianza en el plazo de tres días. A partir de ahora, los abogados de los investigados disponen de un plazo de diez días para presentar sus escritos de defensa y proponer las pruebas que consideren oportunas de cara a la vista oral.
Además de la antigua cúpula de la entidad, se sentarán en el banquillo su exresponsable de Seguridad, el que fue comisario de policía Julio Corrochano, y otros mandos policiales vinculados a Villarejo. También figuran entre los acusados el ex consejero delegado del banco Ángel Cano; el exdirector de los servicios jurídicos del banco Eduardo Arbizu; el que fuera director del gabinete de presidencia de la entidad Joaquín Gortari; y el exdirector de Riesgos del banco Antonio Béjar. Según informa este jueves la agencia EFE, desde la entidad bancaria defienden que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad penal para la empresa.
En su escrito, el juez indica que, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, procede imponer a los acusados penas de cárcel que ascienden a 173 años para el expresidente de BBVA por delitos de cohecho activo y revelación de secretos en la contratación de la empresa Cenyt, vinculada al excomisario. Para Villarejo se piden 216 años de cárcel, y otros 243, la pena más alta, para el que fuera jefe de Seguridad del banco, Julio Corrochano.
Tal y como relataba la Fiscalía Anticorrupción, las contrataciones expuestas entre BBVA y Cenyt, así como los pagos efectuados por los servicios prestados bajo tales encargos, fueron posibles "por haber sido autorizados directamente por el presidente de la entidad y por sus más altos directivos". Todo ello en un contexto en el que el banco "carecía de un programa de prevención que contemplase la eventual comisión de ilícitos por parte de la presidencia". Pese a que aquellas contrataciones y pagos "incumplían todas las normas internas de procedimiento relativas tanto a la formalización de servicios como a la tramitación y abono de facturas", los diversos empleados que participaron en su tramitación las aprobaron, añade el escrito.