Cuando Pável Dúrov creó Telegram en 2013, su objetivo era construir una aplicación donde los gobiernos tuvieran las mínimas posibilidades de interferir en las conversaciones de los usuarios. Trece años después, el fundador de la plataforma se ha convertido en el enemigo de dos Estados que le reclaman exactamente lo mismo: más control sobre lo que ocurre dentro de Telegram. Este miércoles, Rusia ha ido un paso más allá y ha declarado en busca y captura internacional al multimillonario ruso de 41 años, a quien acusa de colaborar con actividades terroristas. Según el Servicio Federal de Seguridad (FSB), heredero del antiguo KGB, Telegram se ha negado a eliminar canales, chats y bots que, según Moscú, son utilizados por los servicios secretos ucranianos y por organizaciones extremistas para preparar sabotajes, atentados, asesinatos masivos y ciberestafas dentro de Rusia. Las autoridades rusas aseguran que esta permisividad ha provocado "numerosas víctimas", entre ellas mujeres y menores, además de pérdidas millonarias. El FSB ha acusado formalmente a Pável Dúrov de complicidad en actividades terroristas y ha emitido una orden de arresto internacional en su contra. Sin embargo, el Kremlin no ha presentado pruebas públicas que vinculen personalmente a Dúrov con estos presuntos delitos. La respuesta de Dúrov ha llegado a través del canal de Telegram, con una foto en la que muestra el gesto obsceno de levantar el dedo del medio con los demás dedos recogidos, la popular peineta, símbolo del fuck you.
Un chatbot de citas, en el centro de la acusación
Uno de los elementos centrales de la investigación es DaiVinchik, también conocido como Leo, un popular bot de citas que funciona dentro de Telegram. El Comité de Investigación ruso sostiene que los servicios secretos ucranianos lo habrían utilizado para captar a jóvenes rusos y convencerlos para que incendiaran infraestructuras, atacaran edificios públicos o cometieran actos de sabotaje. Según la versión oficial, 46 jóvenes de entre 18 y 22 años han sido detenidos desde el verano de 2025 después de haber sido captados a través de este sistema. Las autoridades rusas aseguran que los agentes ucranianos se hacían pasar por chicas jóvenes para ganarse la confianza de las víctimas y acabar implicándolas en actividades ilegales. Los servicios de inteligencia rusos atribuyen a la plataforma 153.000 delitos, entre los cuales está el ataque terrorista contra la sala de conciertos Crocus City Hall, que causó al menos 133 muertos, así como los asesinatos de Daria Dúguina, de Vladlen Tatarski y de nueve soldados rusos. La causa se instruye bajo el artículo 205.1 del Código penal ruso, que castiga la colaboración con actividades terroristas y que se enfrenta a una pena de entre 8 y 15 años de prisión o, incluso, a la cadena perpetua.
Russia Puts Telegram Founder Pavel Durov On International Wanted List
— BSCN (@BSCNews) July 29, 2026
Telegram and Toncoin co-founder Pavel Durov is now on an international wanted list, Russia’s Federal Security Service (FSB) says.
Authorities charged him with facilitating terrorist activity through the… pic.twitter.com/wKuQNlo7Xc
Una aplicación imprescindible... también para el Kremlin
La acusación contra Dúrov llega en plena ofensiva del Kremlin para reforzar el control sobre internet, una estrategia que se ha acelerado desde la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. En los últimos años, Rusia ha prohibido o restringido plataformas como Facebook, Instagram y X, ha ralentizado el funcionamiento de YouTube y ha bloqueado aplicaciones de mensajería como Signal y Viber. Telegram y WhatsApp continúan funcionando, pero también están sometidas a limitaciones y a una presión creciente para que colaboren con las autoridades rusas.
La paradoja es evidente. Hace años que Rusia intenta limitar la influencia de Telegram, pero a la vez la propia Administración rusa continúa dependiendo de la aplicación. Los canales oficiales del Kremlin, el Ministerio de Defensa, gobiernos regionales, corresponsales militares e incluso unidades desplegadas en Ucrania publican información diariamente en Telegram. Durante la guerra, la plataforma se ha convertido al mismo tiempo en un medio de información, una herramienta de propaganda, un sistema de alertas antiaéreas y un canal de comunicación utilizado por ambos bandos del conflicto.
Precisamente esta enorme influencia explica la batalla por su control. Moscú hace tiempo que impulsa MAX, una aplicación de mensajería promovida y supervisada por el Estado, mientras acusa a Telegram de negarse a facilitar información a los servicios de seguridad y de no retirar contenidos considerados ilegales.
El hombre que desafió a Putin
El enfrentamiento entre Dúrov y el Kremlin no es nuevo. Nacido en la entonces Leningrado en 1984, fundó antes VKontakte (VK), el equivalente ruso de Facebook. El primer gran choque con Vladímir Putin llegó durante las protestas contra el presidente ruso entre 2011 y 2012, cuando se negó a cerrar las páginas utilizadas por los manifestantes. Dos años después, también rechazó entregar al FSB los datos de activistas ucranianos vinculados a las protestas del Maidán. Poco después perdió el control de VK, que acabó en manos de empresarios afines al Kremlin, y abandonó Rusia asegurando que el país había dejado de ser compatible con los negocios digitales independientes. Aquel mismo año concentró todos sus esfuerzos en Telegram, una aplicación concebida precisamente para que ni los gobiernos ni las grandes empresas pudieran controlar las comunicaciones de los usuarios.
Francia también lo quiere sentar en el banquillo de los acusados
Dúrov reside en Dubái desde 2017 y tiene ciudadanía rusa, pero también francesa, que recibió en 2021, y de los Emiratos Árabes Unidos. Dúrov también tiene otro frente judicial abierto en Francia. Las autoridades francesas investigan si Telegram facilitó actividades delictivas —como el narcotráfico, el blanqueo de capitales o la distribución de material de abusos sexuales a menores— por no moderar lo suficiente los contenidos ni colaborar con las fuerzas de seguridad. Dúrov fue detenido en agosto de 2024 en el aeropuerto parisino de Le Bourget y quedó bajo control judicial después de depositar una fianza de cinco millones de euros. Curiosamente, cuando fue detenido por Francia, Rusia puso el grito en el cielo y denunció que existían motivaciones políticas detrás de la detención y exigió su liberación.
Después de varios meses bajo control judicial francés, Dúrov pudo volver a establecerse en Dubái. El multimillonario siempre ha negado cualquier responsabilidad penal y sostiene que no se puede atribuir al responsable de una plataforma los delitos que cometan algunos de sus usuarios. Aunque Francia le ha devuelto la libertad de movimientos, la investigación continúa abierta y este mismo mes ha sido interrogado durante más de seis horas en París. El empresario defiende que responsabilizar al fundador de una plataforma por los delitos cometidos por algunos usuarios es una interpretación desproporcionada del derecho penal.
Este doble frente judicial refleja la situación paradójica en la que se encuentra Dúrov: Francia le acusa de controlar demasiado poco Telegram, mientras que Rusia considera que no censura lo suficiente los contenidos que el Kremlin considera una amenaza para la seguridad del Estado. Esta contradicción resume buena parte de la batalla política y judicial que rodea una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas del mundo.
Entre la libertad y la censura
Cuando en febrero se supo que Rusia había abierto una causa contra él, Dúrov ya denunció lo que consideraba un intento del Kremlin de controlar Telegram. "Cada día las autoridades inventan nuevos pretextos para restringir el acceso de los rusos a Telegram mientras intentan suprimir el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión. Es el triste espectáculo de un Estado que tiene miedo de su propio pueblo", escribió.
El caso de Dúrov refleja uno de los grandes debates de la era digital: hasta qué punto los propietarios de una plataforma son responsables de lo que hacen sus mil millones de usuarios en ella. En su caso, la respuesta varía según quién haga la pregunta. Para el Kremlin, no controlar Telegram lo convierte en un colaborador del terrorismo. Para Dúrov, controlarla demasiado significaría traicionar el principio sobre el que fundó la aplicación.