La nueva asociación judicial de ámbito estatal Ágora Judicial, impulsada por un grupo de jueces catalanes, se ha presentado hoy como una entidad "preocupada por la restricción de los derechos fundamentales" que abogará "por la independencia judicial" y la proximidad de los jueces a los ciudadanos, y trabajará contra la judicialización de la política. Así lo ha explicado el portavoz de la asociación, Xavier González de Rivera, uno de los impulsores de esta iniciativa fundada por una veintena de jueces y magistrados catalanes, algunos de los cuales provienen de la asociación progresista, Jueces por la Democracia (JxD), que la abandonaron al discrepar con su postura sobre el proceso independentista.

La constitución de Ágora Judicial, según ha confirmado el portavoz, ha tenido como detonante la situación política actual en Catalunya, pero parte de una lejana "preocupación por los recortes de los derechos sociales" y también han mostrado recelo por la "regresión en la aplicación del derecho y el uso del poder judicial" en España.

Los miembros de la asociación han señalado como uno de los principales motores de su creación la presente "judicialización de la política" que, han señalado, "vulnera el principio de división de poderes y provoca recelo en la sociedad". Precisamente, una de las voluntades de estos jueces es la de "acercar" estos profesionales a la sociedad, en defensa de "un modelo de acceso al poder judicial absolutamente diferente al que en estos momentos está establecido", y con el objetivo de que los ciudadanos perciban jueces y juezas como "una garantía de sus derechos" y no como personas ajenas a la realidad.

Así, la asociación ha situado como objetivos principales la defensa "de los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo", de acuerdo con la Carta Europea de los Derechos Humanos, y la mejora de la Administración de la justicia, así como los derechos de los profesionales que la integran. Entre los miembros de la asociación figuran Juli Solaz, primer instructor del caso Palau que descartó enviar a prisión preventiva al expresidente de la entidad, Fèlix Millet, y la antigua decana de los juzgados de Barcelona y secretaria de Relaciones con la Administración de la Justicia cuando Germà Gordó era conseller de Justicia, Maria Josep Feliu.

Otros miembros del grupo son algunos de los magistrados que firmaron el manifiesto a favor de una consulta por la independencia legal en Catalunya. La aspiración de este grupo de carácter estatal, que de momento sólo cuenta con afiliados catalanes, es sumar "compañeras y compañeros en el resto del Estado", y sus miembros se han mostrado "confiados" en el hecho de que el número de asociados aumentará a partir de su presentación pública.