Se han conocido recientemente datos de la OCDE sobre las ausencias por enfermedad entre empleados a tiempo completo en Europa. La comparación resulta llamativa. Noruega encabeza la lista, con 5,7 semanas al año de ausencia por enfermedad. En el extremo contrario aparece Grecia, donde los trabajadores apenas alcanzan una quinta parte de una semana. Entre los últimos se sitúan países que, por tópicos o prejuicios habituales, muchos quizá colocarían en posiciones más elevadas, como Italia, Hungría o Polonia. Sin embargo, España conquista el tercer lugar, con alrededor de cinco semanas anuales de baja por enfermedad.
El dato merece una reflexión seria, más allá de convertirse en arma arrojadiza entre partidos, como se ha visto estos días. Ahora que Alemania se plantea revisar qué ocurre con las bajas laborales en su país, cuando ronda las 3,5 semanas de ausencia anual, España debería encarar también este debate, sin convertir al trabajador enfermo en sospechoso por sistema, pero también reconociendo que nuestro nivel de absentismo es alto, cuesta dinero y afecta a la productividad, a la organización de las empresas y, en el caso del sector público, también al contribuyente. En Catalunya, un errado intento reciente fue retirado ante las quejas planteadas.
Varias precisiones son necesarias. Una baja laboral no es, por definición, un abuso. Muchas responden a enfermedades reales, a diagnósticos tardíos o a tratamientos que se alargan por la lentitud del sistema sanitario. Ignorar esto sería injusto, como ingenuo sería negar que el diseño de los incentivos importa. Cuando el coste individual de ausentarse se reduce mucho o desaparece por completo —mientras el coste colectivo se reparte entre empresas, cotizantes y contribuyentes—, el sistema puede acabar favoreciendo comportamientos oportunistas.
La normativa general en España establece que, en las bajas por enfermedad común o accidente no laboral, el trabajador no cobra prestación durante los tres primeros días, salvo que el convenio o la empresa mejoren esa cobertura. A partir del cuarto día y hasta el vigésimo se percibe, con carácter general, el 60% de la base reguladora; desde el día 21, el 75%. En los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, la protección es distinta y más favorable. Pero esta regla general queda muchas veces corregida por convenios colectivos, acuerdos de empresa o complementos específicos que elevan la prestación hasta el 100% del salario. Eso sucede de forma especialmente relevante en el sector público. Desde 2018, en la Administración General del Estado se complementan las bajas por incapacidad temporal desde el primer día hasta alcanzar el 100% de las retribuciones ordinarias. En muchas comunidades autónomas, ayuntamientos y organismos públicos ocurre algo muy parecido. Dicho de otro modo: buena parte de los empleados públicos no sufren merma salarial real cuando cursan baja, al menos en sus retribuciones fijas u ordinarias. Y esa diferencia no es menor, porque hablamos de un colectivo amplio, con gran estabilidad laboral y financiado por todos.
Hay que afrontar el absentismo; no para perseguir al enfermo, sino para protegerlo y desincentivar al oportunista
La mayor parte de los estudios que relacionan las bajas laborales con su nivel de cobertura económica sugieren que donde la protección es más generosa, las bajas tienden a aumentar. Sin duda, influyen otros datos, como la edad, la salud mental, las listas de espera, la estabilidad del empleo, la cultura laboral, la calidad de la atención médica o el grado de control administrativo. Pero negar que también lo es el grado de cobertura económica de la baja resultaría hipócrita.
La solución, sin embargo, no es sencilla. Siempre pagan justos por pecadores. Si se eliminan sin más los complementos de los primeros días, habrá personas que no cojan la baja, aunque la necesiten, bien por miedo a perder ingresos, bien por precariedad, bien por responsabilidad mal entendida. Eso también tiene costes: contagios, empeoramiento de enfermedades, menor rendimiento y más presentismo. Por eso lo razonable sería avanzar hacia un sistema mejor calibrado. Más control médico cuando existan bajas reiteradas. Mejor seguimiento de los procesos largos. Posibilidad real de bajas parciales o reincorporaciones graduales cuando el estado de salud lo permita. La propuesta de Feijóo sobre la evaluación específica de los complementos automáticos que convierten la baja en una situación económicamente indistinguible del trabajo efectivo no es frívola. Y, por supuesto, habría que reducir los tiempos sanitarios, porque una parte del absentismo no se debe a que el trabajador quiera estar de baja, sino a que tarda semanas o meses en recibir una prueba, una consulta o un tratamiento.
También habría que mirar con más atención la diferencia entre asalariados y autónomos. Decir que el absentismo entre los autónomos es nulo sería exagerado, pero sí parece claro que es mucho menor. Y eso no ocurre porque los autónomos sean biológicamente más resistentes ni moralmente superiores, sino porque sus incentivos son radicalmente distintos: si no trabajan, muchas veces no ingresan; y si se ausentan, pueden no tener relevo.
Ah, y que nadie diga que el absentismo es una forma indirecta de compensar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Si los sueldos son bajos, el problema debe abordarse mediante productividad, negociación salarial, fiscalidad, competencia, formación, organización del trabajo o reparto eficiente de los márgenes empresariales. Pero convertir la baja laboral en una compensación informal de los salarios bajos tiene la misma eficacia económica que un tiro en el pie. Daña la productividad, tensiona a quienes sí acuden a trabajar, encarece el sistema y alimenta una cultura de irresponsabilidad que termina perjudicando a todos.
El absentismo no debe ser tabú. Hay que afrontarlo, no para perseguir al enfermo, sino para protegerlo y desincentivar al oportunista. No para desmontar el Estado social, sino para impedir su deterioro por abuso, automatismo o descontrol.