El indulto que el Govern de Pedro Sánchez ha concedido a la expresidenta del Parlament Laura Borràs evitará que entre en prisión, pero mantiene los 13 años de inhabilitación para cualquier cargo público. Por esta razón, Borràs ha advertido que su pulso con la justicia española sigue adelante. "Hoy termina la pesadilla de creer que me podía ver privada de libertad sin haber cometido nunca ningún delito. Pero la pesadilla no finalizará hasta que un tribunal determine que no solo la sentencia, sino todo el proceso judicial que he sufrido, es una gran injusticia", ha advertido la expresidenta a través de un tuit en su cuenta de X, donde asegura que sufrió una "permanente y flagrante vulneración" de derechos civiles, democráticos y políticos.
En su publicación, recuerda que el Govern la ha indultado atendiendo a la petición que formuló el mismo tribunal que la juzgó, que en la sentencia consideró que la pena impuesta era "excesiva y desproporcionada", lo cual, a juicio de Borràs, "es una manera bastante singular de admitir que es una condena injusta".
El gobierno español ha decidido hoy que no iré a la prisión pero, también, que mantiene la inhabilitación de 13 años para cualquier cargo electo.
— Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) July 28, 2026
No me ahorra el encarcelamiento por iniciativa propia, sino atendiendo la solicitud del mismo tribunal que me juzgó y que en la…
Por todo ello, asegura que la decisión de hoy del Consejo de Ministros no es un punto final, sino un punto y aparte en la lucha por su honorabilidad, que mantiene en instancias europeas. En cualquier caso, asegura que ningún tribunal ni ningún gobierno puede determinar su compromiso con la independencia de Catalunya, que continúa como el primer día. "El Estado español me mantiene inhabilitada para la política institucional, pero es muchísima la gente que me habilita cada día para la política activa, con su apoyo y el deseo explícito de que continúe implicada en esta tarea colectiva que es la lucha por la plena libertad de nuestro país", asegura.
En su sentencia del 2023, el TSJC admitió que la pena que se imponía a Borràs por los delitos continuados de falsedad documental no podía ser inferior a los cuatro años, seis meses y un día, lo que resultaba "desproporcionado y excesivo" para la realidad de los hechos. Además, recordaba que los trabajos por los que se la acusaba de fraccionamiento de contratos se habían llevado a cabo, que la Institución de las Letras Catalanas recibió los trabajos "a plena satisfacción", que no se registró ningún "lucro o beneficio económico" por parte de ninguna de las personas relacionadas con los hechos y que la ILC no sufrió ningún perjuicio económico. Ante esta constatación, el propio tribunal planteó al gobierno español una propuesta de indulto parcial de la pena de prisión.
La decisión del Consejo de Ministros sobre el indulto recibió también la respuesta del president al exilio, Carles Puigdemont, y del secretario general del partido, Jordi Turull, quien ha subrayado que esta noticia no repara el daño ya hecho en Borràs y su familia, ni los perjuicios que persistirán con la inhabilitación.